El pensamiento Universitario N°21
Asociación Colombiana de Universidades
Pensamiento Universitario Nº 21
Documentos Responsabilidad Social Universitaria (RSU)
ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE UNIVERSIDADES CONSEJO DIRECTIVO Presidente Dr. José Fernando Isaza Delgado Rector Universidad Jorge Tadeo Lozano rector@utadeo.edu.co Vicepresidente Dr. Moisés Wasserman Lerner Rector Universidad Nacional de Colombia rectoriaun@unal.edu.co
Director Ejecutivo Dr. Bernardo Rivera Sánchez Calle 93 No. 16-43 brivera@ascun.org.co PRINCIPALES Dr. Ivan Ramos Calderón Rector Universidad del Valle rector@univalle.edu.co Dr. Jaime Alberto Camacho Pico Rector Universidad Industrial de Santander rectoria@uis.edu.co Dr. Jesús Ramón Rivera Bulla Rector Universidad del Tolima rectoria@ut.edu.co Dra. Rosita Cuervo Payeras Rectora Universidad de Boyacá rectoria@uniboyaca.edu.co Dr. Rafael Serrano Sarmiento Rector Universidad de Santander rserrano@udes.edu.co Padre Darío Valencia Uribe Rector Universidad Católica Popular del Risaralda rector@cupr.edu.co SUPLENTES Dr. Alfonso Londoño Orozco Rector Universidad del Quindío rector@uniquindio.edu.co Dr. Juan Carlos Orozco Cruz Rector Universidad Pedagógica Nacional rectoria@pedagogica.edu.co Dr. Ruthber Escorcia Caballero Rector Universidad del Magdalena rectoria@unimagdalena.edu.co Dr. Nicolás Zuleta Hincapié Rector Universidad Libre nzuleta@unilibre.edu.co Dr. Jorge Enrique Silva Duarte Rector Universidad EAN jsilva@ean.edu.co Dra. Patricia Martínez Barrios Rectora Universidad Tecnológica de Bolívar rectora@unitecnologica.edu.co
Director de la publicación: Bernardo Rivera Sánchez Editor: Carlos Hernando Forero Robayo Coordinacion editorial Ana Lucía Chaves Correal revistascun@ascun.org.co CONSEJO EDITORIAL Bernardo Rivera Sánchez Carlos Hernando Forero Robayo Xiomara Zarur Miranda Hernando Bernal Alarcón Juan Carlos Orozco Cruz ISSN. 0124-3543 Corrector de estilo: Francisco Javier Gutiérrez Villamil Diseño de carátula: Joseph Ibáñez Diagramación e impresión Editorial Kimpres Ltda. PBX: 413 6884 www.kimpres.com Bogotá D.C., marzo de 2011
CONTENIDO
PRESENTACIÓN Bernardo Rivera Sánchez. La visión de ASCUN sobre la responsabilidad social universitaria .......... 5
INSTITUCIONAL Hernando Bernal Alarcón, Bernardo Rivera Sánchez. Responsabilidad social universitaria: Aportes para el análisis de un concepto .............................................................................................. Rafael Martínez Gómez, Ana Lucía Chaves Correal. Programa de Servicio Social de la Educación Superior 2006-2010 .............................................................................................. ESTUDIOS Luz Teresa Gómez de Mantilla. La tensión, legalidad y legitimidad en la ontología universitaria ... Cristina De la Cruz Ayuso. Reflexiones sobre la promoción de la responsabilidad en las instituciones de educación superior: retos, limitaciones y oportunidades .............................. APORTES Luis Enrique Arango Jiménez. La responsabilidad social universitaria en acción, una perspectiva desde la Universidad Tecnológica de Pereira ........................................................ Clara Inés Orozco Aristizábal. Red de Emprendimiento Social,Universidad de Ibagué .................... Humberto Grimaldo Durán. Observatorio de Responsabilidad Social Universitaria: Hacia un nuevo humanismo ............................................................................................................... Patricia Martínez Barrios. El conocimiento, al servicio del desarrollo: experiencia de la RSU desde la UTB ............................................................................................................................................. Juan Carlos Orozco Cruz, Carlos Cabanzo. El Observatorio de Bienestar y Responsabilidad Social Universitaria: fortalezas, avances y agendas desde la inclusión social en la Universidad Pedagógica Nacional ............................................................................................................................ RESEÑAS DE DOCUMENTOS Elementos conceptuales sobre innovación social y su desarrollo en América Latina y el Caribe. Reseña del libro Claves de la innovación social en América Latina y el Caribe, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) .......................................................................... 37 61
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Responsabilidad Social Universitaria. François Vallaeys, Cristina de la Cruz y Pedro M. Sasia. Construyendo ciudadanía en Universidades responsables ................................... 101
AsociAción colombiAnA de UniversidAdes
PRESENTACIÓN
BERNARDO RIVERA SáNCHEZ, DIRECTOR EJECUTIVO
Para la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN) el tema de la responsabilidad social está consagrado en la carta fundacional. Ha estado, además, presente en los análisis y discusiones realizados por los rectores y por las comunidades académicas, durante la segunda mitad del siglo XX y en esta primera década del siglo XXI. El país: su desarrollo y progreso, sus ideales, aspiraciones, frustraciones y necesidades son el telón de fondo para las múltiples y muy complejas actividades, y para la formulación de políticas que tanto las instituciones como la Asociación misma han propuesto y ejecutado durante más de cincuenta años. Más específicamente, el arribo del nuevo siglo quedó plasmado en los documentos de ASCUN sobre la política de acción universitaria Agenda de políticas y estrategias para la educación superior colombiana: De la exclusión a la equidad I y II, y Políticas para la educación superior en Colombia 2010-2014: Hacia una nueva dinámica social de la educación superior, que señalaron la intencionalidad de apertura y de equidad en el marco de la calidad y la excelencia académicas. En ellos, se pretendió dar respuesta a las orientaciones de las dos conferencias mundiales de educación superior realizadas en París en 1998 y en 2009, que dieron prioridad a una gestión universitaria hondamente comprometida con las realidades y aspiraciones de progreso de sus propios países. En el análisis sobre la naturaleza misma de la Universidad, se la reconoce como una institución social con funciones claramente establecidas y exigidas por parte de la sociedad, en lo que se refiere a producción y difusión del conocimiento, al igual que a la formación de profesionales, dirigentes y líderes de la sociedad. La responsabilidad universitaria radica en el cumplimiento de estos objetivos con calidad y excelencia. Cuando de la definición de la Universidad, como institución social, se desciende a la concepción práctica, la responsabilidad se visualiza desde dos tendencias. La primera, que se denomina crítica, hace énfasis en la transformación de la sociedad y formula
el principio ético a partir de la capacidad y voluntad que tenga la institución universitaria para reclamar y hacer valer los grandes principios de igualdad, equidad, justicia y retribución social. La segunda, que podría denominarse pragmática, reclama como principio de legitimación social de la Universidad la capacidad y voluntad que tenga y ejerza para colaborar con los procesos de desarrollo social y económico, y para la inclusión de los países en el ámbito de una sociedad económicamente globalizada. La convergencia o divergencia entre ambas posiciones depende, en última instancia, de las posibles interpretaciones de los marcos ideológicos que los sustentan. La reflexión en ASCUN sobre la responsabilidad social universitaria ha derivado en nuevas concepciones sobre la declaración de la misión y de la visión universitaria como esencia de los proyectos educativos institucionales y como marco de referencia para la autoevaluación universitaria, en búsqueda de la acreditación de su calidad y excelencia institucional. La proyección social se ha entendido como la síntesis axiológica conformada por los valores y principios que autónomamente cada entidad profesa y la intencionalidad pragmática que de ella se deriva para la realización de las tareas universitarias. Es posible, entonces, analizar la gestión social de la Universidad como la integración del ejercicio y práctica de las funciones de investigación, docencia y extensión, en cuanto se retroalimentan mutuamente y se aplican al análisis, estudio, comprensión y solución de los diferentes problemas y necesidades de la sociedad. La transparencia en el ejercicio y desempeño de la gestión universitaria también son indicadores y características de la misma responsabilidad universitaria. Los artículos y escritos que se incluyen en este número de la revista contribuyen, de manera significativa, a una mejor comprensión de estos temas. También son un aporte importante para la definición de los alcances de una nueva ley sobre la educación superior y para la formulación de políticas de desarrollo nacional con vistas a la transformación del país, en la conmemoración del segundo centenario de su independencia.
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PRESENTACIÓN
En la sección institucional, se presenta un artículo que hace referencia al concepto de responsabilidad social universitaria, desde la perspectiva de la interdisciplinariedad como manera concreta de asumir el análisis de los problemas desde su esencia académica y misión transformadora. Se presenta también un ejemplo del enfoque pragmático de la responsabilidad social, expresado en la experiencia del Programa de Servicio Social de la Educación Superior, desarrollado con la participación de instituciones de educación superior, entes gubernamentales y organizaciones civiles; constituye una posibilidad de construir un sistema y se consolida como un avance para la generación de políticas. La revista recibió una importante colaboración de la profesora de la Universidad de Deusto, Cristina de la Cruz, reconocida por sus aportes en el campo de la responsabilidad social universitaria. En su artículo, plantea una perspectiva ético-crítica y hace énfasis en la visión emancipatoria de la Universidad. Desde esta óptica, se hace preguntas sobre la responsabilidad social universitaria, sus actores y beneficiarios. Se invitó también a la profesora Luz Teresa Gómez, para presentar sus comentarios como lectora del estudio elaborado por el padre Alberto Múnera SJ. sobre la relación Universidad y sociedad, publicado en el número 20 de El Pensamiento Universitario.
El número incluye importantes aportes de rectores y de profesores que actualmente coordinan experiencias relacionadas con responsabilidad social de la institución universitaria. En esta sección se pretende ampliar la información sobre experiencias, puntos de vista y proyectos. Por último, se reseñan dos interesantes documentos: el uno sobre innovación social y el otro, la guía de responsabilidad social universitaria. Desde la Dirección Ejecutiva se ha puesto especial interés en fortalecer la publicación como un medio de difusión y de divulgación del pensamiento rectoral y de los desarrollos conceptuales al respecto de los grandes temas de interés nacional e internacional para la educación superior. En este número se atendió a uno de ellos, por demás, complejo: la responsabilidad social universitaria, esperando contribuir a la reflexión y a la expresión de quienes tenemos el compromiso de contribuir con nuestras ideas, argumentación y debates a la consolidación del pensamiento universitario y a la colaboración en todo lo referente a la comprensión de las dinámicas de la educación superior. Por último, es preciso anotar que, a pesar de que en los números anteriores la Revista aparecía titulada “Pensamiento Universitario”, desde este número se rescatan su código de publicación seriada y su nombre original: “El pensamiento Universitario”.
AsociAción colombiAnA de UniversidAdes
RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA: APORTES PARA EL ANÁLISIS DE UN CONCEPTO
HERNANDO BERNAL ALARCÓN1, BERNARDO RIVERA SáNCHEZ2
Resumen
Con el propósito de continuar la reflexión sobre la responsabilidad social universitaria (RSU), para derivar respuestas a los retos que enfrenta la Universidad al finalizar la primera década del siglo XXI, se analizaron los conceptos y las relaciones entre la Universidad -como institución social- y la sociedad que le ha dado origen, así como el papel que juega el Estado en la mediatización de dicha relación. Luego, se explica lo que se puede entender como responsabilidad universitaria, y se hace una relación con respecto al cumplimiento de las funciones universitarias en un contexto de pertinencia. Dicho contexto se clarifica mediante la exploración de lo que significa el diálogo de los saberes entre la Universidad y la sociedad. A continuación se consideran las connotaciones que el término “social” tiene en la definición del concepto de RSU, que propone como tarea propia de la Universidad: la generación de conocimiento pertinente sobre la problemática y sus posibles soluciones, a través de diferentes proyectos innovadores de carácter social. El ejercicio de la RSU conlleva a la formulación de políticas públicas, como gestión de conocimiento pertinente. Palabras claves: responsabilidad social, responsabilidad social universitaria, conocimiento pertinente, diálogo de saberes, innovación social, políticas públicas.
Abstract
Upon clarification of the relationship between university and society, which are two complex concepts in fact, the article deals with the definition of social responsibility as applied to the universities. It begins with recognition of the role of the governments on higher education both in the regulation as well as in the promotion of this public service. On the side of universities social responsibility deals specially with the relevance of teaching, research and extension, the three higher education functions worldwide recognized, for solving problems and improving quality of life in specific communities. University´s extension function is defined as a double way dialogue for knowledge increment both in universities and communities. It is in the production of useful knowledge, which can be applied for public policies formulation, where universities social responsibility attains its maximum height. Every community project implemented by professors, students and administrators should aim at good practices analysis and diffusion.
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Máster en Sociología, Asesor de ASCUN, Ex Director General del ICFES, Ex-Rector Universidad Abierta y a Distancia. Autor de varios libros y artículos, entre los que se menciona “La Universidad en la Sociedad del Conocimiento” (Bogotá: Fedicor, 2002). Doctor en Ciencias de la Universidad Técnica de Berlín (Alemania). Director Ejecutivo de la Asociación Colombiana de Universidades. Presidente pro-tempore del Consejo Universitario Andino. Fue Rector de la Universidad de Caldas; Miembro del Consejo del Programa Nacional de Ciencia y Tecnología Agropecuaria de Colciencias; Representante de Colombia en la Asociación Mundial de Sistemas de Producción. Docente universitario e investigador del CIAT y del CIID. Director del Grupo de Investigación ASPA. Autor, coautor o editor de once libros y más de sesenta publicaciones en revistas nacionales e internacionales.
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HERNANDO BERNAL ALARCÓN, BERNARDO RIVERA SáNCHEZ
INTRODUCCIÓN Pareciera que la responsabilidad social de la Universidad estuviera ya agotada. Son tantos los documentos, las declaraciones, las tomas de posición y las actividades, que cada una de las instituciones de educación superior en el mundo ha adelantado (por ejemplo, en la Web se registran aproximadamente 6.880.000 resultados), que debiera reconocerse que ya se ha dicho todo lo que se debería decir, y se está haciendo todo lo que debería hacerse. Sin embargo, es un asunto que merece la máxima atención, tanto por su relevancia actual como por el peso que ejerce en la vida y el desarrollo de las instituciones de educación superior. El propósito de la presente contribución es continuar la reflexión sobre la responsabilidad social universitaria (RSU) en procura de enfatizar lo esencial, añadir nuevos tópicos y derivar respuestas a los retos que enfrenta la Universidad al finalizar la primera década del siglo XXI. En la redefinición de este concepto, está implícita la estrecha relación que ha existido siempre, entre la Universidad, como institución social, y la sociedad que le ha dado origen. Para una comprensión adecuada de este vínculo, primero es preciso delimitar lo que se entiende por sociedad y por Universidad; pasar luego a considerar la responsabilidad implícita que existe entre los dos sujetos de la relación, con el objeto de clarificar el ámbito de la responsabilidad universitaria, en el marco de la pertinencia; y, por último, realizar consideraciones sobre “lo social” como un aspecto que ha adquirido especial relevancia en las circunstancias actuales de dicha relación. UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD Si bien el nacimiento de la Universidad ocurrió en los albores de la sociedad occidental, en el mundo actual es impensable una nación en la cual no exista, para garantizar la formación profesional, el incremento y difusión del conocimiento, y la creación y configuración de una cultura y un pensamiento nacional propio. De esta forma, la Universidad hace parte de la sociedad y es considerada como una de sus instituciones, que cumple objetivos concretos y desempeña funciones en relación con la sociedad general y con cada una de las otras instituciones o componentes que la configuran.
El concepto sociedad es aparentemente comprensible. Sin embargo, en realidad, encierra una enorme complejidad. En una primera acepción, significa: el Estado que reconoce a la Universidad y le permite su actividad como generadora y difusora del conocimiento. Sociedad se define también como el conjunto de gobiernos que, en el ejercicio de sus políticas, emite las reglamentaciones y fija las normas del juego para el desempeño universitario. Sociedad es, además, otro grupo de instituciones sociales que, en el marco de su creciente complejidad y diferenciación, define los ámbitos de interacción ciudadana en lo referente a la familia, la educación, el trabajo, la empresa, la industria, la banca, la economía, las ideologías, las creencias religiosas, la infraestructura, la comunicación, los recursos naturales, la dinámica demográfica y poblacional, en fin, toda expresión social y cultural. Ellos implican puntos de interacción con la Universidad, bien en su conjunto, es decir, considerados como sistema social, o en su modo propio y específico de operación. De ahí la enorme complejidad que adquiere una expresión aparentemente sencilla como la de relación Universidad y sociedad, cuando se desglosa y analiza en sus orientaciones e intencionalidades, en su dinámica y poder, y en sus modos de ocurrencia y operación. Según Luhmann (1998), hay sociedad allí donde hay comunicación y, por lo tanto, observación e interrelación. La sociedad es el telón de fondo donde operan los diferentes sistemas que la configuran, con múltiples comunicaciones e interacciones. La sociedad no opera como una gigante estructura que nadie ha visto. Más bien, las relaciones que se aprecian entre los seres humanos se hacen dependientes de una orientación que se refiere a formas de comunicación. No menos complejo es el vocablo Universidad. Señalar esto es pertinente cuando se trata de clarificar la relación entre esta y sociedad. En el común del imaginario social, puede significar todos aquellos procesos educativos que ocurren una vez terminada la educación (media), que confiere títulos profesionales y, en consecuencia, habilita al individuo para acceder al mercado del trabajo profesional, bien en calidad de empleado o bien en el ámbito del ejercicio independiente de la profesión. Se confunde, entonces, con lo que podría denominarse educación terciaria. De hecho, Orozco (2010)
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considera que el mercado actual cuenta con pocos elementos para identificar con claridad los diferentes tipos de formación ofrecidos por el sistema educativo, de tal suerte que se distorsiona el concepto mismo de Universidad y se generan confusiones. En una visión más especializada, y con mayor precisión jurídica, se admite que la formación profesional puede realizarse en instituciones de educación superior, sin que todas ellas sean reconocidas como Universidades. La Ley 30 de 1992, que rige la educación superior en Colombia, afirma, en el artículo 20, que podrán reconocerse como Universidades aquellas instituciones que demuestren tener experiencia en investigación científica y planes académicos de alto nivel, y además programas en Ciencias Básicas, que apoyen los primeros (MEN, 1992). De tal manera que sí es aquella institución que cumple con los requisitos relacionados con el ámbito de las disciplinas del saber y los procesos de producción y difusión del conocimiento. En síntesis, en el análisis de la relación institución universitaria con la sociedad se dan diferentes y variados posibilidades, según se establezcan los conceptos educación terciaria, educación superior y Universidad. EL ESTADO COMO MEDIADOR Es posible comenzar el análisis de la responsabilidad universitaria, a manera de respuesta de la Universidad frente a las exigencias de la sociedad, teniendo como telón de fondo la complejidad de los términos a partir de los derechos que esta última, a través de la carta política, concede a los ciudadanos y sus organizaciones. Una sociedad democrática reconoce la libertad de pensamiento de estos y consagra, por ende, el derecho que tienen de efectuar procesos en búsqueda de la verdad, cualquiera que sea la manera como esta se quiera o se pueda concebir. La Declaración Universal de los Derechos Humanos dice en el artículo 18: “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión”. Y en el artículo 19: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.
La investigación científica es una de las formas propias de acceso a las evidencias que se pueden concebir como verdad. Es tarea de la investigación científica no sólo explorar, sino correr y ampliar las fronteras de las disciplinas. Por eso, la labor de las instituciones del conocimiento, entre las cuales la más reconocida es la Universidad, es precisamente la exploración, el avance y el progreso de la ciencia, como fundamento de la libertad de pensamiento, sin las que no son posibles el progreso y el desarrollo. Pero la institución universitaria no sólo investiga, también forma e informa. En palabras de Popper (1996), la ciencia no es un sistema de enunciados seguros y bien asentados, ni uno que avance firmemente hacia un estado final. La ciencia nunca puede pretender que ha alcanzado la verdad, ni siquiera el sustituto de esta que es la probabilidad. La investigación y los conocimientos científicos están siempre abiertos a la crítica puesto que todo conocimiento es esencialmente incompleto, una aproximación más o menos probable a la verdad. Solamente el intercambio libre y tolerante de opiniones, donde los científicos sean iguales frente a la verdad y donde la significancia de sus argumentos se determine únicamente por su valor científico y no por la autoridad, puede favorecer el desarrollo de las ideas científicas. Aunque no pueda alcanzar la verdad ni la probabilidad, el esforzarse por el conocimiento y la búsqueda de la verdad, constituyen los motivos más fuertes de la investigación científica. En el sustrato de la relación Universidad y sociedad, cuando esta última es democrática, existe el respeto a la libertad de pensamiento y, a su vez, a la libertad de investigación y formación en las disciplinas del propio conocimiento. La formación profesional que resulta como fruto del ejercicio científico de búsqueda del conocimiento es semilla del liderazgo capaz de propulsar a la sociedad por nuevos senderos de progreso, bienestar y equidad. Como corolario, la sociedad - a través del Estado - reconoce, defiende y exige que la Universidad cumpla su función científica, y la provee con los medios para hacerlo. A su vez, constitución Política le garantiza su autonomía y le concede determinar sus propias directivas y regirse por sus propios estatutos. También reconoce que el Estado fortalecerá la investigación científica en las Universidades oficiales y privadas, y ofrecerá las condiciones especiales para su desarrollo. De manera que sólo
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cuando el Estado, en cumplimiento del contrato social universitario, suministre los medios, se podrán conseguir los avances en la ciencia, de manera que aseguren la autonomía plena y la existencia real de la Universidad. Este argumento explica por qué en los países, en proceso de desarrollo, no existen Universidades pleno sensu, o que solo tengan dicho status. Algunas instituciones que, bien por transferencia de recursos públicos o por dotación con rentas propias, son capaces de incursionar en la producción y generación del conocimiento científico. Uno de los ranking mundiales universitarios, QS World University Rankings 2010: Academic Peer Review, demuestra la carencia en Latinoamérica de Instituciones Universitarias con reconocimiento global, al registrar únicamente cuatro de Latinoamérica (Méjico, una; Argentina, una y Chile, dos) en un universo seleccionado de trescientas en diferentes continentes. Otro ámbito del vínculo Universidad y sociedad, mediado por el Estado, es el relacionado con la concepción de la educación superior como “servicio público” o como “bien público”. La Declaración final de la Segunda Conferencia Mundial de la Educación Superior (Unesco, 2009) afirma: “La educación superior como un bien público es la responsabilidad de todos los miembros de la sociedad especialmente de los Gobiernos […]. La educación superior como un bien público y una estrategia imperativa para todos los niveles de educación y fundamento de la investigación, la innovación, y la creatividad debe ser un tema de responsabilidad y apoyo económico para todos los gobiernos”. Los bienes públicos son aquellos a los cuales se tiene libre acceso; su consumo por parte de un individuo no reduce la cantidad disponible para otros y su uso simultáneo no genera exclusividad (la defensa ciudadana, el medio ambiente, las plazas cívicas), por eso el mercado no siempre es el más eficiente para asegurar su provisión. El carácter de la educación como servicio público cultural quedó establecido en la Constitución Política de 1991. Esto no significa que genere antagonismos con el concepto de bien público, y en estos términos, genera beneficios comunes y los multiplica (entre más se use, más se reproduce). Como servicio público, debe asumirse en su función de “servir a la sociedad a la cual se debe”, trascendiendo la connotación meramente comercial como producto. Crea la infraestructura y produce
las externalidades sobre las que es posible construir la sociedad en todos sus aspectos, especialmente en lo relacionado con los factores económicos y productivos. Desde esta óptica, es necesario crear conciencia sobre la corresponsabilidad que tienen todos los actores sociales para el desarrollo, mantenimiento y perfeccionamiento de dicho servicio (ASCUN & MEN, 2010). Por su parte, la institución tiene que merecer la autonomía y priorizar la investigación como búsqueda de los saberes, y no simplemente como transferencia de los mismos o la formación de sus estudiantes en las disciplinas del conocimiento. De esta forma, se materializaría el concepto de responsabilidad universitaria en su doble dimensión: como responsabilidad de la sociedad a través del Estado, y como responsabilidad de las instituciones de educación superior a través de su gestión de servicio público. No obstante, el reconocimiento y la aceptación de la mediación del Estado son insuficientes para entender la responsabilidad social de la Universidad. Habría que profundizar, además, en el papel que debe jugar en el ámbito de las relaciones con todos los agentes o componentes sociales. RESPONSABILIDAD UNIVERSITARIA Considerando las funciones de investigación, formación y proyección que tiene la Universidad, el concepto de la responsabilidad universitaria adquiere un doble significado. Por una parte, el logro de la eficiencia en el cumplimiento de sus funciones, lo que se denomina gestión de la calidad universitaria. Por otra, el cumplimiento de las funciones en el marco de los requerimientos y de la dinámica de la sociedad, lo que se define como pertinencia; es decir, de acuerdo con las condiciones y características de la evolución de la sociedad. En el documento ASCUN 50 años: construyendo pensamiento universitario, Bernal y Rivera (2009) exponen y sintetizan las estrategias de responsabilidad social que, en el marco de las funciones universitarias, se han venido promoviendo y desarrollando en la Universidad colombiana, de la siguiente manera: Acceso a la sociedad de la información. Se concreta en la necesidad de ofrecerles mayores oportunidades de movilidad social a nuestros jóvenes bachilleres a través de la educación superior y, por eso, ASCUN ha sido respetuosa y ha defendido la diferenciación de las instituciones.
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Construcción de capital humano. La Universidad es el ente responsable de la generación, aplicación y difusión del conocimiento. Esa es la principal responsabilidad que la sociedad le ha legado. Le corresponde entonces aportar su capital intelectual al activo de mayor riqueza y de mayores posibilidades de una comunidad, y conformar un patrimonio social y cultural determinante en la construcción del destino de los pueblos. Consolidación de un sistema de servicio social en la educación superior. El diálogo de saberes que representa la extensión universitaria constituye un ejercicio de enriquecimiento mutuo que permite que la Universidad sea más pertinente, y se vincule con los principales problemas sociales. Así mismo, se ha promovido el emprendimiento como vínculo entre esta y la empresa, enfatizando la ética en los negocios y el fomento de principios y valores que deben ser practicados por una organización. El bienestar universitario como creador de un mejor clima institucional. Inicialmente concebido como una estrategia asistencialista para los sectores estudiantiles más desprotegidos. Hoy se considera una política general para la formación integral y el desarrollo humano de la comunidad universitaria: cultura, deporte, recreación, salud, mantenimiento de entornos universitarios adecuados para la práctica del enseñar y el aprender, y estímulo a la participación estudiantil en los procesos de toma de decisiones, son algunas de las actividades que se promueven desde el bienestar. Seguramente estas estrategias no agotan el mundo de oportunidades que tiene la responsabilidad social para su desarrollo en la Universidad, y son solo ejemplos de cómo lograrla. Se trata, como lo planteó Ortega y Gasset (1976), de que la Universidad esté en contacto con la existencia pública, con la realidad histórica, con el presente, en medio de la actualidad y sumergida en ella; no basta que esté en contacto solo con la ciencia, so pena de anquilosarse. La investigación, en la denominada era de la sociedad de la información y el conocimiento, tiene que responder a las demandas de la sociedad; es decir, de cada grupo social en sus contextos específicos. Así lo reconoce Gibbons (1998), al plantear que la pertinencia del conocimiento se mide en razón de su capacidad para resolver problemas en contextos específicos. Pero además, en la era del
conocimiento se hace un énfasis especial en la formación de los profesionales como investigadores o sea, como “analistas simbólicos”, capaces de buscar y añadir conocimiento en el ejercicio mismo de sus tareas profesionales; hoy, las competencias investigativas forman parte de la naturaleza del ejercicio profesional. La función docente, como resultado de las exigencias del contexto social, se entiende como indagación y transferencia de conocimientos; y, paralelamente, como apropiación de estos para hacerlos formar parte de la vida cotidiana. De tal manera que, con la formación para la toma de decisiones y la adquisición de las pericias y habilidades correspondientes, el aprendizaje se convierta en competencia para indagar y transferir. Por su parte, la función de extensión universitaria se ha considerado como prestación de servicios a las comunidades, con el doble propósito de formar a los estudiantes en el ejercicio de sus profesiones y de apoyar a las comunidades en su desarrollo. Tradicionalmente, parece que la extensión universitaria se ha entendido como el conjunto de acciones docentes no intrauniversitarias. Esta concepción lleva a entender que la relación Universidad y sociedad se basa en acciones concretas de servicio; este tipo de acciones que, sin duda, fomenta sentido social y acrecienta el aporte de las IES a la sociedad no constituye el eje central de la relación Universidad y sociedad (Múnera, 2010). La extensión, como dimensión dentro de una práctica social orientada y regulada por valores y motivaciones para contribuir al propósito universitario de transformación social, constituye el vínculo con su contexto y, por lo tanto, muestra que las IES son sistemas complejos en continua interacción con el medio social (ASCUN, 2008). Lo fundamental de la relación Universidad y sociedad es la producción y la transferencia del conocimiento. Esto hace de la verdadera extensión una dimensión inherente a la investigación y la docencia, debido a las repercusiones que tienen en la sociedad (Múnera, 2010). Hoy, la extensión no se concibe como la prestación direccionada de un servicio desde la Universidad, sino principalmente como el espacio y la ocasión para favorecer el intercambio de saberes, teniendo como premisa que en las comunidades existe un conocimiento empírico incorporado. Es decir, la extensión es un momento en que la institución no solo comunica, sino que aprende, y al hacerlo,
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reconoce los valores existentes en el medio social. En esta comunicación de doble vía, se da además, como resultado, el incremento del reconocimiento y la legitimación de la Universidad como un agente social que opera en beneficio de una colectividad (Rivera et al., 2001). La intención y direccionalidad de las funciones universitarias concretan la pertinencia como expresión de responsabilidad, para obrar de acuerdo con los requerimientos, dinámica y evolución de la sociedad actual. La Universidad debe ser consciente de que se está gestando una nueva sociedad. Si una crisis paradigmático–civilizadora alumbra un cambio de mundo que puede resolverse en diversos escenarios posibles, entonces es esencial analizar cuáles podrían ser estos escenarios; estos posibles otros mundos, y poder actuar en relación con el conjunto que la sociedad desee (Global University Network for Education, 2009). CONOCIMIENTO PERTINENTE, DIáLOGO DE SABERES Y RESPONSABILIDAD UNIVERSITARIA La tarea académica para construir las nuevas realidades de la sociedad del conocimiento se realiza como un diálogo de saberes, definido este como un intercambio de conocimientos entre la Universidad y el contexto social. Según Rivera et al., (2001), el conocimiento no se genera únicamente mediante la investigación formal en centros de excelencia científica, sino que, en gran medida, es y será generado fuera de las instituciones académicas y de investigación. En el diálogo de saberes, la Universidad y la gente se convierten en actores para la búsqueda y transferencia de los conocimientos y, por lo tanto, en receptores y usuarios de los beneficios que comportan dichos saberes. Para Drucker (1994), en la sociedad del conocimiento los tradicionales factores de la producción - la tierra, el trabajo y el capital - no han desaparecido, pero han pasado a ser secundarios y se aplica conocimiento al conocimiento para entender cómo se aplica el que ya existe para obtener resultados. Que el conocimiento se haya convertido en el recurso, y no en un recurso, está creando una nueva dinámica social, económica y política. En el ámbito académico, los procesos de transferencia del conocimiento constituyen la base de los diseños curriculares y de los planes de estudio propios de formación en las diferentes disciplinas
y saberes. En el ámbito social, son los medios de transferencia cultural y de comunicación establecidos, amén de las pautas específicas de cada institución, los que sirven para socializar y reproducir los saberes propios de cada tradición y cada conglomerado humano. En la relación entre el currículo académico y los medios de transmisión cultural es necesario que se encuentren elementos de diálogo y convergencia, lo que se ha denominado compatibilidad entre currículo académico y currículo social. Lo que se desea enfatizar es que el avance de la ciencia y la educación supone un nuevo ethos cultural para superar pobreza, violencia, injusticia, intolerancia y discriminación (Rivera et al., 2001). No obstante, se reconoce que la transferencia del conocimiento científico presenta hondos baches en la gestión de la academia. Un buen investigador no es siempre un buen profesor, aunque un buen profesor necesariamente tiene que saber investigar. Quien maneja los conceptos y teorías más profundas no siempre dispone del buen juicio o las pericias para aplicarlas; es decir, para transferir tecnologías y difundir innovaciones. Los que trabajan a nivel de la aplicación de la ciencia y la tecnología, o los que hacen la extensión universitaria, no son siempre los mejores conocedores de los principios, disciplinas y metodologías que transfieren. Es decir, en la construcción del conocimiento pertinente existen baches y múltiples modalidades que deben ser afrontadas en el diálogo de saberes por la academia, con responsabilidad evaluativa, con capacidad de análisis y con voluntad de generar conocimiento sobre los mismos procesos de transferencia del conocimiento. O sea, el conocimiento pertinente se logra en el saber sobre el propio conocimiento. Hacer Universidad y ser agente académico es, por lo tanto, saber conjugar la investigación con la docencia y con la extensión. Responsabilidad universitaria, diálogo de saberes y conocimiento pertinente son facetas diferentes de una misma realidad. El ejercicio de la primera conlleva a una relación directa con su entorno para enriquecerlo, transformarlo y ayudar en la búsqueda de soluciones, por lo cual puede ser calificado con el apelativo de responsabilidad social universitaria (RSU). Ahora bien, ese diálogo de saberes con el entorno implica un aprendizaje mutuo Universidad y sociedad que no sólo es aprendizaje académico sino aprendizaje social; y el diálogo entre
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las mismas disciplinas del conocimiento -en cuanto pueden ser aplicadas en conjunto a la transformación y proyección social-, devienen en lo que se conoce como interdisciplinariedad. La pertinencia y relevancia del conocimiento se logran en la medida que funcionen los indicadores de transformación de la sociedad, es decir, son los testigos del impacto social que se logra desde la academia. EL áMBITO SOCIAL DE LA RESPONSABILIDAD UNIVERSITARIA La pertinencia, en cuanto al diálogo de la Universidad con su entorno y al cumplimiento de las funciones que le competen, corresponde a una característica propia de la tarea universitaria. La relación de la Universidad Social con las demás instituciones sociales se realiza de acuerdo con las funciones que le son propias: formación de profesionales, investigación y extensión como servicio a la sociedad. Esta es la relación que establece con las diferentes agencias del gobierno, con las organizaciones del sector productivo, con la banca y el comercio, con la industria, con los sectores de la política y de la cultura, y, en general, con todas las agencias sociales. A dicha relación se la podría denominar “societal”, para diferenciarla de la relación “social” propiamente dicha, que tiene que ver con la problemática social, con las poblaciones denominadas vulnerables y con las necesidades a resolver en búsqueda del bienestar y el desarrollo de los ciudadanos, y del país en general. Cuando se habla de RSU no sólo se hace referencia a la formación profesional de quienes pueden y van a ejercer un liderazgo en el manejo de las naciones y sus instituciones sociales, sino, además, a la creación de una sensibilidad especial y de una orientación para que dichos profesionales actúen con una ética preferencial por lo público y para que se desempeñen con una orientación hacia el bien común, y no sólo a favor del beneficio particular. El ámbito de la formación integral es el de una práctica educativa centrada en la persona humana y orientada a cualificar su socialización para que el estudiante pueda desarrollar su capacidad de servicio en forma autónoma en el marco de la sociedad en que vive y pueda comprometerse con sentido histórico en su transformación (Orozco, 1999). La RSU no alude exclusivamente a los procesos de investigación capaces de generar nuevos co-
nocimientos y de ampliar los horizontes del saber disciplinario, sino también a la pretensión de que dicho conocimiento sea útil para la solución de los problemas que enfrenta la sociedad en general y cada grupo local en particular. Esta expresión también abarca la intención de que las actividades y programas de extensión universitaria no sean únicamente un beneficio general para las comunidades, sino que tengan una orientación preferencial hacia las poblaciones que por su vulnerabilidad se encuentran en situaciones de inequidad y marginación social. Según Herrera (2009), la responsabilidad social de las Universidades abarca un amplio conjunto de acciones y procesos que tienen como objetivo responder a las necesidades del entorno de manera oportuna, eficaz y con un alto sentido ético; lo cual implica la articulación orgánica de sus funciones sustantivas. La RSU es el espacio que vincula el conocimiento generado en el contexto de su aplicación (científico, tecnológico, humanístico y artístico) a las necesidades locales, nacionales y globales. Se refleja en el diseño de políticas educativas que tienden a estimular una mayor correspondencia entre el entorno y los propósitos de las Universidades. Su objetivo es primordialmente promover la utilidad social del conocimiento para contribuir así a mejorar la calidad de vida; en conclusión, demanda perspectivas bidireccionales entre la Universidad y la sociedad. En la definición de la RSU priman en la actualidad por lo menos tres tendencias. La definición pragmática, a partir de proyectos concretos que surgen espontáneamente en las instituciones universitarias. La definición axiológica que especifica las tareas de beneficio social emprendidas por las universidades, como expresión de un código de valores. Y la definición de gestión del impacto social que es común a otras organizaciones sociales. El modelo pragmático se da por la inercia propia de los programas de extensión universitaria, cuando además de la formación y capacitación de los estudiantes, las instituciones prestan un servicio social que de alguna manera contribuye a subsanar problemas que padecen las poblaciones en las cuales se desempeñan como instituciones del conocimiento. Es algo que ocurre espontáneamente y corresponde a la sensibilidad social de directivos o de miembros de la comunidad universitaria. Independientemente que genere o no recursos, la extensión tiene como propósito el desarrollo de procesos de interacción e
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integración con los agentes sociales y las demás funciones misionales. Una concepción de esta naturaleza supera la convencional distinción entre extensión remunerada y extensión solidaria que, obedeciendo a criterios estrictamente administrativos, oculta las dinámicas de la extensión e invisibiliza sus resultados académicos y sociales (ASCUN, 2008). El modelo axiológico justifica la inversión de las Universidades con recursos financieros y dedicación de profesores y estudiantes, en la prestación de los servicios sociales, desde una perspectiva ética misional. Dada las diferencias de valores, algunas instituciones asumen que la RSU solo se da cuando la institución trabaja por la transformación y modificación de las estructuras sociales (visión crítica). Para De la Cruz y Sasia (2009), por ejemplo, la clave de la cuestión está en resaltar que siendo la Universidad una institución que influye en la sociedad, es responsable de canalizar esa influencia con una clara orientación transformadora de los ámbitos de vulnerabilidad social y económica presentes en nuestras sociedades. Agrega, además, que formar ciudadanos responsables, o contribuir al desarrollo económico, social y cultural de nuestras sociedades, o generar nuevos saberes a través de la investigación y trasmitirlos adecuadamente, son solo los cómos de la responsabilidad universitaria. El modelo gerencial de la RSU se fundamenta en la posibilidad de retornar a la sociedad los beneficios que las Universidades - como organizaciones - reciben de parte de ella, de tal forma que no sólo se apoyen resultados a corto plazo, sino que se manejen los impactos sociales para que sus productos sean de utilidad para la sociedad actual y para las generaciones por venir. La responsabilidad social es una estrategia de gerencia de los impactos que genera la organización en su entorno humano, social y natural, para que se optimicen los beneficios y se minimicen los daños potenciales que la organización pueda ocasionar; ella debe servir al mundo y no sólo servirse de él. La Universidad, en su actuar cotidiano, genera impactos que, según Vallaeys (2008), pueden ser agrupados en cuatro rubros: de funcionamiento organizacional, educativos, cognitivos y sociales. Los de funcionamiento organizacional, como toda organización laboral, se expresan en su personal administrativo, docente y estudiantil (en lo cual se interviene a través de políticas de bienestar), y en el medioambiente (desechos, deforestación, polución, etc.); la Universidad deja “huellas”
en las personas que viven en ella y tiene también su “huella ecológica”. Los impactos educativos son evidentes y se reflejan en la formación, en su manera de entender e interpretar el mundo, de comportarse en él y de valorar diferentes cosas en su vida. Influye, asimismo, en la deontología profesional; orienta (de modo consciente o no) la definición de la ética profesional de cada disciplina y su rol social. Los impactos cognitivos y epistemológicos se generan con la producción del saber y de las tecnologías, posibilitando (o no) el control social de la ciencia, generando actitudes como el elitismo científico, la “expertocracia” o, por el contrario, promoviendo la democratización de la ciencia. Por último, la Universidad produce impactos sociales, en tanto que influye fuertemente en la sociedad y su desarrollo económico, cultural y político; no sólo tiene un impacto directo sobre el futuro del mundo en cuanto forma a sus profesionales y líderes, sino que ella es también un referente y un actor social que puede promover (o no) el progreso, que puede crear (o no) capital social, vincular (o no) la educación de los estudiantes con la realidad social exterior, hacer accesible (o no) el conocimiento a todos, etc. La gerencia inteligente es la gestión responsable de que los impactos de la organización retornen beneficios para la organización, cada vez que sea posible, para que la responsabilidad social de esta sea una política sostenible y eficiente. Al ser socialmente responsable, la organización se desarrolla mejor en un entorno mejor. Esta noción de “retorno en beneficios” de las iniciativas sociales emprendidas no desconoce cómo ser solidarios de modo desinteresado, dar sin nada a cambio, sino que el retorno de beneficios para la organización asegura la capacidad de aprender a ser cada vez más solidaria, y que no practique la solidaridad como hobby o lujo. LA INNOVACIÓN SOCIAL La expresión más eficiente de la RSU se da cuando la Universidad promueve la innovación social. Parafraseando a Hopenhayn (2001). Esta se puede entender como una acción de desarrollo que, a través de un cambio original y novedoso en la prestación del servicio de educación superior, logra resultados positivos frente a situaciones de pobreza, marginalidad, discriminación exclusión o riesgo social, y tiene potencial de ser replicable o repro-
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ducible. La innovación social es el resultado de la búsqueda exitosa de nuevas formas de solución o de nuevos tratamientos de los problemas sociales. Al respecto, Morales (2008) reconoce que implica aprendizaje y cambio subjetivo, que genera autoconfianza, apertura de visión del mundo, enriquecimiento en las relaciones interpersonales, cohesión de grupo, superación de fatalismos y mayor capacidad para enfrentar nuevos problemas, lo cual asegura su sostenibilidad. La innovación social es creativa y transformadora. Significa hacer las cosas de una manera que no se ha hecho hasta ahora y lograr un impacto en la calidad de vida de una comunidad o grupo social (Hopenhayn, 2001). Para que la innovación sea un proceso transformador de la sociedad, debe sumar confianza y tolerancia al fracaso por parte de su entorno. Construir una sociedad innovadora requiere algo más que investigar, patentar y desarrollar nuevos productos. Exige, además, y por encima de todo, una actitud de transformación que compromete a todo ciudadano y configura un “modo de pensar y actuar”; es un aporte al fortalecimiento de la ciudadanía y a la consolidación de la democracia. La innovación tecnológica es ampliamente reconocida por sus impactos sobre la productividad y el desarrollo, pero la creatividad y la innovación, ejes del desarrollo de cualquier sociedad, poco se han expresado en la solución de problemas como el hambre, la exclusión o el deterioro ecológico. Por fortuna, la innovación ya no es meramente tecnológica y se concibe hoy como un valor que se debe cultivar y socializar, de forma que se logre “impactar, provocar y movilizar a los activos humanos”, aplicando el concepto a “cualquier actividad humana que tenga como fin último beneficiar directa o indirectamente al conjunto de una comunidad o una sociedad” (Hopenhayn, 2001). Este tipo de innovación social se propone alcanzar de manera coordinada y articulada, el desarrollo económico sostenible, la cohesión social y la democratización de la cultura. En el desarrollo de la innovación social, la educación superior debe orientar la generación de conocimiento como respuesta a los desafíos globales, tales como la seguridad alimentaria, el cambio climático, la gestión del agua, el diálogo intercultural, la energía renovable y la salud pública (Unesco,2009). Encarando la complejidad de los desafíos globales
presentes y futuros, la educación superior tiene la responsabilidad social de incrementar el entendimiento en distintas dimensiones: social, económica, científica y cultural; así como la capacidad de respuesta frente a ellas. La relevancia se adquiere cuando las acciones de la Universidad se focalizan en los diferentes problemas que surgen por el crecimiento, el desarrollo, la dinámica y las expectativas de los ciudadanos. Esta dimensión de relevancia social está íntimamente ligada con la capacidad de responder a las necesidades de la sociedad y con los esfuerzos que realice la institución universitaria, para investigar y dar respuesta a los inmensos requerimientos de una sociedad que se multiplica y que enfrenta problemas crecientes de pobreza, marginalidad, vulnerabilidad, inequidad y deterioro ambiental. Este es el ámbito propio de la RSU. COLOFÓN Para avanzar en una orientación, lo más apropiada y práctica posible sobre la RSU, se propone, a manera de colofón, tomar en consideración los siguientes aspectos: 1. La responsabilidad social es a la vez una exigencia ética y una estrategia racional de desarrollo para la inteligencia organizacional, que pide, a la Universidad en este caso, asumir sus acciones y consecuencias y responder a los diversos grupos interesados o afectados por dichas acciones y consecuencias. La libertad de acción e iniciativa que caracteriza a las organizaciones en un mundo democrático y de libre mercado, no puede agotarse defendiendo los intereses corporativos propios, dentro del marco legal vigente, y desestimando los impactos que generan sus acciones en el entorno social y ambiental. 2. Al Estado, como ente coordinador, le corresponde una responsabilidad prioritaria que, por supuesto, no puede ser asumida por ninguno otro. La Universidad no puede suplirlo en la solución de estos problemas y tiene que evitar el círculo vicioso de la dependencia, propio de políticas asistencialistas y clientelistas que no estimulan la innovación social y perpetúan la dependencia. Tampoco puede suplantar las acciones que deben ser realizadas por cada uno de los agentes en particular y por la totalidad de los agentes sociales en conjunto. La visión intersectorial es
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la clave para encontrar sinergias y entender la riqueza de la innovación social. Para elaborar respuestas pertinentes, eficientes y efectivas, se requiere un proceso serio y profundo de estudio, análisis y reflexión sobre los múltiples factores que inciden en la existencia y gravedad de los problemas que afectan a una sociedad o a un grupo social en particular. Esa es precisamente la tarea que le corresponde directamente a la Universidad, por su naturaleza de institución del conocimiento. La generación de conocimiento pertinente sobre la problemática social y sus posibles soluciones, que corresponde directamente a la Universidad, no solo se da en los marcos propios de cada disciplina sino también en la institución como un todo, por ser un espacio de convergencia e interacción de las disciplinas del conocimiento. La interdisciplinariedad, para el abordaje de la problemática social y sus posibles soluciones, ayuda a entender la enorme complejidad que es característica del mundo contemporáneo. En la interdisciplinariedad, la Universidad tiene ventajas comparativas que no son susceptibles de competencia por parte de las demás instituciones sociales que, por lo general, están inmersas en una visión reduccionista de interpretación de la realidad, con los riesgos que ello implica. La Universidad, a través de sus funciones clásicas de investigación, docencia y extensión, dentro del marco de la autonomía institucional y la libertad académica, debe promover el pensamiento crítico y una participación ciudadana activa que contribuya al desarrollo sostenible, la paz, el bienestar y el respeto de los derechos humanos. La innovación social, como resultado del ejercicio de la RSU, se fundamenta en valores, y la Universidad está llamada a rescatarlos y promoverlos. Lo importante del ejercicio de la RSU es que, además del servicio que se preste o de las acciones y proyectos sociales que se adelanten para la solución de los problemas, estos sean planeados y diseñados de acuerdo con los cánones más estrictos y a partir de investigaciones serias con datos confiables y verificables; que sean acciones evaluadas objetivamente; y que, como resultado, se generen nuevos conocimientos que permitan
enfrentar las adversidades de forma eficiente. En otras palabras, el ejercicio de la RSU debe realizarse en el marco de la generación, validación y difusión del conocimiento. 7. Finalmente, se destaca que cada intervención social de la Universidad debe generar nuevas ideas y nuevos marcos teóricos que favorezcan la formulación de políticas públicas para el manejo apropiado de la problemática social. En tanto que aporte ideas, sugerencias y metodologías que sirvan para la formulación de política pública, y que estas experiencias estén cimentadas en la metodología científica, se logra una mayor relevancia del conocimiento pertinente generado en el diseño, ejecución y evaluación de las innovaciones sociales que realice. REFERENCIAS
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AsociAción colombiAnA de UniversidAdes
PROGRAMA DE SERVICIO SOCIAL DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 2006-2010
RAFAEL MARTÍNEZ GÓMEZ1 ANA LUCÍA CHAVES CORREAL2
Resumen
La experiencia del Programa de Servicio Social de la Educación Superior, PSSES, se llevó a cabo entre el 2006 y el 2010, en desarrollo del convenio MEN/ASCUN3. Se presentan los referentes que dieron marco al programa, desde las consideraciones sobre la relación Universidad y sociedad, los fundamentos de la responsabilidad social universitaria, el sentido de la función de extensión en la educación superior y su intrínseca relación con la docencia y la investigación; se describen, además, las etapas, los ejes conceptuales alrededor de los cuales se desarrollaron 66 proyectos de intervención social; se analiza su desarrollo y las implicaciones de este tipo de trabajo académico; y se presentan consideraciones que aportan a la consolidación del Sistema de Servicio Social de la Educación Superior. Palabras claves: responsabilidad social universitaria, servicio social, intervención social, educación superior, extensión.
Abstract
The experience of the Social Service Program of Higher Education, SSPHE, was carried out between 2006 and 2010, developing the MEN / ASCUN agreement. The article presents the references which support the program, from considerations of relationship between University and society, to the foundations of the university social responsibility, the sense of the role of extension in higher education and its intrinsic relation to teaching and research. It also describes the stages, as well as the conceptual axis around which 66 projects of social intervention were implemented. It analyzes its development and implications, and presents considerations which contribute to the consolidation of SSPHE. Keywords: university social responsibility, social service, social intervention, Higher Education, university extension
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Rafael Martínez Gómez: Psicólogo, Máster en Educación. Jefe de Planeación de la Universidad del Norte. Director de proyectos de la Aupha – Washington para Latinoamérica, con el apoyo del BID, AID y Fundación Kellogg. Coordinador el Programa Servicio Social de la Educación Superior MEN/ASCUN. Psicóloga, Magíster en Dirección Universitaria. Asesora ASCUN. Ex Decana académica Universidad Católica de Colombia. Profesora de psicología aplicada a la educación. Coordinadora de programas de desarrollo académico, curricular y de formación docente. Contrato 364 de 2005, cuyo objetivo se definió como “adelantar la sensibilización, exploración y conocimiento de los soportes conceptuales, jurídicos y de las experiencias en actividades de servicio social, con participación de estudiantes, que adelantan las IES colombianas, así como los referentes internacionales sobre la materia, con el fin de servir de apoyo técnico al diseño posterior de un Programa de Servicio Social de la Educación Superior”
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INTRODUCCIÓN El Programa de Servicio Social de la Educación Superior se caracteriza por ser un eje de acción derivado de los compromisos que genera el marco de responsabilidad social universitaria. Como experiencia desarrollada de manera sistemática, ha permitido articular las instituciones de educación superior colombianas con organismos públicos, organizaciones civiles y religiosas, la empresa privada, y otros agentes de la comunidad. Esta unión acontece en el desarrollo de proyectos de servicio social con estructura académica por la naturaleza de su origen, pero orientados al estudio y solución de problemas del contexto social. De este modo, se propició una dinámica de procesos de doble vía y se planteó explícitamente, para las instituciones de educación superior, una manera de responder, con acciones deliberadas, desarrolladas y orientadas desde su propia iniciativa. El enfoque del programa se orientó hacia la estructuración de un esquema conceptual y metodológico de servicio social desarrollado desde la educación superior. Se hizo especial énfasis en entender el servicio social como el acompañamiento a procesos sociales, cuya meta es aportar a la reconstrucción del tejido social en el país; de allí deriva su distancia con el asistencialismo. Esto lo ha diferenciado de la práctica profesional, como ejercicio académico y requerimiento de formación. El programa se desarrolló bajo la coordinación de ASCUN, con el apoyo financiero del Ministerio de Educación Nacional y la orientación conceptual del Viceministerio de Educación Superior y de Asociación. Contó con el concurso decidido de las instituciones participantes4, que, además de los recursos personales y de apoyo a los proyectos, se vincularon de manera activa en la planeación, implementación y evaluación de proyectos de servicio social. Esta participación permitió cobertura poblacional y geográfica significativa, en el nivel nacional. Se puede caracterizar como un movimiento que incorporó a las Universidades y demás instituciones de educación superior, a los académicos, estudiantes, a las comunidades, y a las organizaciones gubernamentales y civiles de manera dinámica y permanente.5
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El programa se creó a partir de la coincidencia de inquietudes e iniciativas del MEN, en cabeza del Viceministerio y la Red de Extensión Universitaria de ASCUN6. Vale la pena aclarar que el servicio social universitario no es una experiencia nueva para las instituciones: se reconocen antecedentes que dan cuenta de ello, no obstante “… lo venían haciendo a manera de esfuerzos aislados, descoordinados y faltos de complementariedad” (ASCUN, 2006, p. 11). De manera especial, las reflexiones sobre responsabilidad social universitaria se han llevado a cabo en los encuentros de la Red de Extensión Universitaria y han sido el eje de estos. Los resultados se socializaron en el V Encuentro de la Red7, cuya temática, Responsabilidad social universitaria: desafíos y realidades, posibilitó una rica retroalimentación y construcción de consensos; se redefinieron y concretaron conceptos, alcances y el sentido del programa; se avanzó en la contextualización nacional e internacional del tema. Además, se hizo una revisión teórica para soportar el proceso. Finalmente, se orientaron conclusiones frente a la responsabilidad social universitaria, prácticas sociales y de extensión. En este contexto, ASCUN, representada por la Red de Extensión Universitaria, expuso al MEN, como marco y antecedente del programa, los avances conceptuales sobre proyección social y responsabilidad social universitaria. Evidenció, posteriormente, que las instituciones de educación superior no eran distantes de los problemas sociales del país. Para avanzar en la interlocución entre el MEN y la Red, se desarrolló el convenio MEN/ASCUN 364 de 2005, con el objetivo de “adelantar la sensibilización, exploración y conocimiento de los soportes conceptuales, jurídicos y de las experiencias en actividades de servicio social que adelantan las IES
los distintos componentes, de las etapas, de los recursos y de la sistematización y recuperación de la experiencia. La Red Nacional de Extensión Universitaria es un ente académico constituido por vicerrectores y directores de extensión. Se conformó en el 2000 y, a partir de su configuración, se han desarrollado siete encuentros de nivel nacional e internacional con el fin de aportar a la conceptualización de la función, propósito, modalidades y campos de la Extensión. Además, en sus encuentros se ha reflexionado sobre la responsabilidad social universitaria, la gestión y evaluación de la extensión universitaria; las relaciones Universidad – región, así como sobre el Programa de Servicio Social de la Educación Superior. Se llevó a cabo entre el 4 al 6 de abril de 2006 en la Universidad del Norte, Barranquilla.
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En las distintas fases del programa, incluyendo las convocatorias, participaron instituciones de educación superior. La coordinación del programa se realizó por parte de ASCUN; tuvo bajo su responsabilidad la articulación de
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colombianas, con participación de estudiantes, así como los referentes internacionales sobre la materia, con el fin de servir de apoyo técnico al diseño posterior de un Programa de Servicio Social de la Educación Superior” (MEN & ASCUN, 2006, p. II ) Inicialmente, en desarrollo del citado convenio, como una etapa introductoria, y con el fin de caracterizar la situación en las instituciones, en el año 2005 se realizó un estudio exploratorio, a partir de una encuesta estructurada, en el que participaron 97 instituciones de educación superior: 79% Universidades y 21% del nivel técnico y tecnológico. La indagación permitió identificar la presencia de políticas institucionales, los momentos de desarrollo de las prácticas sociales en las propuestas curriculares y planes de estudio de los programas de pregrado, las áreas en las cuales se privilegiaba el desarrollo de dichas prácticas, los recursos humanos destinados y los lugares geográficos de mayor concentración de parte de las iniciativas institucionales. (MEN & ASCUN, 2006 ). El 85% de las instituciones participantes en el estudio manifestó contar con una política, norma o directriz unificada en un documento oficial acerca de la proyección social o sobre prácticas sociales8; así también, con la opción de generar, por facultades, departamentos o programas, políticas sobre estas prácticas. Se notó una fuerte tendencia a la descentralización de estas iniciativas. A su vez, el 67% de las instituciones evidenció algún cargo en la institución, con función específica para liderar programas de proyección social; el 83.7% con cargos por facultad, departamento o programa, para apoyar el proceso, con actividades enmarcadas en políticas, respaldadas con dedicación de personal responsable por su ejecución. El 81.6% de las instituciones planteó que en alguno de los programas académicos se identificaban, en el plan de estudios, asignaturas en las que los estudiantes desarrollaban una práctica social, en algunos acasos, con asignación de créditos académicos o con posibilidades de homologación; además, con procesos de evaluación y calificación, o como una de las alternativas o requisitos para la obtención del título. El 77% de las instituciones que informaron tener asignaturas en la línea de las prácticas sociales manifestó que eran consideradas de carácter obliga8
torio; en el 90.9% de los casos, se informó que los estudiantes aplican, en este tipo de práctica, los conocimientos adquiridos en su formación específica. El 66.2% reportó que los estudiantes realizaban este tipo de trabajos de aplicación y servicio sin auxilio financiero. La mayoría de instituciones consultadas adelantaba algún tipo de programa dirigido a la comunidad, en varios sectores sociales y en distintas modalidades. Fueron eventuales los casos en los que se reportó el manejo de esquemas de cooperación con otras entidades para el desarrollo de este tipo de actividades. (MEN & ASCUN, 2006 ). Si bien, se identificó un interés generalizado, también el estudio destacó la debilidad de un marco conceptual y de elementos organizacionales de articulación con la labor institucional. Esto se evidenció en actividades descoordinadas; en el desarrollo de acciones puntuales, esencialmente enfocadas a atender problemas desde la perspectiva de las disciplinas o profesiones; y muy débiles aproximaciones, de carácter multidisciplinar e interdisciplinar, al abordaje de problemas de carácter social. Por su parte, el trabajo de la Red de Extensión puso de presente el creciente interés en el contexto internacional por la reflexión sobre la misión de la educación superior y sobre su responsabilidad y pertinencia. Con estas evidencias y desarrollos, se presentó, ante el MEN, el marco conceptual sobre la responsabilidad social universitaria, como soporte del proyecto, además de manifestar el compromiso de las instituciones, reunidas para la propuesta de servicio social, de hacer explícita la proyección social, a través de programas que le aportaran a la comunidad. A partir de entonces, se estructuró la propuesta del programa, de manera consensuada, en los nodos de la Red de Extensión Universitaria. El plan del programa fue estudiado y avalado por el Consejo Nacional de Rectores, y en junio del 2007 se presentó la propuesta al Viceministro de Educación Superior.9 El Programa, desde su concepción, asumió el compromiso de la Universidad y de la educación superior, con el estudio y solución de problemas del contexto social. La indudable incidencia de re9
Sobre el manejo de términos y su significado, el estudio evidenció dispersión y uso indiscriminado de los mismos: proyección social, prácticas sociales, extensión.
Tanto el Consejo Directivo de ASCUN como el Consejo Nacional de Rectores fueron informados periódicamente sobre el avance del programa. El primero designó dos rectores para hacer parte del comité asesor del programa: el de la Universidad de la Salle y el de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca.
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flexiones sobre la relación Universidad y sociedad, que se han generado en el mundo, y que continúan vigentes, planteó, en las etapas iniciales del Programa, un reconocimiento de la educación superior y de la Universidad como una institución cuyas actividades se destinan al enriquecimiento intelectual, moral y material de la sociedad, a través de la formación de sus ciudadanos, de la realización de tareas de investigación y de la aplicación de sus resultados (Bricall, 2000). Como lo expresó Guillermo Hoyos (2004) en el foro, promovido por ASCUN, sobre autonomía universitaria: “La universidad moderna se sigue nutriendo, en cuanto alma mater, de ideas de autonomía, libertad y moralidad. No obstante, la evolución de la Universidad muestra que ya no es solo la “idea de universidad” sino que se va realizando como proceso social dinamizador de la ilustración moderna, lo cual, a su vez, exige una educación orientada desde y hacia lo social, preservando su papel en el desarrollo de las ciencias, las tecnologías, la promoción de procesos de innovación, de crítica social, y de formación para la ciudadanía”. En este marco de consideraciones, la Red de Extensión Universitaria, a propósito de consolidar un marco de referentes del Programa de Servicio Social de la Educación Superior, reconoce que, además del referente legal como servicio público y su significado, expresado en la Ley 30 de 1992, la educación superior debe considerarse como bien público, que, como tal, le rinde cuentas a la sociedad10. La educación superior, en estos términos, es compromiso de todos los miembros de la sociedad, especialmente de los Gobiernos, en los cuales recae la responsabilidad de apoyarla económicamente, de tal manera que se establezca una estrategia imperativa para todos los niveles de educación y fundamento de la investigación, la innovación, y la creatividad (Hoyos, 2004). El llamado desde los organismos internacionales se constituyó además en un referente fundamental del programa. De manera explícita, y tal como aparece en los informes de seguimiento, se tomaron como referente orientador, las consideraciones
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de la Conferencia Mundial de Educación Superior, sobre la necesidad de generar capacidad de comunicación por parte de las Universidades con las culturas vivas que la rodean, como garantía de su supervivencia, sin ignorar el complejo debate acerca de su función en la formación profesional; tampoco minimizar esta necesidad social, ni sacrificar el espíritu universitario a un pragmatismo vacío de contenido cultural, asumiendo que las instituciones de educación superior pertenecen a la sociedad y a ella se deben.11 De igual manera, se puso de presente el llamado a plantear perspectivas de largo plazo frente a la posibilidad de construir una nueva sociedad y a las necesidades de, “erradicar la pobreza, la intolerancia, la violencia, el analfabetismo, el hambre, el deterioro del medio ambiente y las enfermedades, principalmente mediante un planteamiento interdisciplinario y transdisciplinario para analizar los problemas”. Alude también a la Declaración del Milenio, en el cual los países reafirmaron su confianza en la Carta de Naciones Unidas para lograr un mundo más pacífico, más próspero y más justo. Además, se establecen puntos de acuerdo en diversos temas de interés mundial y los valores fundamentales para las relaciones internacionales en el siglo XXI. (Zarur, 2008) De igual manera, se ratificó, en el marco del programa, la premisa sobre el reconocimiento social que permite a la Universidad legitimarse en las comunidades académicas y ante el resto de subsistemas sociales. Para ello, se planteó que debe ser capaz de construir respuestas a la sociedad que le ha dado vida en cada momento y espacio; respuestas provisionales, no absolutas ni invariables, pues es un medio que no se justifica por sí y para sí, sino por el fin social y para él: aportar a conseguir una sociedad mejor mediante la formación de los estudiantes, la creación científica, la construcción de los saberes, la aplicación de los conocimientos (Albeniz, 2006) Es importante reconocer que, desde las primeras etapas del programa y en su desarrollo, las Uni11
ASCUN ha fortalecido esta idea, en la línea de la Segunda Conferencia Mundial de la Educación Superior (2009) y ha continuado en la formulación de políticas para la educación superior Hacia una nueva dinámica social de la Educación Superior Políticas para la educación Superior en Colombia 2010-2014.
Iesalc & Unesco (2008) plantea en importante reflexión sobre la responsabilidad social universitaria y su sentido para la educación una superior en la sociedad latinoamericana y caribeña, a partir del llamado de la Conferencia Mundial de Educación, sobre el papel transformador de la sociedad y el papel que debería cumplir en el desarrollo sostenible y en el mejoramiento de la sociedad.
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versidades y las instituciones de educación superior colombianas compartían la tendencia regional de reformular la extensión y la proyección social en términos de responsabilidad social universitaria.12 Del mismo modo, se ha entendido que esta perspectiva no implica perder la esencia de la de la educación superior, al dirigir acciones hacia los grandes problemas sociales y hacia el desarrollo de propuestas de intervención encaminadas al bienestar de individuos y comunidades.13 El programa asumió la formación docente y la investigación con sentido de responsabilidad social. Reconoció que, si bien la empresa hace intervención social y el Estado realiza acción social, la Universidad y, por ende las instituciones de educación superior, son las únicas instituciones sociales capaces de hacer, regular y reconceptualizar la acción social. Desde el servicio social, se buscó favorecer, además del avance en los proyectos, las reflexiones en torno al tipo de docencia que hace la Universidad, y la educación superior, los métodos y metodologías, el porqué y el para qué: el sentido político y ético de la acción se transforma en el sentido pedagógico. “La práctica universitaria implica priorizar las indagaciones, la forma que implica la reconstrucción del tejido social”14. La riqueza de la interacción, como espacio de construcción de la identidad de la Universidad, se reconoce, en el marco de los referentes conceptuales del programa, a partir de recoger su tradición, de ser sensible y saber leer la problemática social, y retomar estos problemas y su análisis desde el espacio académico, a partir de trámites y ámbitos gnoseológicos. Así, además de promover proyectos
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El programa consultó las experiencias latinoamericanas, las cuales se originaron y se fortalecieron en un movimiento reconocido y orientado hacia la generación de procesos de reflexión sobre la manera de atender la dinámica relación con la sociedad, y sobre distintas formas de asumir el enfoque de las prácticas y del servicio social universitario. En esta línea, sirvieron de referentes las experiencias de México, Brasil, Chile y Argentina. “Esta función debe tener en cuenta las metas del milenio: erradicar la pobreza extrema y el hambre; lograr la educación primaria universal; promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer; reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años; mejorar la salud materna; combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades; garantizar la sostenibilidad del medio ambiente; y fomentar una alianza mundial para el desarrollo”. (Aponte, C., 2007). Véase en referentes conceptuales del programa.
de intervención, el programa ha buscado construir una comunidad académica comprometida con los problemas de la sociedad; una ética académica diferente, que asume un conocimiento fundamentado en valores, que orienta acciones no puntuales ni asistencialistas. Por ello, el programa acompaña procesos académicos y sociales en una acción profundamente respetuosa de identidades y construcciones culturales de la comunidad. Desde sus inicios, se evidenció el marco y ciertas premisas en las que se deberían fundamentar y caracterizar los proyectos; entendiendo que la Universidad, por su naturaleza y su cultura académica, no inventa procesos; no puede imponer el juicio ético; respeta procesos de identidad y cultura, en diálogo de saberes; y revalida saberes de otros, desde los propios cánones de los otros. A partir de esta perspectiva, se reconoce el saber local como un orden valioso para transformar las realidades, y que en las diferentes dinámicas y en las comunidades hay saberes y formas de sistematización. Como tal, esta orientación del trabajo académico implicaría transformaciones éticas y más allá de plantear la utilidad del conocimiento, desde su compromiso, entendiendo que la Universidad forma parte del tejido social (Malagón, 2010). El Programa de Servicio Social de la Educación Superior, como expresión de la responsabilidad social universitaria, se enmarcó en el principio de pertinencia, que en educación superior se evalúa en función de la adecuación entre lo que la sociedad espera de las instituciones y lo que estas hacen; requiere normas éticas, imparcialidad política, capacidad crítica y articulación con los problemas de la sociedad y del mundo del trabajo (Unesco, 1998). El criterio de pertinencia acompañó no solo el origen del programa, sino su proceso de análisis y el acompañamiento, que, desde el grupo central constituido en ASCUN, orientó sus desarrollos. En este contexto, el grupo que trabajó el soporte conceptual se preguntó por el papel de la educación superior en el nuevo tipo de sociedad en estos términos: ¿Cómo armonizar su función profesional con su vocación cultural? ¿Cómo conciliar el progreso económico con el crecimiento humanista? ¿Son compatibles el pragmatismo de la competitividad y de la rentabilidad con la lógica del saber desinteresado y de la investigación entendida desde la perspectiva de servicio social? ¿Cuál debe ser la relación
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entre la Universidad y la vida política y económica de la sociedad en la que está inserta? La cuestión de fondo se relaciona con el papel cultural que, en la sociedad actual, corresponde a la Universidad (Albenis, sf). Al asumir el criterio de pertinencia, se hace explícito que las instituciones de educación superior pertenecen a la sociedad y a ella se deben. En este orden de ideas, la Universidad se legitima en las comunidades académicas y ante el resto de subsistemas sociales. La educación superior debe ser capaz de dar respuestas a la sociedad que le da vida, en cada momento y espacio; respuestas provisionales, no absolutas ni invariables, pues es un medio que no se justifica por sí y para sí, sino por el fin social y para él, al que debe servir: aportar para conseguir una sociedad mejor. La formación de los estudiantes, la creación científica, la construcción de los saberes y la aplicación de los conocimientos deben contribuir a mejorarla. (Albeniz,sf) LA EXPERIENCIA DEL PROGRAMA El Ministerio de Educación Nacional, con el apoyo de ASCUN, convocó a las instituciones de educación superior del país a participar en la puesta en funcionamiento del Programa de Servicio Social de la Educación Superior. Como requisitos básicos, exigió que las instituciones tuvieran registro en el Snies y además, que sostuvieran alianzas con entidades gubernamentales y no gubernamentales del sector productivo, eclesiástico, gremial o empresarial del orden nacional, departamental, municipal o entidades territoriales con jurisdicción especial (indígenas y afrocolombianas), con el objetivo de proponer y adelantar proyectos de aporte a la solución de problemas de relevancia social para el entorno y en relación con temas estratégicos para el país. Se identificó el servicio social de la educación superior como una herramienta que posibilita la articulación de esfuerzos y recursos desde lo académico, en procura de mejorar las condiciones de vida y de potenciar el desarrollo de las comunidades. Hace referencia a todas las acciones de carácter institucional con fundamento e implicaciones académicas, que permitan desarrollar procesos de formación, favorecer el vínculo con procesos de investigación y su articulación con procesos de extensión. El programa, en general, se organizó como práctica social asociada a planteamientos curricula-
res. Se desarrolló a través de programas y proyectos que mostraran vínculos con asuntos de la vida comunitaria y social; programas de civilidad y ciudadanía o espacios de construcción de lo públicosocial. En el desarrollo del programa se identifican dos grandes momentos: • Los estudios piloto, desarrollados durante los años 2007 y 2008. • Los proyectos adelantados mediante las convocatorias de 2008 y 2009 y llevados a cabo en los años 2009 y 2010. Las convocatorias que permitieron la selección de los proyectos, el aval y apoyo, adelantados en los años 2009 y 2010, se organizaron de la siguiente manera, para cada caso. • Etapa de sensibilización y socialización.15 • Publicación de términos de referencia y de requerimientos para la presentación de propuestas.
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Esta etapa buscó hacer una amplia divulgación del marco del programa, su intencionalidad y orientación. Mediante esta aproximación, las IES se acercaron a la discusión sobre responsabilidad social universitaria y a los referentes del programa. Uno de los frentes de desarrollo del programa ha sido su difusión participativa, a partir de talleres interinstitucionales programados en las regiones. Estos han permitido a los estamentos académicos de las entidades formadoras, adelantar actividades tendientes a aportar en la construcción de diagnósticos y estrategias de intervención, en relación con problemas que caracterizan la situación de un número significativo de conciudadanos, en condiciones de pobreza y desigualdad. El taller de difusión del Programa de Servicio Social de la Educación Superior constituyó un espacio académico, destinado a socializar la información de la naturaleza y estructura del programa, así como un espacio para el diálogo y la reflexión sobre la responsabilidad social universitaria. Como objetivo central se propuso producir eco en las instancias académicas, administrativas y financieras de las entidades participantes, en particular en las IES. Los contenidos desarrollados en los talleres fueron: Hacia una visión solidaria del contexto social. Una sensibilización desde la Ética Social en la educación superior. El contenido de lo social en la misión de la educación superior. Presentación del Programa de Servicio Social de la Educación Superior. Las tendencias de la responsabilidad social universitaria. (MEN & ASCUN, 2008).
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Cuadro 1. Proyectos desarrollados en las distintas etapas del programa.
Año 2007 Pilotos 2008 2009 1ª convocatoria 2010 2ª convocatoria TOTAL Convenio Propuestas presentadas 158 200 358 Propuestas no elegibles 62 82 144 Propuestas elegibles 97 117 214 Propuestas seleccionadas y desarrolladas 10 11 23 22 66
140 MEN/ASCUN de 2007 264 MEN/ASCUN de 2008 451 MEN/ASCUN de 2009 20 MEN/ASCUN de 2010
• Realización de jornadas de aclaración de términos y de acompañamiento técnico de elaboración de propuestas. • Evaluación de propuestas presentadas a las convocatorias: identificación de proyectos no elegibles, evaluación técnica de los proyectos, escogencia de proyectos a la luz de los criterios definidos. • Publicación de resultados de propuestas seleccionadas para el programa. • Desarrollo y seguimiento al proyecto o propuesta, con apoyo desde ASCUN en la parte conceptual y técnica y con el soporte de recursos aportados por el MEN. • Cierre del proyecto y elaboración de informes. Es importante resaltar el gran número de proyectos presentados (358). De estos, 144 propuestas no fueron elegibles (40,2%). Las propuestas elegibles fueron 214 (59,8%), de las que finalmente se apoyaron 66 (30,8%). Estas cifras dan cuenta del interés que las IES mostraron en el programa y de la importancia de rescatar con políticas de fomento iniciativas importantes para el desarrollo de la educación superior y el país. DESCRIPCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DESARROLLADOS ENTRE 2007 Y 2010 Los proyectos se categorizaron desde dos perspectivas:
Por áreas temáticas16 • Atención y apoyo a población desplazada por violencia. • Prevención y tratamiento de consumo de sustancias psicoactivas. • Retención de estudiantes y articulación con educación superior. • Competencias ciudadanas y cultura de paz. • Prevención y atención de emergencias. Por las regiones: • Costa Atlántica. • Eje Cafetero. • Zona Centro: Departamentos de Cundinamarca, Boyacá y Meta. Bogotá D.C.. • Zona Norte: Departamentos de Chocó y Antioquia • Suroccidente: Departamentos de Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Caquetá, Guaviare, Amazonas, Arauca, Vichada, Guanía, Vaupés, Putumayo y Casanare, • Santanderes. Los 66 proyectos, que se desarrollaron entre el 2007 y el 2010, corresponden a los siguientes temas: • 21.2% atención y apoyo a la población desplazada. • 9.0% prevención y tratamiento de consumo de sustancias psicoactivas. • 19.7% retención de estudiantes y articulación con educación superior.
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Estas áreas temáticas fueron definidas conjuntamente por el MEN y ASCUN.
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Cuadro 3. Proyectos por ejes temáticos y regiones
Ejes temáticos Regiones Costa Eje Cafetero Centro Norte Suroccidente Santander Subtotales Eje Cafetero Centro Norte Santander Subtotales Eje Cafetero Centro Norte Suroccidente Subtotales Costa Eje Cafetero Centro Norte Suroccidente Santander Subtotales Eje Cafetero Norte Subtotales Totales Proyectos 4 2 4 1 1 2 14 1 3 1 1 6 1 4 2 6 13 5 6 7 3 8 2 31 1 1 2 66 IES participantes 11 1 3 1 1 2 19 7 5 1 2 15 1 3 2 3 9 8 8 7 2 10 2 37 1 1 2 82 Programas académicos 19 2 17 3 2 4 47 7 6 3 1 17 2 12 2 6 22 8 22 28 1 13 4 76 4 1 5 167 Alianzas 7 1 9 3 1 3 17 8 2 1 11 2 2 4 7 15 3 8 16 1 23 6 57 1 1 2 102
Atención y apoyo a población desplazada por violencia
Prevención y tratamiento de consumo de sustancias psicoactivas
Retención de estudiantes y articulación con Educación Superior
Competencias ciudadanas y cultura de paz
Prevención y atención de emergencias
• 47.0% competencias ciudadanas y cultura de paz. • 3.0% atención y prevención de emergencias. En los primeros años de desarrollo del programa (2007 y 2008) se llevaron a cabo tres modalidades previstas: oferta institucional, réplica y convocatoria17. En los dos últimos 2009 y 2010, se desarrollaron proyectos seleccionados en la modalidad de convocatoria (cuadro 2).
Cuadro 2. Proyectos desarrollados según modalidades
Año 2007 Pilotos 2008 2009 2010 TOTALES Oferta institucional 4 7 Réplica 2 2 Convocatoria 4 2 23 22 51
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El desarrollo de proyectos de réplica (MEN & ASCUN, 2008) ha posibilitado capitalizar el aprendizaje social construido por comunidades de aprendizaje; que procesos “exitosos”, de incidencia significativa en los contextos sociales que han vivido Universidades, sean implementados en otras regiones o por otros actores, valiéndose de desarrollos previamente validados; se ha permitido, también, la construcción de redes. Sobre esta modalidad, se comentó en un informe de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Boyacá (2008).
DESCRIPCIÓN Y TIPIFICACIÓN DE PROYECTOS EN LAS REGIONES, EJES TEMáTICOS, INSTITUCIONES PARTICIPANTES El cuadro 3 relaciona los proyectos desarrollados, clasificados por ejes temáticos, regiones, número de instituciones participantes, programas académicos que contribuyeron a los avances de los proyectos. Se identifica, además, el número de alianzas que
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apoyaron el desarrollo de los proyectos. Igualmente, se evidencia la concentración de proyectos en cada eje temático y por región. Se relaciona el número de instituciones de educación superior participantes y de programas académicos. Cabe anotar que estos permitieron apreciar acercamientos multidisciplinarios e interdisciplinarios a los distintos problemas y la gran cantidad de alianzas que para el apoyo de los proyectos se adelantaron, comprometiendo instancias de carácter civil, público, comercial y empresarial. Costa Atlántica En esta región se llevaron a cabo nueve proyectos entre el 2007 y 2009; y dos experiencias en el 2010. Las propuestas se orientaron, en mayor medida, a dos de los ejes temáticos: población víctima de violencia, en situación de desplazamiento y marginada (cuatro proyectos), y competencias ciudadanas y cultura de paz (cinco proyectos). Tres de los nueve se adelantaron intencionalmente de forma interdisciplinaria. En la mayoría de los casos, participaron varias IES en alianza con otras entidades. Esta situación contribuyó a afianzar la construcción de redes sociales y capital social en beneficio del desarrollo humano sustentable en la región. Eje Cafetero Se llevaron a cabo once proyectos en esta zona: cuatro en el 2007, cuatro en el 2008, dos en el 2009 y un proyecto en el 2010. Las experiencias se desarrollaron alrededor de los ejes: competencias ciudadanas y cultura de paz, (seis proyectos); atención y apoyo a población desplazada por violencia (dos proyectos); prevención y atención de emergencias (un proyecto); prevención y tratamiento de SPA (un proyecto); y retención de estudiantes y articulación con educación (un proyecto). Todos los programas se hicieron en alianzas con entidades locales. En los informes se evidencia que la participación y aporte de distintas disciplinas posibilitaron acercamientos interdisciplinarios. Se reconoce también la dificultad de este tipo de abordaje de los problemas, desde los lenguajes propios de cada una de las disciplinas, y el aporte de las discusiones y las puestas en común en la claridad y organización de los proyectos.
Zona centro En esta región se desarrollaron dieciocho proyectos: dos en el 2007, tres en el 2008, ocho en el año 2009 y cinco experiencias en el 2010. Se atendieron problemáticas de desplazamiento, violencia intrafamiliar; se hicieron propuestas sobre prevención de consumo de sustancias psicoactivas, promoción del desarrollo integral y de la cultura ciudadana, en poblaciones adultas. También se realizaron ejercicios específicos de desarrollo de competencias académicas, formación en servicio social, como el diplomado para docentes y estudiantes que se orientan a esta labor. En el proceso, se incrementó la participación interinstitucional e interdisciplinar. Los proyectos se realizaron en Bogotá y municipios aledaños, así como en los departamentos de Boyacá, Cundinamarca y Meta. Incidieron en la educación formal de la región, en los niveles de la educación básica y superior, con los programas de prevención del consumo de SPA, el desarrollo de competencias, retención de estudiantes y articulación con la educación superior. También se fortalecieron procesos de formación y participación ciudadana desde la cultura, en el horizonte de contribuir al fortalecimiento de procesos democráticos locales. En atención y apoyo a población desplazada por la violencia, se desarrollaron cuatro proyectos; en articulación con la educación superior, cuatro proyectos; en prevención y tratamiento de SPA, tres proyectos; y en competencias ciudadanas y cultura de paz, seis proyectos Zona norte En esta región se llevaron a cabo ocho proyectos: uno en el 2007, dos en el 2008, tres en el 2009 y dos en el 2010. En estos se abordaron diversas temáticas relacionadas con la salud integral la prevención, la atención de madres adolescentes en situación de desplazamiento, así como procesos de emprendimiento que aportan al desarrollo social y la calidad de vida. Se desarrollaron tres proyectos en competencias ciudadanas y cultura de paz; dos en retención de estudiantes y articulación con la educación superior; uno en prevención y tratamiento de SPA; uno en atención y apoyo a población desplazada por la violencia; y uno en prevención y atención de emergencias. En los distintos informes sobre los proyectos se destaca la contribución del programa a la consoli-
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dación de la función social y al fortalecimiento de la extensión, como función sustantiva. De igual manera, al fortalecimiento del sentido de lo público. Se evidenció la necesidad de articular los procesos de interacción social a la investigación; en las Universidades públicas participantes, se generaron avances en la configuración y consolidación de líneas de investigación a partir de las experiencias de interacción social. Zona suroccidente En esta región se llevaron a cabo quince proyectos: uno en el 2007, uno en el 2008, cuatro en el 2009, y nueve en el 2010. Seis proyectos en retención de estudiantes y articulación con la educación superior; ocho en competencias ciudadanas y cultura de paz; y uno en atención y apoyo a población desplazada por la violencia. Es significativo el incremento gradual de participación de la región en el programa. Los desarrollos de los proyectos se relacionan con el desarrollo social, la atención a personas en situación de violencia y en situación de desplazamiento. Se evidencia también la retroalimentación de los procesos académicos universitarios Santanderes En esta región se han desarrollado cinco proyectos: uno en el 2007, uno en el 2009 y tres durante el 2010. En prevención y tratamiento de SPA se desarrolló un proyecto; en atención y apoyo a la población desplazada por la violencia, dos; y en competencias ciudadanas y cultura del paz, dos La experiencia del programa en el 2010 Los proyectos desarrollados en la última etapa del programa evidencian que se ha fortalecido la propuesta inicial. Se ha abierto espacios importantes para instalar el desarrollo del programa en las instituciones y para generar futuras acciones académicas que den cuenta de los principios y propósitos en torno a la responsabilidad social en la educación superior. Se ha considerado que en esta última etapa el programa se consolidó con mayores elementos de articulación, tanto en el desarrollo de los proyectos, como en el análisis e impacto de los procesos implicados, frente a los propósitos y expectativas del mismo. En el documento Tercer informe técnico (MEN & ASCUN, 2010), se hace un balance del desarrollo
de las experiencias realizadas en el 2010. Evalúa, además, los resultados que permiten reconocer el monitoreo, seguimiento y evaluación de las veintidos propuestas seleccionadas en la segunda convocatoria del programa. Cada uno de los proyectos estructuró un plan de trabajo elaborado con metodología de marco lógico, lo cual permitió establecer los propósitos, productos, actividades, indicadores y medios de verificación a través de los cuales se logró registrar el nivel de avance y cumplimiento. Al precisar los propósitos, el objetivo y la definición de los productos específicos esperados, el seguimiento a los proyectos permitió una aproximación al análisis transversal de los procesos académicos generados desde el planteamiento de los distintos proyectos y de la interacción con las comunidades. A su vez, el acompañamiento suscitó reflexiones sobre temáticas puntuales.18 Entre las fortalezas, se hace referencia a elementos internos que permitieron el alcance de los propósitos, lo cual da cuenta de la consistencia de las orientaciones y del alcance del programa. El aprendizaje de la experiencia también permitió identificar debilidades y asuntos que deberían fortalecerse, con miras a la consolidación de un proceso estructurado, en el cual la educación superior asuma de manera intencional y organizada, la consolidación de un sistema de servicio social. Estas debilidades se relacionan, especialmente, con condiciones institucionales, de infraestructura, de reconocimiento institucional, de sostenibilidad de los proyectos en el tiempo, y de articulación de procesos académicos a estamentos sociales públicos y privados. Se evidenciaron diferentes formas de articulación de los proyectos con planteamientos curriculares e investigación. Se identificó que el 46% se relacionó, de manera directa, con una asignatura curricular; se vincularon a las prácticas formativas un 42% de los proyectos; 10%, se vincularon a asignaturas electivas y 2% a trabajos de grado. Es importante analizar que en algunos de los proyectos que se reconocen vinculados a la práctica esta se asume como un ejercicio en campo, mas no con el espacio académi18
En el desarrollo del marco lógico de cada uno de los proyectos, de los veintidos proyectos, once referencian haber agregado otros productos, considerados como ganancias adicionales. Algunos de ellos permitieron el trabajo con una población adicional a la inicial, ganando en cobertura y en conocimiento de nuevas dinámicas.
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co especificado para este desarrollo. Es decir, es la parte práctica de una asignatura teórica, pero no la práctica formal de su currículo. En algunos casos se demostró que, si bien hay relación del servicio social universitario con la práctica profesional, es necesario diferenciar entre la práctica de carácter empresarial y la de carácter social. En este caso, se le da un bajo reconocimiento como espacio de saber. Más bien se le concede una connotación de “servicio”; como una manera de hacer contribución a las comunidades, no necesariamente ligada a lo curricular. No obstante, se confunde con actividades de tipo recreativo, de diversión y ocupación de tiempo libre, sin contexto académico y de desarrollo conceptual. El escaso porcentaje de los proyectos vinculados a los trabajos de grado (2%) da cuenta de la percepción antes mencionada. Uno de los propósitos del programa y su orientación fue precisamente lograr articulación entre procesos de docencia y de investigación, de tal manera que los proyectos, sustentados desde los elementos conceptuales, de modelos teóricos y aproximaciones disciplinares e interdisciplinarias, generaran nuevas formas de conocimiento, a partir del análisis de los problemas sociales y de la intervención en la comunidades. También se evidenciaron contradicciones en la información; entre lo que reportaron las IES, en sus informes, y lo que reportaron los estudiantes frente a estos procesos de articulación. Algunos proyectos no tenían relación con asignaturas o componentes curriculares. A pesar de haber fundamentado el programa, diferenciándolo del voluntariado, se mantuvo, en muchos casos, esta percepción. Uno de los aspectos de mayor interés en el seguimiento y evaluación de los proyectos se relacionó con la articulación a las líneas de investigación. Se asumieron como un eje de desarrollo conceptual, que posibilita procesos y construye paradigmas teóricos desde lo social. Se evidenció que en este aspecto, apenas se dieron algunos casos. Esta situación puede verse como un referente para fortalecer los procesos de investigación, las líneas y la configuración de grupos reconocidos. La mayoría de los coordinadores de los proyectos (82%) consideró que el enfoque metodológico tenía un carácter innovador y señalaban como aspecto innovador que el modelo se construye a partir de ejes problematizadores, dando protagonismo a las comunidades como agentes de cambio, a partir de la
actualización del significado de la educación popular. Esta se aparta del modelo tradicional receptivo para plantearse uno participativo. La metodología es vinculante y genera aprendizajes significativos desde la participación activa de los involucrados. Aun, aceptando las debilidades, se reconoce en los proyectos desarrollados en el 2010 ganancias importantes en el abordaje interdisciplinario y en la promoción de nuevas formas de trabajo; además, en el fortalecimiento de las políticas institucionales de proyección social, en el reconocimiento de la importancia del servicio social. En este sentido, la totalidad de los participantes en la ejecución de los proyectos seleccionados plantea continuar con una próxima fase, para lo cual propone fortalecer alianzas con las actuales entidades y generar nuevas relaciones con otras entidades. CONSIDERACIONES SOBRE EL PROGRAMA DE SERVICIO SOCIAL DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR Los aportes de la experiencia no solamente se circunscriben a los 66 proyectos llevados a cabo en el marco del programa. Es necesario considerar que todo el proceso moviliza instituciones, alrededor de las convocatorias y en la participación en las distintas actividades de socialización y difusión. De manera general, se evidencia que es posible construir acuerdos en torno a las acciones con las cuales enfrentar problemáticas de las comunidades. El trabajo en torno a la inequidad, la exclusión, la marginalidad social, el seguimiento a las víctimas de la violencia, el abandono a la niñez, los planes de ordenamiento territorial, el analfabetismo, la participación de la mujer en el desarrollo laboral, el desplazamiento, entre otros, es una muestra de las posibilidades de intervención de la academia, desde su perspectiva y misión. (MEN & ASCUN, 2008). La amplia participación de IES es una señal alentadora del compromiso frente a la generación de nuevas respuestas a problemas cruciales de los miembros de comunidades y el compromiso de contribuir al mejoramiento de la sociedad colombiana. El desarrollo del programa ha posibilitado avanzar, en poco tiempo, hacia consolidar espacios que permitan integrar la docencia, investigación y extensión. Los 66 proyectos han llegado a más de 30 mil personas, entre usuarios directos e indirectos. En el desarrollo del programa y en los procesos colaterales se identifican valiosos aportes:
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• Es evidente el incremento progresivo de IES, estudiantes, profesores y proyectos que se unieron a las convocatorias y al llamado a la participación en esta tarea. También el afianzamiento de la voluntad y del compromiso de diferentes actores frente al mismo, lo cual, encarna un compromiso con mayor responsabilidad y continuidad, como una plataforma para la acción dinámica y permanente en favor de una sociedad mejor. Se pone también en evidencia que la cooperación interinstitucional viene cobrando mayor significado. La realización de proyectos que involucran diversas entidades (educativas o no) marca un derrotero para superar la duplicación de esfuerzos, la mirada unívoca sobre cómo enfrentar problemas concretos, el desperdicio de insumos y presupuestos. • Los proyectos muestran una importante riqueza en los abordajes metodológicos para construir y potenciar la interacción entre las instituciones y los contextos sociales. Ponen de presente el desarrollo de diversos procesos de investigación social cualitativa y participativa, como alternativas renovadas para acercar la investigación y la acción social. Estas son pertinentes en la Universidad, junto con el diálogo de saberes, la investigación colaborativa, el desarrollo y la aplicación de abordajes y métodos cualitativos participativos. • Se evidencian construcciones pedagógicas y didácticas desde enfoques sociales y comunitarios, mediante diversidad de propuestas, que constituyen aportes al desarrollo humano local social integral y sostenible, en los contextos particulares. • Se fortalece la investigación en ciencias sociales, importante en un país con múltiples problemas de violencia, desempleo, pobreza, hambre, analfabetismo, entre otros. Estos deben ser impactados desde la academia, proporcionando soluciones reales y concretas, acordes con la realidad social, política, cultural y económica del país. • En cuanto a la formación de ciudadanos, es importante resaltar que el servicio social de la educación superior transciende el nivel de asistencialismo, y se compromete con la construcción de tejido social. Promueve, además, en la juventud espacios de participación y aporte de nivel artístico, cultural y social, propios de una ciudadanía sana. Coadyuva así con sus proyec-
tos de vida en la edificación de una sociedad que promueve la defensa del estado social de derecho, el cuidado del medioambiente y garante del respeto por los derechos humanos (MEN & ASCUN, 2008) • La participación de estudiantes y profesores ha generado dinámicas importantes al interior de las instituciones. Se ha ampliado la gama de problemas de carácter disciplinar y profesional. • Se generaron procesos de atención integral, intersectorial e interdisciplinaria pertinentes y relevantes ante problemáticas sociales, a partir del desarrollo de acciones sociales sostenibles en los contextos locales. • El componente de socialización ha sido vital para contribuir a la constitución de comunidades académicas interactivas solidarias, que avancen en la construcción de conocimientos plurales y propuestas pertinentes y concertadas de interacción social transformadora Desde la perspectiva y principios del Programa de Servicio Social, se contribuye a mejorar la política pública, en cuanto se generaron formas de intervención del gobierno en lo social, y se integraron esfuerzos de diferentes dimensiones para no abordar segmentadamente lo social. Es muy importante resaltar que la fundamentación de la experiencia promovió un movimiento conceptual en la Universidad colombiana y marcó una manera de renovación universitaria, a partir del análisis de los problemas que se atendieron y desde los cuales, en muchos casos, se tomaron elementos para fundamentar nuevos desarrollos al interior de las instituciones19. El desarrollo del programa en Colombia ha posibilitado construir procesos pertinentes de innovación social, a la vez que fortalecido la formación profesional ética, integral, comprometida. La competitividad se ha reconocido más allá del tema puramente tecnológico: el programa ha permi19
Un ejemplo de la renovación universitaria es el caso de la Universidad de Pereira, que al trabajar con centros de adulto mayor, identificó que la muerte de jóvenes en el sicariato y guerrillas, o que se han ido del país, ocasiona el abandono al adulto mayor. Al clausurar el desarrollo del proyecto de servicio social, el Rector planteó que el Consejo Directivo concluye que su próxima propuesta es la carrera tecnológica de Enfermería para la tercera edad.
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tido hacer y rehacer; aproximarse a una reflexión y a modelos de innovación social, como pilar importante de la gestión social; rediseñar procesos; mejorar condiciones de trabajo en el nivel municipal; repensar elementos de política pública, para trascender acciones puntuales y darles mayor espectro, como en el caso de la política de desplazamiento. En este contexto, la innovación social forma parte del quehacer universitario: se trata de repensar asuntos, dinámicas, procesos, generar ideas y cambios en formas de pensar y actuar. Con la participación de estudiantes, se construyen procesos de transformación, con compromiso ciudadano. El programa permite, además, sistematizar bloques significativos de conocimiento en función de realidades específicas, leer problemas sociales traducidos a campos de conocimiento. Los desarrollos específicos en experiencias sistematizadas, organizadas como productos decantados de investigación, pueden tener efectos en otros niveles. Los docentes y miembros de las comunidades académicas que participaron en los proyectos experimentaron procesos de sensibilización ante los asuntos sociales, lo que aporta cualificación de su interlocución, con incidencia en la transformación de la política pública. “Es necesario hacer del servicio social una política de Estado y no de gobierno, para armar una nueva relación Estado y Universidad, que permita aportar a política pública. El ejercicio de construcción del servicio social era la primera apuesta de hacer política pública desde las Universidades con ASCUN, y debe ser incorporado a dinámica del Estado y sociedad” (Malagón, 2010). El papel social de las IES, privadas y públicas, ha ido enriqueciendo el banco de datos sobre proyectos sociales en la comunidad; hecho que ha revertido en la elaboración de una propuesta de Guía para la Aplicación del Servicio Social, con la cual se apoyará las líneas de trabajo de las IES. El resultado de este respaldo aumentará, aún más y de manera contundente, el número de instituciones y, con ellas, las comunidades y proyectos que se insertan en el programa, en el territorio nacional (MEN & ASCUN, 2008). Cada vez se impone más la necesidad de afrontar los problemas sociales desde representaciones convergentes que aún en esfuerzos, que reconozcan la multiplicidad y originalidad particular a la hora de procurar alternativas de acción; cada vez se impone con mayor fuerza diseñar alternativas que
busquen la superación de realidades que tienen en vilo el modo y la calidad de vida de numerosos individuos de la sociedad. El desarrollo del Programa de Servicio Social de la Educación Superior ha estimulado el trabajo interinstitucional, las alianzas y la interdisciplinariedad, indispensables hoy para el abordaje de las problemáticas sociales. (MEN & ASCUN, 2008) Finalmente, cabe resaltar que el trabajo interinstitucional exige mayor compromiso de las IES. En la experiencia se hizo manifiesto el problema de lograr acuerdos en la orientación conceptual y estratégica de un proyecto, dadas las particularidades de cada institución. (MEN & ASCUN, 2008). Ante esta dificultad, la Red de Extensión ha posibilitado y potenciado la experiencia; ha aportado proyectos, talento humano y recursos. Ha hecho posible el cumplimiento de los principios de continuidad y cuidado de lo comunitario y local. A mediano plazo, con una información cuidada, documentada, sistemática y mostrada sistemáticamente, se lograrían nuevas potencialidades, por ejemplo, proyectos internacionales. Es conveniente visualizar cómo cambia una comunidad semestre a semestre (Forero, 2010). REFERENCIAS
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RAFAEL MARTÍNEZ GÓMEZ, ANA LUCÍA CHAVES CORREAL
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ESTUDIOS
AsociAción colombiAnA de UniversidAdes
LA TENSIÓN LEGALIDAD Y LEGITIMIDAD EN LA ONTOLOGÍA UNIVERSITARIA COMENTARIO A LA REfLExIÓN DEL DIRECTOR DEL INSTITUTO PENSAR DE LA UNIVERSIDAD JAVERIANA, ALBERTO MúNERA S.J. DIRECTOR INSTITUTO PENSAR UNIVERSIDAD JAVERIANA ALGUNOS REfERENTES PARA DELINEAR LA RELACIÓN UNIVERSIDAD SOCIEDAD
LUZ TERESA GÓMEZ DE MANTILLA1
Resumen
El artículo busca dejar sentada la tensión entre las leyes que reglamentan la vida universitaria y la condición de legitimidad de las mismas, en el contexto de lo que se denomina la ontología universitaria. Parte de los contextos en que interactúan las Universidades en el presente globalizado, queriendo precisar el papel de las funciones de la docencia, investigación y extensión. Comenta el texto del Padre Alberto Múnera Algunos Referentes para delinear la relación Universidad sociedad2 y se concentra en un análisis sobre la función de extensión universitaria y las tendencias de su quehacer en la realidad contemporánea colombiana. Palabras claves: Ontología universitaria, extensión universitaria, autonomía, legitimidad y Programas Estratégicos de Extensión
Abstract
The purpose of this article is to establish the conflict between the laws governing life at the university and its condition of legitimacy, within the context of the so called academicals ontology. The context in which universities interact in the globalized present aims at trying to determine the new role of teaching, research and extension as university functions. This paper analyzes the text of Alberto Múnera Algunos Referentes para delinear la relación Universidad y sociedad, and focuses on the function of the university outreach and the tendencies of its influence in the present-day reality in Colombia. Keywords: University ontology, Extensions University, autonomy, legitimacy and Strategic Extention Programs.
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Socióloga y Magíster en Filosofía de la Universidad Nacional de Colombia, en donde trabaja actualmente como profesora titular. Ha sido profesora en las áreas de Teoría Sociológica, Metodología y Sociología Política. Fue decana de la Facultad de Ciencias Humanas en dos oportunidades. Sus áreas de interés investigativo se han desarrollado en la sociología rural, la sociología urbana, la sociología de lo simbólico y la sociología de la educación. Actualmente hace parte del grupo de investigación Autonomía y Legitimidad de las Universidades Públicas Latinoamericanas, financiado por Colciencias. Múnera, Alberto. Algunos Referentes para delinear la relación Universidad- Sociedad. Revista El Pensamiento Universitario N. 20.Editorial Kimpres ltda. Bogotá, Octubre del 2010.
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LUZ TERESA GÓMEZ DE MANTILLA
EL CONTEXTO EN QUE INTERACTÚAN LAS UNIVERSIDADES EN EL PRESENTE Cabe ubicar, como punto de partida, el complejo horizonte al que están abocadas las Universidades en el siglo XXI. Sin querer asumir posturas apocalípticas, se sabe que somos testigos de un cambio de época en el plano económico y político, y que se asiste a profundas modificaciones societales: transformaciones que condicionarán los contextos educativos y, por ende, la vida universitaria; por la exigencia de una masiva circulación del conocimiento, y por la apertura de lo que podría llamarse un mercado educativo transfronterizo. La globalización ha traído aparejados profundos cambios en los sistemas de formación, motivados o exigidos por las agencias internacionales y por las nuevas reglamentaciones en el plano nacional, acordes con el horizonte de sentido mundial. Los paradigmas teóricos se cuestionan y surgen otros de manera acelerada para ser a su vez refutados, cuestionando también los métodos y haciendo surgir otros. Pero, tal vez, lo más significativo del cambio estriba en que la circulación masiva de información por las redes informáticas, que con su apertura a formas nuevas de conocimiento, democratiza y amplía el horizonte de dominio de la naturaleza, al masificar procesos técnicos y tecnológicos. Esto ha supuesto un cambio en los hábitos culturales y en los habitus, como diría Bourdieu, del campo educativo. Varios autores3 en el campo de las ciencias sociales han alertado sobre la profunda transformación cultural y simbólica de la que los individuos hacen parte, tanto por la recomposición en las formas de trabajo, por las nuevas expresiones semánticas y semióticas, y por el acelerado proceso de cambio lingüístico especialmente entre los y las jóvenes, que evidencian, por otro lado, profundas crisis identitarias. El trabajo académico ha debido transmutar de la disciplina defendida a ultranza, a procesos interdiciplinarios y transdiciplinarios en tan solo cinco décadas, y cuestionar identidades individuales y colectivas, trastocando el tradicional papel asignado a las Universidades y, por ende, a los intelectuales y
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Ver: Dufour, R. (2006). El arte de reducir cabezas, México: Paídos; Castells, M. (2006). La sociedad en red: una visión global, Madrid: Editorial Alianza.
a sus discursos. Estos deben mutar cotidianamente y moverse en el específico campo de las subespecialidades y simultáneamente en la exigencia de las explicaciones comprensivas. Estos cambios han modificado el sentido institucional de las Universidades y las han sumido en crisis de orden diverso (Sousa, 2005), al expresar de manera distinta las relaciones de poder en esta sociedad de la información, a la vez mundializada y determinada por las expresiones locales. Cabe señalar también que la crisis está acompañada de un masivo proceso de expansión, lo que señalaría simultáneamente su dinamismo y complejidad. En América Latina, el número de estudiantes sobrepasa hoy los ocho millones; hay más de 6.000 instituciones de educación superior y la región logró en muy poco tiempo implementar 9.000 programas de postgrado (Mollis, 2003). Los crecientes procesos de secularización y urbanización establecen además un horizonte simbólico nuevo, que posibilita un sentido de hibridación y heterogeneidad cultural, y generan lo que García Canclini (1989) llama poderes oblicuos, en los que se articulan instituciones liberales y hábitos autoritarios; movimientos sociales amplios y democráticos, y desarticulación institucional; achicamiento del Estado y dominio mediático del mismo; exigencia de creatividad, eficiencia al sector público y simultáneamente consolidación de normatividades homogenizantes. De esta compleja situación, que se ha intentado señalar a manera introductoria, se desprende que el presente siglo colocará el control simbólico en la base de todos los poderes, y que los discursos universitarios cumplirán un papel definitivo en los procesos de reproducción social. Esta perspectiva sitúa nuevamente en el mundo globalizado y sus tendencias actuales de desarrollo de la electrónica, la informática, la robótica y la telecomunicación. Remite, además, a la socialización mundial de las fuerzas de trabajo, a la determinación de las periferias por el centro y a la masificación de las identidades juveniles, a la par de la consolidación de formas nuevas de desarrollo del capitalismo, que, como señala Boisier (2009), no han extinguido los procesos nacionales ni los territorios. Ponerse, entonces, en el contexto global es indispensable, pero inmediatamente hay que tener también un doble punto de partida: la realidad latinoamericana y la realidad colombiana.
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De acuerdo con datos suministrados por los investigadores de la Cepal, la evolución de la pobreza y la indigencia en América Latina entre los años 1980 y 2009 –es decir en las últimas tres décadas- muestra una tendencia descendente desde 1990 -año más crítico-. En 1990, la incidencia de la pobreza alcanzó a casi la mitad de la población latinoamericana (el 48,3%, es decir 200 millones de personas), incluyendo un 25,8%, es decir 107 millones de personas, bajo condiciones de indigencia o pobreza extrema. Luego, en 2009, el porcentaje de población en esas condiciones disminuyó hasta el 34,1%. No obstante, este grupo corresponde casi a la misma cantidad de personas que a comienzos de la década: 189 millones de personas, entre los cuales, la incidencia de la pobreza extrema o indigencia alcanzó el 20,4%, cifra equivalente a 113 millones de personas. De acuerdo con la Cepal, el proceso de reducción de la pobreza ha sufrido una desaceleración en los últimos años y, aún más, la desmejorada situación con relación a la indigencia, tuvo origen en un encarecimiento acelerado de los precios de la canasta básica de alimentos registrada entre 2007 y 2008, como consecuencia de la crisis económica de esos años (Cepal, 2009, p. 3). Desde esta perspectiva, la evolución de la pobreza y la indigencia en el Continente sugiere que el problema está lejos de resolverse. En el caso colombiano, la situación no es menos dramática. El Departamento Nacional de Estadística y el Departamento Nacional de Planeación dieron a conocer el año pasado el esperado informe elaborado por la Misión para el Empalme de Series de Empleo, Pobreza y Desigualdad, sobre la realidad social del país. Señala como datos significativos que: “la desigualdad, medida por el coeficiente de Tabla 1. Pobreza en Colombia.
Año 1985 1993 2005 2008 Población 30.794.425 37.489.666 42.888.592 44.450.260 % Línea de pobreza 46,8 53,7 49,2 46
Gini 4, se ha mantenido alrededor de 0.58, cifra que no se ha modificado sustancialmente en la última década” (Mesep, 2009). Por otro lado, se evidencian procesos de reducción leve de la indigencia y pobreza extrema: entre 2005 y 2008, dice el informe, la reversión parcial de los avances en indigencia parece obedecer a una menor dinámica de los ingresos de los deciles más pobres. Y a un incremento de los precios de los alimentos por encima del IPC total (14.9 y 9.4, respectivamente a julio de 2008). La tasa de desempleo se presenta en 10.5% (sin diferenciar los procesos de volatilidad del trabajo y subempleo). Aunque en conjunto, entre 2002 y 2008, la pobreza pasó de 53.7% a 46%, en cifras absolutas, esos datos significan que en Colombia habitan hoy 20’000.000 de pobres, 8’000.00 en pobreza extrema, 4’000.000 de desplazados y hay otros cuatro millones intentado sobrevivir en el extranjero. Sin asumir una mirada patética, se puede señalar que la situación es de urgencia. Si bien la pobreza,
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“El coeficiente de GINI es un indicador que permite medir la desigualdad del ingreso en una sociedad. El valor que se obtiene de su medición revela la equivalencia (en número de veces) de la cantidad de ingresos que perciben los más ricos con respecto al ingreso que perciben los más pobres. El cálculo del coeficiente de GINI para Bogotá en los últimos diez años, revela una situación de evidente desigualdad en la distribución del ingreso con coeficientes por encima de 0.50, lo que indica que durante el periodo de referencia el segmento de población más rico de la ciudad, ha percibido ingresos 50 veces mayores que los percibidos por los habitantes más pobres. La condición más crítica se registró para el año 1999 en el que el coeficiente de GINI alcanzo el valor de 0.60.” Fuente DANE, citada por Secretaría de Hacienda Distrital. Recuperado el 1º de abril de 2010 en: http:// www.shd.gov.co/portal/page/portal/portal_internet/ siec/BED/Indisoc/Pobreza/Gini
%NBI 43,2 35,8 27,7 28
Porcentaje en miseria 21,4 14,9 10,6 15,7
GINI4 0,45 0,56 0,59 0,59
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LUZ TERESA GÓMEZ DE MANTILLA
en el nivel nacional, se redujo siete puntos porcentuales entre 1993 y 2008, en la tabla 1, se muestra de 53,7% a 46%. Esta cifra no es despreciable. El porcentaje de población en situación de miseria aumentó en el mismo periodo, de 14,9%, en 1993, a 15,7% en 2008. El coeficiente Gini, que mide los niveles de desigualdad en la repartición de la riqueza de una sociedad, muestra como tendencia el mantenimiento de la exclusión. Permanece en el 0,59 entre 2005 y 2008. E igualmente, si se compara el porcentaje de población por debajo de la línea de pobreza, entre 1985 y 2008 (es decir, por 23 años), se advierte que la cifra de 46% no tiene variaciones significativas, mientras que el porcentaje de población en condiciones de miseria no ha podido ser erradicado. Por otro lado, los principales indicadores del mercado laboral total nacional a diciembre de 2009, presentados por el DANE5, muestran que en el promedio de doce meses (enero a diciembre de 2009) la tasa global de participación fue 61,3%; la tasa de ocupación 53,9%; y la tasa de desempleo 12,0%. Sin embargo, los datos a enero de 2010 evidencian que la cifra de desempleo aumentó al 14,6%: la mayor tasa de desocupación para este mes desde el año 2004. El número de desempleados en todo el país fue de tres millones 128 mil personas, y la tasa de desempleo en las trece principales ciudades fue de 15,3%, el más alto registrado en los últimos seis años DANE, 2010). Lo que muestran estas cifras es que a la década perdida de los años noventa, que tanto han comentado los analistas económicos, habrá que agregar otra de estancamiento: la que va ya corrida en el presente milenio. Se ha hecho referencia a las profundas transformaciones del mundo contemporáneo. Sin embargo, dando cuenta de las cifras presentadas sobre la realidad nacional, cabe preguntarse qué se ha en hecho las Universidades colombianas en las últimas décadas para contrarrestar, con trabajo académico,
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Datos expandidos con proyecciones de población elaboradas con base en los resultados del Censo 2005. En los dominios de estudio total nacional, total cabecera y total resto, no se incluye la población de los nuevos departamentos (Constitución de 1991), por lo cual la población de la ciudad de San Andrés no está sumada. Las tasas menores al 10% tienen errores de muestreo superiores al 5%. Boletín de Prensa. Recuperado el 29 de enero de 2010 en http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech/bol_ech_dic09.pdf
el cambio del Estado de bienestar, y lo que podría llamarse un “rompimiento del contrato social”, que obligaría a colocar la condición social de los ciudadanos en la prioridad de cualquier política. ¿Cuál debe y puede ser el papel de las Universidades ante este panorama? ¿Cuáles son sus retos más significativos? Se tendría, en el caso de las Universidades colombianas, una doble vertiente de problemas de los que las investigaciones universitarias podrían ocuparse. Por ejemplo, las que se proyectan sobre el campo educativo, provenientes de la estructuración global y las que emanan de nuestra dura situación económica y social. No obstante, el proceso de responsabilidad institucional requiere, además de establecer prioridades, tener presente el complejo campo, que ya se ha insinuado y al que habrá que agregar: en el plano internacional se ha heredado, de la condición periférica de nuestras economías, un papel secundario también en la producción de conocimiento; una especie de “nueva división del trabajo académico”, en la que las Universidades del primer mundo crean conocimiento y los otros lo circulan y comentan. Por otro lado, y tal vez con mayor fuerza, habrá que señalar el tránsito hacia los procesos de autofinanciación y desarrollo de las lógicas mercantiles al interior de los claustros universitarios, que también se heredaron del primer mundo. Es preciso consignar, como otro importante elemento del panorama, el esfuerzo de las Universidades por adecuar su normatividad a este cambiante proceso nacional e internacional que desvirtúa proyectos universitarios, centrados en el logos, que deben dar cuenta de: la masificación en la educación universitaria, la diversificación de los tipos de instituciones, la búsqueda de formas nuevas de financiamiento, el establecimiento de alianzas con agencias internacionales, y de nuevas lógicas emanadas de sectores privados que ahora encuentran en las Universidades escenarios propicios para la realización de sus tareas. También deben estar atentas a la exigencia de rendición de cuentas por parte del Estado y la sociedad. Las Universidades, además, no pueden eximirse de la búsqueda de coordinación con instancias regionales; deben mediar entre posturas diversas de los académicos por la implantación de nuevos modelos de Universidad, aunado todo esto a las propias exigencias, a los docentes, por ser productivos. Estar, además, vinculados a las comunidades
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académicas nacionales e internacionales, y circular en revistas internacionales sus reflexiones y los resultados de sus investigaciones. Simultáneamente, las instituciones de educación superior tienen que implementar el complejo proceso de la adecuación a currículos flexibles, atenidos a la modalidad de créditos y a la búsqueda de competencias profesionales, que mutan con facilidad y, por supuesto, a la exigencia, so pena de desaparecer; inscribir la vida universitaria en los procesos de la cibernética y la informática6, en las formas virtuales de conocimiento, condicionadas a la exigencia de una lógica mercantil, que busca recuperar la inversión en las Universidades y medir su eficiencia y su eficacia con indicadores privilegiadamente cuantitativos. Colocar en secuencia estos procesos, en esta argumentación, no es un mero recurso discursivo: lleva una realidad incontrovertiblemente difícil, por decir lo menos, que deja a las Universidades latinoamericanas, como muy bien lo dice Mollis (2003), en condición de acorralamiento. Aparece entonces una Universidad fragmentada y exigida por presiones múltiples. Como si fuera poco, un nuevo horizonte de circulación de mercancía y trabajo, ahora flexibilizado y multicultural, como nunca antes, nos entrega formas nuevas en la producción y circulación de la mercancía llamada conocimiento. Como señalaba Arias (2010): “En los años ochenta y noventa se produjo una renovación en la educación en general y en la educación universitaria en particular, en los países latinoamericanos. Muchos de los cambios se debieron a la influencia de los modelos europeos y norteamericanos. Pero también, la reforma se produjo por el influjo de los organismos internacionales de crédito como el Banco Mundial y el BID y otros dedicados a la cultura o al desarrollo de la región como, la OEI (Organización de Estados Iberoamericanos), la Unesco y la Cepal. Ellos realizaron estudios y sugirieron cambios en la política universitaria a los países latinoamericanos. (García Guardilla, 2003). El Banco Mundial, a lo largo de los años noventa y ochenta, realizó numerosos informes sobre la educación en los países latinoamericanos señalando su ineficiencia económica y educativa. Como consecuencia de las posiciones de los países desarrollados y los organismos internacionales, fue naciendo, en Latinoamérica, un discurso reformista o una “nueva agenda” que prác6
ticamente proponía lo mismo: reformar la Universidad, elevar la calidad, la eficiencia en el uso de los recursos, el respeto a la diversidad. Otros, en cambio, pensaron que la agenda no era tan monocorde y aunque manifestaban que existía un discurso más o menos unificado se podían distinguir cuatro perspectivas diferentes: la economista, la organizacional, la humanista y la crítica. (Gorostiaga et al., 2007). En este caso, los autores consideraban que las primeras dos perspectivas provenían de una posición utilitarista, que tenía como fin la adecuación de los estudios universitarios a las necesidades del mercado, mientras que las dos últimas, proponían los cambios para provocar el desarrollo del país y la igualdad de oportunidades en el ingreso a la Universidad. No cabe duda que las crisis de la globalizada sociedad contemporánea afectan intensamente a la Universidad. Como institución, no está liquidada, por el contrario, es una de las pocas que aún tiene mucho que hacer entre nosotros; además de aportar con una profunda formación académica, deberá cumplir el insoslayable papel de formar ciudadanos para reconstruir este dolorido país en la época del posconflicto. Más adelante se intentará confirmar esta postura poco escéptica. EL HORIZONTE DE LA LEGALIDAD DE LA LEY 30 DE 1992 No sobra señalar, para iniciar este punto, que el horizonte de sentido de la Ley 30 de (MEN, 1992), que reglamenta el servicio público de la educación superior en el país, es la Constitución de 1991 y su postura pluricultural y democrática. Esta buscaba el fortalecimiento de la ciudadanía y un papel más explícito para las distintas entidades que se mueven en el ámbito de lo público. En el artículo 67, dispone que: “La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social” En ese sentido, la Ley 30, en el artículo 2º, del Capítulo I sobre los principios, señala que: “La educación superior es un servicio público cultural inherente a la finalidad social del Estado”. 7 Ahora bien, en la Ley 30, específicamente, la extensión universitaria se menciona, de manera explícita, solo en tres ocasiones:
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MIT colocó recientemente todos sus cursos en línea.
Todos los subrayados en el articulado son de la autora.
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LUZ TERESA GÓMEZ DE MANTILLA
El artículo 29, en el que se señala el campo de acción de las Universidades, dice textualmente: literal d. “Definir y organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas, culturales y de extensión”. El artículo 69, que plantea las funciones de los consejos académicos, reza: literal a. “Decidir sobre el desarrollo académico de la institución en lo relativo a docencia, especialmente en cuanto se refiere a programas académicos, a investigación, extensión y bienestar universitario”. En el título sexto, en las Disposiciones generales se lee: Artículo 120: “La extensión comprende los programas de educación permanente, cursos, seminarios y demás programas destinados a la difusión de los conocimientos, al intercambio de experiencias, así como las actividades de servicio tendientes a procurar el bienestar general de la comunidad y la satisfacción de las necesidades de la sociedad”. Cabe señalar que este reconocimiento explícito a la extensión es reducido, en verdad, en lo cuantitativo, pero ampliado, en el plano cualitativo, a la exigencia para las instituciones de educación superior de articularse a la realidad del país. La Ley 30 hace quince menciones indirectas al tema de la extensión universitaria: En el capítulo II, artículo sexto, sobre los objetivos de la educación superior, plantea: a) “Profundizar en la formación integral de los colombianos dentro de las modalidades y calidades de la educación superior, capacitándolos para cumplir las funciones profesionales, investigativas y de servicio social que requiere el país. b) Trabajar por la creación, el desarrollo y la transmisión del conocimiento en todas sus formas y expresiones y, promover su utilización en todos los campos para solucionar las necesidades del país. c) Prestar a la comunidad un servicio con calidad, el cual hace referencia a los resultados académicos, a los medios y procesos empleados, a la infraestructura institucional, a las dimensiones cualitativas y cuantitativas del mismo y a las condiciones en que se desarrolla cada institución. d) Ser factor de desarrollo científico, cultural, económico, político y ético a nivel nacional y regional.
e) Promover la unidad nacional, la descentralización, la integración regional y la cooperación interinstitucional con miras a que las diversas zonas del país dispongan de los recursos humanos y de las tecnologías apropiadas que les permitan atender adecuadamente sus necesidades. f) Promover la preservación de un medio ambiente sano y fomentar la educación y cultura ecológica. g) Conservar y fomentar el patrimonio cultural del país.” En el Capítulo IV se señala: Artículo 19. “Son Universidades las reconocidas actualmente como tales y las instituciones que acrediten su desempeño con criterio de Universalidad en las siguientes actividades: La investigación científica o tecnológica; la formación académica en profesiones o disciplinas y la producción, desarrollo y transmisión del conocimiento y de la cultura universal y nacional.” En el Capítulo VI, sobre la Autonomía de las instituciones de educación superior, se plantea: Artículo 28. “La autonomía universitaria consagrada en la Constitución Política de Colombia y de conformidad con la presente ley, reconoce a las Universidades el derecho a darse y modificar sus estatutos, designar sus autoridades académicas y administrativas, crear, organizar y desarrollar sus programas académicos, definir y organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas y culturales, otorgar los títulos correspondientes, seleccionar a sus profesores, admitir a sus alumnos y adoptar sus correspondientes regímenes y establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su misión social y de su función institucional.” El literal g) del artículo 29, dentro del mismo capítulo sobre autonomía universitaria, plantea: g) Arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su misión social y de su función institucional. En el Capítulo VII sobre el fomento, de la inspección y vigilancia, leemos en el artículo 32, literal f: f) Que en las instituciones oficiales de educación superior se atienda a la naturaleza de servicio público cultural y a la función social que les es inherente, se cumplan las disposiciones legales y estatutarias que las rigen
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y que sus rentas se conserven y se apliquen debidamente. El ejercicio de la suprema inspección y vigilancia implica la verificación de que en la actividad de las instituciones de educación superior se cumplan los objetivos previstos en la presente ley y en sus propios estatutos, así como los pertinentes al servicio público cultural y a la función social que tiene la educación. Con una mirada de desarrollo de las regiones, en el capítulo II del título II se plantea sobre el Instituto de Fomento de la Educación Superior: literal h.- “Estimular el desarrollo de las instituciones de Educación Superior en las regiones, así como su integración y cooperación.” En el artículo 129 del capítulo de disposiciones generales se consagra: “La formación ética profesional debe ser elemento fundamental obligatorio de todos los programas de formación en las instituciones de educación superior.” Hay que insistir en la lectura cualitativa de la mencionada ley, que es norma y que por lo tanto se coloca como elemento de referencia general. La norma connota, como lo dijera Kant, un sentido de moralidad que además de señalar las pautas de la acción, supone un horizonte de legitimidad, es decir, de inserción en la conciencia colectiva que permite la aplicabilidad de lo legal. Una fuerza activa, diría Lasalle (1994, p. 7), que mediante el imperio de la necesidad, hace que leyes e instituciones sean lo que realmente son, que las “obligue a ser”. Así, en este caso, es el horizonte de sentido de la Constitución de 1991 el que puede extractarse como metarrelato. Es decir, que a lo largo del articulado aparece la búsqueda del sentido de lo público, del carácter ético y de servicio social que hace parte constitutiva de la vida universitaria. Dado que la propuesta que circula desde el Ministerio ha señalado que la modificación a la Ley 30 se refiere expresamente al tema de financiación, cabe destacar que el capítulo V de la misma, sobre el régimen financiero, dispone lo siguiente: Artículo 84. El gasto público en la educación hace parte del gasto público social de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 350 y 366 de la Constitución Política de Colombia. Artículo 85. Los ingresos y el patrimonio de las instituciones estatales u oficiales de educación superior, estará constituido por:
a) Las partidas que se le sean asignadas dentro del presupuesto nacional, departamental, distrital o municipal. b) Los bienes muebles e inmuebles que actualmente posean y los que adquieran posteriormente, así como sus frutos y rendimientos. c) Las rentas que reciban por concepto de matrículas, inscripciones y demás derechos. d) Los bienes que como personas jurídicas adquieran a cualquier título. Es claro que en casi dos décadas que han transcurrido desde la promulgación de la Ley 30, las circunstancias nacionales se han modificado, y que las instituciones públicas de educación superior han debido transitar por caminos tortuosos para la búsqueda de recursos. Coloco antes del artículo 86, sus antecesores, en especial el 84 con su énfasis en la afirmación de que la educación es uno de los componentes del gasto público social. En ese contexto veamos el contenido de la propuesta que conserva la primera parte de la formulación, pero añade un artículo nuevo: Artículo 86: “Los presupuestos de las Universidades nacionales, departamentales y municipales estarán constituidos por aportes del presupuesto nacional para funcionamiento e inversión, por los aportes de los entes territoriales, por los recursos y rentas propias de cada institución. Las Universidades estatales u oficiales recibirán anualmente aportes de los presupuestos nacional y de las entidades territoriales, que signifiquen siempre un incremento en pesos constantes, tomando como base los presupuestos de rentas y gastos, vigentes a partir de 1993”. Artículo nuevo: “El incremento en pesos constantes de los aportes de la nación al sistema de Universidades estatales a que hace referencia el artículo anterior, será X% partir de 2013 y hasta el año 2019. Estos recursos adicionales serán distribuidos con base en indicadores de costo y resultado respecto a las funciones sustantivas de formación e investigación, acordados entre el Gobierno nacional y los rectores del sistema de Universidades estatales y teniendo en cuenta planes periódicos institucionales, de acuerdo a lo establecido en el artículo 83 de la presente ley...”8
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Borrador de trabajo. Propuesta de reforma para un ajuste a la ley 30 de 1992. Recibido el 10 de marzo de 2010 en la Mesa ASCUN.
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Se conocen, seguramente, todo el debate formulado desde la Universidad Nacional de Colombia al respecto9, en el sentido de que aún en términos cuantitativos, el crecimiento de la Universidad, en el futuro inmediato se verá afectado, y hay argumentos que lo prueban. El espíritu de la Constitución aún está vigente: la formulación de que la educación superior es un servicio público cultural y que la educación tiene una función social. La propuesta de reforma nos coloca en el horizonte de afianzar la postura de la autofinanciación, por lo que cabe señalar el carácter de las instituciones universitarias en relación con los procesos ontológicos que en ella se gestan. Ahora bien, ubicados como nos pide la propuesta, en una mirada desde lo económico, no podemos dejar de pensar en los nexos de la producción intelectual con lo que podría llamarse una industria cultural. Sin colocar por ahora el sentido negativo que podría asignarle la Escuela de Frankfurt, en el sentido de la masificación
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“Sin duda, el problema del financiamiento requiere un reordenamiento de fondo, no sólo en el sentido de los recursos disponibles y las formas de asignación, sino en el de ser un aspecto fundamental de la política de educación superior. Al respecto, es necesario recordar que estos artículos se han cumplido en el mínimo establecido y que de no haber sido así, la situación crítica de los presupuestos de las universidades estatales se habría presentado mucho antes. Pero los gobiernos no han estado preocupados por el déficit acumulado sino por la rigidez y la autonomía en el manejo de estos recursos. Si hubieran querido afrontar el problema, habrían ido más allá de mantener un presupuesto en pesos constantes. Si nos atenemos a los hechos recientes, como las intervenciones de la señora Ministra en diferentes escenarios y la declaración de emergencia social que profundiza las inequidades en salud derivadas de la capacidad de pago de las personas, lo más probable es que el Gobierno Nacional haya decidido realizar lo más pronto posible el viejo propósito de pasar de la asignación de presupuestos anuales al sistema de subsidio a la demanda con libre competencia entre “instituciones de educación superior”, sin importar su carácter estatal o privado. Los costos de la Universidad Nacional, en especial los de personal, no permitirían competir abiertamente con las universidades privadas. Tales costos no son un capricho. Dependen de la vinculación cada vez mayor de doctores, con dedicación a la investigación y con alta productividad académica. La idea no es adaptarse a toda costa, disminuyendo los costos y aumentando los ingresos “propios”. Se trata de garantizar la proyección y la expansión de la Universidad, como uno de los ejes de una sociedad más democrática e igualitaria.” Comité Nacional de Representantes. Comunicado 01 de 2010. Universidad Nacional de Colombia.
cultural, solo mirando el contexto económico caben algunas reflexiones. Pierre Bourdieu señala (1997) en relación con la producción artística, pero que también puede servir para la vida universitaria: “Una empresa está tanto más cerca del polo “comercial” cuanto más directa o más completamente los productos que oferta en el mercado responden a una demanda preexistente, y dentro de unas formas preestablecidas. De ello resulta que la duración del ciclo de producción constituye sin duda una de las mejores formas de calibrar la posición que ocupa una empresa de producción cultural dentro del campo. Tenemos así, por una parte, unas empresas de ciclo de producción corto, que tratan de minimizar los riesgos a través de un ajuste anticipado a la demanda identificable, y dotadas de circuitos de comercialización y de recursos de promoción (publicidad, relaciones públicas, etc.) pensados para garantizar el reintegro acelerado de los beneficios mediante una circulación rápida de productos condenados a una obsolescencia rápida; y, por el otro, unas empresas de ciclo de producción largo, basado en la aceptación del riesgo inherente a las inversiones culturales y sobre todo en el acatamiento de las leyes específicas del comercio del arte: al carecer de mercado en el presente, esta producción volcada por entero hacia el futuro tiende a constituir stocks de productos siempre amenazados por el peligro de la regresión al estado de objetos materiales”. El problema no puede ser reducido al ámbito financiero. Si bien este es muy importante, expresa con toda claridad una cosmovisión de Universidad, una postura sobre la autonomía y un sentido sobre la relación del Estado y las instituciones significativas de la sociedad civil. Para darle más profundidad al problema, hay que colocarse en el horizonte de las cosmovisiones y de la ontología de la Universidad. Hace dos décadas, la Ley 30 ubicaba los marcos de referencia en los problemas del país y en la responsabilidad social que le compete a la Universidad. Hoy la complejidad de la extensión en Universidades públicas y privadas es muy superior y ha permitido cualificar muchos ámbitos de interacción con el Estado, la sociedad civil y el sector productivo, como lo han evidenciado los encuentros de la Red de Extensión de ASCUN, en cuanto a concepto, consolidación de políticas y acción universitaria. La reforma de la dicha ley es una oportunidad para
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profundizar el sentido de lo público, para fortalecer el horizonte de ciudadanía, para cualificar la relación entre las funciones universitarias, para reconceptualizar la extensión y su función de articulación de las Universidades y la Nación. Por lo mismo, sería preciso que si se plantea la revisión de la ley de educación superior en su conjunto, que se hiciera una revisión del articulado, desde los principios constitucionales, incluyendo, por ejemplo, la importancia de la generación de conocimiento para solucionar los problemas nacionales y la significación de la formación ciudadana y democrática, aspectos que deberían quedar expresamente formulados en los principios y objetivos de la misma. Por otro lado, debería insistirse en la generación de pensamiento propio y la vinculación del conocimiento, a su más alto nivel con comunidades latinoamericanas, pensando en las redes de conocimiento que ya funcionan y como una manera de integrar regionalmente los procesos de apropiación y transformación de las complejas circunstancias que describíamos arriba. Como el problema financiero es solo uno de los aspectos en el horizonte de sentido de la legitimidad que se ha expresado, hay que destacar que, aunque la mayoría de los rectores del Sistema de Universidades Estatales SUE se haya pronunciado en acuerdo con la propuesta, es preciso insistir que su contenido obvia diagnósticos sobre los problemas estructurales del financiamiento en el largo plazo.10
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Algunas de las reflexiones han mostrado (entre ellas la del Padre Múnera) que puede cuestionarse el principio de autonomía universitaria consagrado en la ley y ratificado por la propuesta, cuando los fondos girados a las Universidades deben atender aspectos previamente determinados. En relación con problemas sustanciales caben aún varias preguntas sobre la concepción de Universidad que subyace al modelo de la propuesta: 1. Frente al carácter de la relación entre las Universidades estatales, sobre la base de la competencia por recursos y no de la colaboración y la generación de redes, como estaba concebido en un principio el SUE, ¿Surge una Universidad competitiva? 2. Con relación a que la discusión se inicie con el aspecto financiero es preciso insistir, que no es el único que deberá discutirse o a caso, ¿Es el modelo universitario que subyace en la propuesta de un proceso de financiación? 3. Con relación a los subsidios a la demanda, que se propone otorgar el Ministerio, ¿se apunta a una Universidad focalizada? 4. Con relación al lugar que va a darse en la nueva ley, a otros aspectos sustanciales que son concomitantes a una ley legítima cabe preguntarse ¿Cuál será la jerarquía de los principios y de los contenidos de otros aspectos del articulado, que podrían fortalecerse sobre la base de las modificaciones ocurridas en el país, en las dos últimas décadas, o para profundizar el
1. El proyecto no se basa en un diagnóstico del problema estructural del financiamiento de las Universidades públicas (diagnóstico que existe y ha sido presentado en el pasado reciente por nosotros), y por tanto no va a constituir una solución de fondo. 2. Los nuevos aportes están condicionados a políticas del actual ministerio, que si bien son aceptables no son las únicas posibles. Eso de hecho obligaría a futuros gobiernos y en situaciones eventualmente diferentes a las que vivimos, a continuar la inversión de nuevos recursos con base en lineamientos inflexibles. 3. Los fondos no son adicionados a los presupuestos de las Universidades en la Ley de Presupuesto (como sucede ahora) sino al Ministerio de Educación, que los repartirá como se mencionó antes. Aunque los fondos, después de asignados, entran a la base presupuestal, la diferenciación de los dos tipos de cuentas podría llevar a que una parte del presupuesto de las Universidades goce de autonomía plena y otra (la adicional) no. Esto además de constituirse en un problema de principio podrá generar complicaciones legales y de manejo presupuestal.
Ver estudios de la Rectoría de la Universidad Nacional. Comunicado Número 006 del 5 de abril de 2010. “El pasado miércoles 24 de marzo el Consejo de Rectores del SUE (Sistema Universitario Estatal) estuvo de acuerdo por la mayoría con las líneas generales de la propuesta del Ministerio de Educación para modificar algunos aspectos de la Ley 30. Esa propuesta fundamentalmente deja el artículo 86 como está, con los presupuesto de las universidades públicas indexados con el IPC. Por otro lado contempla algunos recursos adiciona que deben ser repartidos por el CESU (Consejo Nacional de la Educación Superior) de acuerdo con la reglamentación del Ministerio. Esta reglamentación incluirá generación de cupos y su mantenimiento, complejidad de la institución, esfuerzos investigativos y otros. La Universidad Nacional (La Vicerrectoría General y el Rector en reuniones del SUE y de ASCUN), a pesar de que reconoció el hecho de que se trata de nuevos recursos para el sistema, manifestó su desacuerdo con la aprobación del proyecto por las siguientes preocupaciones que no fueron resueltas:
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espíritu esencial de la Ley 30? Por ejemplo, reiterar la educación superior como servicio público, y por ende articularla con los derechos lo que permitirá proponer el explícito apoyo a programas de iniciativa universitaria que, vinculados a las regiones, permitieran con investigación y extensión una acción efectiva para la transformación de los acuciantes problemas nacionales, regionales y locales. 5. Con relación a los caminos, protocolos y condiciones de necesaria participación de las comunidades académicas implicadas, que se llevarán a cabo para el proceso de modificación de la Ley 30. Cabe preguntar ¿por qué la propuesta de reforma fue presentada en el Congreso, sin tener en cuenta reflexiones de fondo, que algunas universidades, entre ellas la Universidad Nacional de Colombia, han difundido? COMENTARIO AL DOCUMENTO ALGUNOS REfERENTES PARA DELINEAR LA RELACIÓN UNIVERSIDAD SOCIEDAD11 El argumento del documento El documento parte de reconocer el complejo y amplio espectro que contienen las relaciones Universidad y sociedad. Se pregunta (aunque no haga referencia explícita al concepto) por la ontología de la institución universitaria en Colombia, buscando centrar el debate en los aspectos constitutivos de la vida universitaria. La reflexión advierte que debe tenerse en cuenta el conjunto de las Universidades del país y, por lo mismo, una ley de organización del servicio público de la educación debe estar concebida en condiciones de la universalidad. Señala luego, sobre la base del análisis de una tipología universitaria, el que la extensión universitaria es entendida de manera limitada en el conjunto de las reflexiones sobre la función, atenido para ello, a un marco conceptual establecido por Ivar Bleiklie en el que se destacan tres tipos de instituciones de educación superior: a. Agencias gubernamentales b. Instituciones culturales c. Empresas coorporativas Se detiene el documento en la explicitación de algunas propiedades de cada tipo, advirtiendo la propia limitación de una proposición tipológica.
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Para las llamadas “agencias gubernamentales” (equiparables a las Universidades públicas y referenciadas en el documento como “organismos públicos”), la tarea es la de formar cuadros que estarán condicionados por las políticas estatales y en la práctica, convertidos en gestores de la función utilitaria, convirtiéndose en últimas en agentes del Estado. Para las llamadas “instituciones culturales autónomas”, la tarea central es la investigación y la desarrollarán sobre la base de la autonomía y la libertad de cátedra, reivindicando como aspecto esencial ésta condición para el impulso de programas de innovación y transferencia del saber científico. Para las llamadas “empresas corporativas”, el horizonte está en la rentabilidad económica y en la eficiencia. Según Múnera (2010), este modelo es el que tiende a imponerse afectando “profundamente ciertos valores considerados inalienables en la interpretación del quehacer universitario”. Teniendo una postura argumentativa habermasiana, el documento plantea tres escenarios para la relación Universidad y sociedad, desde el horizonte de sentido de una institución atenida a los principios de la Ilustración y la modernidad, la autonomía y la relación racional. Aquí cabría profundizar el papel de las instituciones educativas superiores en relación con la creación de la verdad, la inteligibilidad y la legitimidad. Se plantea en el plano metodológico preguntas a una postura estructural funcional, cuya mirada de progreso está referida a los productos institucionales que puedan ser claramente funcionales al desarrollo, dentro de lo que se llama una modernización utilitaria, situación de la que no se eximen las Universidades estatales como instrumentos de aplicación de políticas. Sobre la base de estos postulados, concluye el autor que la tarea de las Universidades es constituirse en instituciones culturales autónomas. Aspectos que serán luego desarrollados en su hipótesis central. Entrando en el tema principal de su escrito, se detiene entonces el documento en las diversas definiciones de extensión universitaria y rastrea el concepto en varios documentos representativos. El análisis empieza en la revisión sobre la Ley 30, y cita el artículo 120 del título VI que ya mencionamos, refiriendo la postura del CNA al respecto, a la par de la mirada de la Carta Constitucional y en la sentencia CCT-441 de 1997.
Múnera, A. (2010).
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En el análisis, se detiene el documento en la Declaración mundial sobre educación superior para el siglo xxI de la Unesco y a los postulados de la Conferencia Regional de Educación Superior de América Latina y el Caribe, CRES, en su versión de junio de 2008, para anotar luego, la agenda de política planteada por el Consejo Nacional de Rectores de ASCUN 2006-2008 y las declaraciones de la Red Nacional de Extensión. El documento es juicioso en el análisis y toma en su argumento miradas diversas para concluir, de acuerdo con las formulaciones de Fernández Larrea y González (2005), que es preciso jerarquizar el contenido de las tareas a implementar, se guía una postura de política universitaria, de acuerdo con la condición esencial de las Universidades de la generación de cultura y conocimiento como la actividad central de las instituciones de educación superior. Sobre la base de las tipologías mencionadas y del postulado anterior, el autor despliega su análisis por los diferentes modelos de extensión universitaria, leídos sobre la base de la mirada cultural. El postulado desarrolla entonces el necesario nexo entre la Universidad y la sociedad, articulación que puede rastrearse desde la propia fundación de aquella en el Medioevo. El documento insiste en los aportes que las diferentes ramas del saber hacen al desarrollo de la sociedad, incluidas las ciencias sociales. Se atreve a formular algunos temas centrales, en los que se podrá insistir en sus investigaciones: pluriculturalidad, legislaciones internacionales, diálogo interreligioso, relación entre capital y trabajo, supresión del hambre, tecnología y salud, entre otros, insistiendo en no dejar de lado la cultura como importante elemento organizador. Si la tarea de las Universidades es la generación de conocimiento, a ello debe atenerse cualquiera de sus funciones. Por lo mismo, las tareas de la extensión deben apuntar a este objetivo, más allá del asistencialismo y de las posturas de generación de recursos económicos, que convierten a las Universidades en otro agente más en el horizonte del mercado. La hipótesis central se formula así: como institución cultural autónoma, la relación Universidad y sociedad sucede primordialmente en razón de la esencia misma del quehacer universitario, como productor y transmisor de conocimiento. Este argumento central del documento se colocaría también como conclusión de Múnera. Sin em-
bargo, en aras al debate y a aportar desde otras lecturas, se sugieren algunas preguntas y comentarios al texto, partiendo de un principio que señala a la extensión universitaria la condición de generadora de conocimiento. Para comenzar el análisis hay que colocar como principio una reflexión de Bourdieu (1993) sobre las características del campo de producción cultural. Se entiende, con el autor, el campo de la educación como un campo en movimiento y luchas. ¿Cómo analiza el campo de producción cultural?: “El campo de producción cultural es ese mundo social absolutamente concreto que evoca la vieja noción de “república de las letras”. Pero es necesario no quedarse en lo que no es sino una imagen cómoda. Y si se pueden observar toda suerte de homologías estructurales y funcionales entre el campo social en su conjunto, o el campo político, y el campo literario que, como ellos, tiene sus dominantes y sus dominados, sus conservadores y su vanguardia, sus luchas subversivas y sus mecanismos de reproducción, en todo caso cada uno de esos fenómenos reviste en su seno una forma completamente especifica”. En este contexto, hay que hacer la lectura en siete aspectos: Con relación a las tipologías de análisis Las tipologías son esquemáticas y limitadas, pero tienen su sentido en cuanto plantean resaltar elementos significativos que se colocan como paradigmas, o tipos ideales. Se sugeriría también para el análisis la planteada por Basil Berstein, quien señala la postura de los contextos como horizonte de sentido de los procesos educativos. El autor ha sugerido una caracterización de las instituciones universitarias según la interacción: a) La interacción desde los contextos instructivos. La historia de los conceptos puede ponerse al servicio de la explicación del contexto en el que surgen, y muestra la raigambre de los mismos en trayectorias y espacios sociales; también los contextos pueden aportar en la definición y sentido conceptual y mostrar en su relatividad aquellos aspectos que se dejaron de lado, o algunos otros que se privilegiaron y jerarquizaron como significativos. Un concepto está atado a una particular cosmovisión y, como diría Bourdieu (1993), “los sustantivos traen aparejados adjetivos que les son concomitantes”; se podría agregar que hay institu-
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ciones que también van vinculadas a determinados conceptos que se nutren de ellos y son a su vez sus gestoras. Atados a la institución universitaria, se fueron fortaleciendo los contextos instruccionales que articularon el concepto de formación como su función primigenia. Entonces, la educación era comunicación. La institución universitaria cumplió su tarea discursiva, aquella que la sociedad de su tiempo le exigía. Institución escolar del Medioevo, en sus rituales y símbolos, y consolidada con el nacimiento de la ciencia moderna, el desarrollo capitalista y las exigencias productivas y sociales que de él se derivaban, proveyó explicación, definió tendencias, construyó modelos, se apropió del mundo y de las formas de interpretarlo. Lo que fue delineando los saberes, disciplinas y profesiones consideradas legítimas, en una construcción social convencional, atadas al método tradicional de la enseñanza, desde la Grecia arcaica, de un maestro poseedor de saber, inmerso en la lógica institucional, que transmite su conocimiento en virtud del carácter también convencional del lenguaje. Hay que señalar una idea fuerte: que las instituciones educativas en sus distintos niveles, al estar orientadas a la docencia, están determinadas por las sociedades que las posibilitan y por las formas de poder que en esa sociedad se legitiman y se reproducen mediante complejas operaciones simbólicas. Así consolidan la cultura, de la que la práctica pedagógica es expresión privilegiada. La tarea pedagógica es entonces modelo de matrices socializantes, y de habitus, en el sentido de Bourdieu, que inscriben en cada agente sus experiencias históricas como esquemas12. Orientaciones nutridas de este patrón y de la profunda reflexión de Berstein han señalado que “la escuela constituye una institución donde este dispositivo (disciplina) -o bloque, como lo denomina Foucault- asegura, por una parte, su preservación y, por la otra, la reproducción de formas de cultura legitima, la integración social y la socialización de sus miembros. Desde el planteamiento de este estudio, la reproducción de las selecciones culturales se efectuaría mediante un sistema de distribuciones y diferenciaciones que
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Véase al respecto el trabajo presentado también en torno a las reflexiones de Foucault y Berstein analizado por varios lúcidos pensadores de la pedagogía. En: Díaz, M. & Muñoz J. (1990) (ed.). Pedagogía, Discurso y Poder, Bogotá: Corprodic.
se expresarían, a su vez, en distribuciones y diferenciaciones de los discursos, saberes y actuaciones sociales, lingüísticas y culturales. Estas distribuciones o diferenciaciones en actuación social, comunicación y cultura, expresada en jerarquizaciones, no serían otra cosa que la expresión de la distribución de las relaciones de poder en un grupo social”.13 Esto supone entonces, que la condición de ser de la Universidad como preclara institución de distribución del saber es, la de integración ontológica con la sociedad que la posibilita. Lo hace de manera inmediata en la docencia y con su ejercicio, desarrolla simultáneamente un proceso de legitimación y de institucionalización. Ahora bien, la Universidad en su función docente ha evolucionado históricamente, circulando discursos y prácticas especializadas, cuyas lógicas se insertan en la sociedad, tanto en su punto de partida, como en su punto de llegada. Para ello bastaría poner de presente el papel que cumplen los egresados y egresadas de cualquier disciplina, esculpidos por códigos, programas, paradigmas, teorías con las que se insertan en el mundo laboral, para recontextualizar, articular o cuestionar los discursos emanados del sentido común, del saber preteórico. Pues, en su condición de profesionales, están dotados del carácter de “legitimados” por una institución privilegiada para el ejercicio del poder simbólico, como lo es la Universidad (Gómez, 2005). La academia cumplió con su tarea y sigue transmitiendo los códigos instructivos, aunque sabemos que los cambios generados en la sociedad contemporánea en este mundo reticular, con su desarrollo informático y la circulación de conocimiento que de él se deriva, ha ido desarticulando el papel meramente difusor en el plano de la docencia. Ahora bien, señala el texto arriba citado que: “En estas condiciones, la reorganización institucional de los dispositivos pedagógicos se ha semiotizado permitiendo transformar los límites entre arte y vida, entre lo cultural y lo real, entre la imagen y lo real. Esta pedagogización de la vida cotidiana ha permitido, por ejemplo, que las representaciones de la televisión, los avisos comerciales, la música pop, los videos, los computadores personales, se hayan constituido en una parte crecientemente significante de la realidad social “natural” que nos rodea” (Díaz, M. & Muñoz J., 1990, p.59).
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El subrayado es de la autora.
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Se dan entonces cambios en el poder instructivo de la academia, sin que por ello las prácticas pedagógicas se eximan de ser portadoras de discursos afines a concepciones vigentes en la sociedad que las posibilita. La función docente como primera función universitaria entonces, es una función de integración. Los procesos de cambio cultural redefinen los discursos, sus contenidos incluso modifican las formas de identidad. Las instituciones educativas y por ende la Universidad, mantienen su tarea de interpretación y definición de las relaciones sociales y por supuesto son agentes eficaces de su reproducción como ya lo han demostrado varios autores. Es la interacción entre los habitus (como dis-posiciones incorporadas y predisposiciones históricas), de los agentes (intelectuales, universitarios, egresados) y las posiciones de las instituciones, quienes hacen viable ese camino de la re-presentación, representabilidad y re-producción. La interacción desde los contextos innovativos La academia vinculada por su tarea de búsqueda de la verdad no puede eximirse de las preguntas por las regularidades y por los procesos estructurales que no se hacen visibles en la inmediatez de la pregunta por su quehacer. Ahora bien, si se mira secuencialmente, podría describirse esquemáticamente la historia de las instituciones universitarias. Luego de la consolidación de los discursos instructivos, se hace indispensable fortalecer la investigación. Las Universidades asumen también la tarea de ser instituciones con la función de la innovación y la creación, que se pueden llamar con Berstein códigos innovativos. Históricamente, se podría ubicar este proceso y hay coincidencia en América Latina al respecto. La sociedad capitalista y el desarrollo de sus fuerzas productivas trajeron también aparejada la exigencia de dominio de la ciencia sobre los ámbitos más variados para la producción de mercancías. Los procesos de urbanización pidieron a las Universidades productos diversos para garantizar que la densificación de la población no significara renuncia a los logros de la civilización. Simultáneamente, la complejidad de la vida social requirió explicación y se vieron abocadas a ampliar el espectro de sus estudios para dar respuestas, desde los nacientes campos de interpretación sobre los procesos colectivos y el universo de lo simbólico.
Fue la realidad física, social y simbólica con sus contradicciones, quien dirigió sus preguntas sobre la academia y esta respondió con investigación, que en especial en los países centrales, revirtió de manera directa sobre el crecimiento económico. La Universidad, hija de la tradición escolástica y sus métodos, fue constituyéndose en los procesos de la conservación de la tradición y simultáneamente en la urgencia de la innovación. Por lo mismo, ató sus búsquedas a los caminos racionales de la modernidad y su metodología científica, de experimentación y confianza en el logos. Podrían citarse aquí algunos de los innumerables problemas tanto biológicos, biomédicos, agrarios, físicos, matemáticos, económicos, sociales y políticos, entre otros, solo para mencionar algunos campos, a los que la investigación universitaria ha aportado14. También en el contexto de lo innovativo la institución universitaria ha estado integrada a la vida económica, social y política en la que se inscribe. c) La interacción desde los contextos regulativos A lo largo de esta historia institucional que se está reproduciendo a saltos, las Universidades, en el proceso de reproducción simbólica ya citado, cumplieron el importante papel de traspasar (y no vincular) a sus tareas instructivas e innovativas, la de los contextos regulativos de la ética, tarea de la mayor significación, pues además de hacer inteligible el mundo, debieron dar cuenta de los valores, constituirse en conciencia crítica, prevenir sobre los excesos, sugerir jerarquías a los problemas. Al hacer una lectura secuencial, y pensando en las responsabilidades presentes, se podría decir que las exigencias que se hicieron a las Universidades del siglo XIX estuvieron signadas por la necesidad de transmitir instrucción en campos específicos del conocimiento, que consolidaron profesiones clásicas como la medicina, el derecho y la ingeniería. La diversificación productiva impulsó el surgimiento de otros campos del saber que entregó en el siglo XX a la Universidad el papel del desarrollo de la investigación y los contextos innovativos. Para el siglo XXI el trabajo más impor14
En el No 14 de El Pensamiento Universitario, que como resultado de un foro, circula en este evento, y que ASCUN ha titulado Hacia la integración de la Investigación Andina, se pueden encontrar referencia a importantes temas que sugieren privilegiarse.
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tante, además de los dos anteriores (instructivo e innovativo), será el regulativo, el de los contextos éticos y valorativos. Los desarrollos en las comunicaciones hacen ya posible que cualquier ciudadano acceda, desde su casa, al mundo y al saber del pasado y el presente. La cátedra modifica su tradicional función de transmisión del conocimiento y, por ende, los campos de especialización deberán contar con significativas investigaciones, que ameriten la discusión colectiva y el surgimiento de nuevos proyectos de investigación. Campos como la bioingeniería y sus estudios sobre los códigos genéticos, la biodiversidad y el medio ambiente, las ciencias cognitivas y las exploraciones sobre los modelos de inteligencia, el desarrollo cibernético, el control de la producción y la conquista espacial, las nuevas formas de socialización mediante la red, las relaciones y tensiones entre los llamados “países del centro” y los de “la periferia”, los procesos de control y de cambio, entre otros muchos temas, estarán a la orden del día para las investigaciones universitarias. La Universidad no se entenderá entonces sin comunidades científicas fuertes y deliberantes, que den cuenta con reflexión y conceptos de las realidades más significativas. Comunidades que, como tales y no como meros grupos asociados formalmente, pasen de la opinión, de la doxa, al momento de la episteme, y con ella aporten a la transformación efectiva de los problemas de la mayoría15. Paralelamente, los procesos de interacción de los centros de educación superior con la sociedad civil, el sector productivo y los aparatos estatales se habrá complejizado, de tal manera que serán estos sectores los que justificarán el sentido del conocimiento. La vida cotidiana validará el papel del saber y lo hará diariamente, pues la rapidez de las innovaciones y el control sobre la naturaleza serán acelerados. Allí aparece el otro rol que deberá cumplir la institución universitaria. En este contexto, el trabajo de las Universidades no podrá desprenderse de los elementos éticos y regulativos que le aportarán su significativa ubica15
ción en la producción y reproducción del control simbólico y en la reelaboración cultural, pues este control “se realiza en arreglos especiales, en ordenamientos temporales, en rituales, así como en discursos especializados”. Pero la esencia y la estructura del profundo control simbólico yacen en otro nivel, esto es: en su transformación del lenguaje, del sentimiento y del deseo. Ningún programa puede enseñarle esto a un computador. De esta manera, el control simbólico continuará siendo construido y transmitido por los agentes humanos que operan con discursos especializados disponibles a través de los campos de recontextualización de la educación que asignará a dicho control sus modalidades ideológicas (Gómez, SF). La reflexión sobre lo valorativo lleva al planteamiento de si se trata de una ética individual a todas luces existente, o si supone una ética en sentido colectivo, como podría derivarse de la ontología del propio término ético. Y es allí donde el papel de las Universidades, como conciencia crítica, debe darse. Más allá del interés individual, la Universidad puede formar para lo colectivo, investigar sobre lo social y actuar para lo público. En ese sentido ético y público debe entenderse el papel político de las universidades como escenario privilegiado para la negociación de diferencias. Sí, la tarea de las Universidades es conceptualizar. Lo regulativo se expresa en lo que se nombra: en cómo se nombró; en lo que oculta y cómo se oculta; en lo que se jerarquiza; y cómo se jerarquiza. La ciencia no es neutral en ninguno de sus ámbitos. La construcción de modelos, por ejemplo, tan tipológica analítica y ascética, también tiene contenidos de valor que no pueden ignorarse en un análisis aparentemente neutral. Con relación al concepto de extensión universitaria Al retomar el hilo conductor del tema, el proceso de constitución de las Universidades fue indefectiblemente un proceso de integración e interacción con el entorno social, económico y político que posibilitó su nacimiento. Mantenerse como Institución supone complejos procesos de relación permanente con la sociedad que la posibilita y eso supone, por nuestro carácter discursivo, mucho cuidado con los discursos. Como se sabe, el concepto de extensión universitaria tiene una larga trayectoria, atenido a los procesos difusionistas que en el siglo XIX emprendieron Universidades inglesas y norteamerica-
Sugeriría aquí la lectura de un inquisidor texto de Luc Boltanski y Eve Chiapello, titulado La formación de la Ciudad por Proyectos, en el que nos previenen sobre la conformación de redes coyunturales en la sociedad contemporánea.
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nas, y en un largo siglo sus connotaciones han sido diversas (Gómez, 2009). Se ha desarrollado en el ámbito local, en los últimos 20 años, un proceso que podríamos llamar también con Berstein, “de los códigos restringidos a los códigos elaborados”. Él llamó “código elaborado” al tipo de discurso cuando se trata de superar el lenguaje cotidiano y práctico, llamado también a veces “lenguaje instrumental”. Lo que caracteriza al discurso elaborado es que se utiliza para hablar de temas sobre los que no se comparten necesariamente los mismos presupuestos básicos. Al quererse huir de los simplismos y estorbos de las definiciones espontaneas y sencillas, hay que pasar de los códigos restringidos a los elaborados (Fourez, G. 1994). Como se sabe, también Habermas había clasificado estos procesos lingüísticos, atados a un interés técnico, como una especie de código pragmático. Por lo mismo hay que superar la mirada inmediatista del concepto de extensión. ¿Qué es entonces la extensión universitaria? Referidos al hilo conductor del análisis del Padre Múnera, se describe la coincidencia con las formulaciones que un equipo de profesores señalaba desde el Priac en la Universidad Nacional de Colombia, en 1993. • La reflexión sobre el sentido ontológico de una Universidad Nacional reivindicó, para la extensión, el papel de función creadora de logos, pues en la relación con el país, la Universidad no puede renunciar a su carácter de universitas. Por lo mismo, una extensión que no genere conocimiento, que no garantice la apropiación de la problemática nacional para el concepto, no podría ser entendida como función universitaria. En este contexto, se hace necesario superar la secuencialidad entre lo gnoseológico, lo metodológico y lo epistemológico; entre el qué, el cómo y el para qué del quehacer universitario. • Por otro lado, es preciso recontextualizar el concepto de extensión en su vínculo con las otras funciones universitarias; es decir, que debe revertir directamente sobre la docencia de pregrado y postgrado, y estar vinculada, necesariamente, con proyectos de investigación. Este recontextualizar (seleccionar, jerarquizar, traducir) supone también un reconceptualizar. El concepto de extensión denota, en sí mismo, separación y secuencialidad: “algo” se proyecta, se extiende,
se prolonga. Las reflexiones sugirieron cambiar el concepto de extensión por el de integración interactiva, que supone que la Universidad recibe saber de la nación, de la sociedad civil, de los contextos en los que interactúa y recrea sus conocimientos con “el mundo de la vida”, como podría expresarlo Habermas. La interacción es en su más profundo sentido praxis, pues supone teoría y acción comunicativa y no está exenta de tensiones y conflictos. • Las discusiones de entonces mostraban cómo, en la Universidad Nacional de Colombia, la extensión se había caracterizado por seguir las leyes del mercado, según el tipo de recursos económicos que generaran: en extensión solidaria y extensión remunerada. Esta clasificación supone racionalidades diferentes, que se mueven en tiempos y espacios también distintos. La extensión solidaria obedece a lo que podría considerarse una negación de lo económico, en tanto el intercambio con los sectores sociales sería fundamentalmente de bienes simbólicos y de capital económico negado. Mientras que la extensión remunerada aparece como expresión de la oferta y la demanda de servicios que la Universidad contrata, haciéndose vendedora de los bienes culturales, según una racionalidad de mercado, que exigiría un “ciclo de producción a corto plazo”, con resultados inmediatos y en muchos casos puntuales, pero que esta no puede desechar, en tanto aporta recursos significativos y rentabilidad inmediata. Se señalaba entonces cómo esta separación es, a todas luces, inconveniente y ha determinado desequilibrios al interior. Ambas lógicas deberán ser entendidas en el marco de una política general que se rija por los principios de planeación prospectiva y estratégica, y que articule las diferentes modalidades de la interacción universitaria. • Igualmente, la reflexión en la Universidad Nacional insistió en que la extensión llamada solidaria debía despojarse del carácter asistencialista para ser integración universitaria, como proceso de construcción de conocimiento. Estar vinculada indefectiblemente a la investigación y a la docencia, y con la connotación de respeto hacia las comunidades como autogestoras de su propio desarrollo; con la postura de respeto por los saberes y conocimientos que desde otras esferas de la sociedad civil se generan. El papel de ilus-
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tración e inteligencia de las Universidades está entonces también articulado a otras formas de saber. Se entiende la connotación que el término extensión le ha dado a función, y se comprende que cambiarlo implicará, tal vez, peleas estériles e innecesarias. Podría insistirse en el aspecto de integración al que la función (no se trata de apuntar por aquello de la balística) deberá orientarse, ahora que se habla del cambio de la Ley 30. Cabría también señalar que en los procesos de integración-interacción, la relación no está exenta de conflictos y que al formular estos conceptos no podemos dejar de lado la conciencia de evitar caer en posturas pragmáticas y liberales en las que se leyera una condición de armonía permanente del individuo y la sociedad. Teóricamente, podrían reorientarse algunas reflexiones del interaccionismo simbólico, por ejemplo. Las relaciones sociales, concebidas como proceso, exigen ver la superación de la condición de separación y, a la vez, establecer la superación de esos monismos, en tanto cada parte interactuante es al mismo tiempo medio y mediación del otro. Por lo mismo, no podría colocarse la racionalidad de esta relación en la racionalidad de una de las partes, sino comprender la nueva racionalidad nacida de dialéctica la relación. Este es el tipo de carácter complejo que debe buscarse en el análisis de la relación entre la Universidad y la sociedad, porque no puede anclar la racionalidad de su interacción ni en la racionalidad de los individuos, ni en la racionalidad de la sociedad, ni únicamente en la racionalidad académica, sino construir procesos y formas de interacción alternativas, que reconozcan los conflictos y los superen. Esto supone un movimiento de reflexibilidad sobre el proceso que esté produciendo lenguaje, palabra, concepto permanente sobre la Universidad, de manera que busque en el plano de lo simbólico acercar los intereses y visibilizar los avances y retrocesos de la relación interactiva, sin desconocer la condición de diferencia. La Universidad es Universidad y se mueve por sus lógicas; la sociedad es sociedad y se mueve por las suyas. Ahora bien, se pueden señalar estos elementos generales, pero no puede confundirse el modelo de interacción, con la realidad compleja y cambiante. Se está en la institución universitaria, como un lugar definido; como un edificio, como un campus, se puede decir “extendemos” nuestros brazos para alcan-
zar a la sociedad. Nos “proyectamos”. “difundimos” nuestro privilegiado conocimiento, “impactamos” a la sociedad, y lo hacemos “agresivamente”. Ahora bien, la pregunta por el carácter de los conceptos es una pregunta ontológica, y tiene que ser, en este caso, por la esencia de la institución universitaria, vinculada, traspasada al mundo social. Por ello, hay que reivindicar hoy también el concepto de integración. La mirada de la corrección o incorrección formal en el uso del lenguaje deja ver, además, los contenidos axiológicos que esas formas lingüísticas comportan. Estos contenidos están referidos a normas simbólicas que le dan sentido y validez, sin que esto signifique univocidad y, menos aún, exención de los problemas concomitantes al uso de los términos. El propio término integración puede ser comprendido de diversas maneras, y puede referirse a formas distintas de impulsar la función. Como la del interaccionismo simbólico, por ejemplo, y remitir su contenido a una postura sin conflicto, que no se reivindica. La integración supone múltiples tensiones; supone camino de doble vía, pero no necesariamente armonía y carencia de contradicciones. Cabe resaltar que para que un concepto tenga validez, deberá estar arraigado en el contexto y en la sociedad que la posibilita y recordamos por ejemplo las condiciones de la realidad colombiana. ¡Los conceptos son poderosos, porque expresan poderes! El conocimiento es poderoso y legítimo si aporta a la solución de problemas significativos, si transforma la vida cotidiana de las mayorías, si permite comprender la sociedad de la que emana. Y por ello, la dimensión ética está presente no solo en el debate social, sino al interior de la reflexión científica, en tanto el elemento axiológico no puede descartarse. Esta es la tarea que les compete a las Universidades en general, y en especial a las colombianas. En este contexto, el término ciudadano o ciudadana queda afectado por las minas quiebra patas, los falsos positivos o la realidad de 20’000.000 de pobres, 8’000.000 de miserables… Como universitarios y como intelectuales hay que ir más allá de decir que este mundo del capitalismo regenerado es un mundo de oportunidades. Es verdad que no se puede salir de él, pero cabría preguntar, más allá de la competitividad, qué pone en contacto con el mundo ¿Por qué este mundo, que genera tanta riqueza, genera también tanta inequidad?
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Los procesos societales exigen adentrarse en la propia ontología de la sociedad con la que se interactúa. Se supondría, entonces, que se debería tomar el rol del otro para captar profundamente el sentido de su acción. Esto no significa asumir un disfraz para simular ser otro, supone un adentrarse comprensivamente en otras lógicas (Shütz, 1974); esta es una tarea universitaria. Hay que aclarar claro que aquí no se intenta señalar una condición de subsunción entre el sentido común, entre la opinión doxática y el mundo académico. El papel de la Universidad es crear conceptos, producir conocimiento y, por lo mismo, trae aparejados procesos de diferencia y de reconocimiento de las exclusividades de sus lógicas y sus tareas. Cabe señalar, además, que el problema no es solo nominal. Se podría incluso hablar de integración universitaria, y en la práctica seguir colocándonos en la condición de privilegio y de élite; o desconocer la riqueza que la “doble vía” aporta a la Universidad. No obstante, mostraría un reconocimiento de con quiénes se relaciona la en su quehacer. Las Universidades están integradas, no meramente extendidas, en la sociedad que las posibilitan. Por lo mismo, son expresiones de los procesos espaciales e históricos en los que esas sociedades se afincan y son cultura. Con relación a la concepción de cultura García Canclini (1989) ha construido en varios de sus textos un concepto de cultura autocomprensivo. Señala que la cultura es: “a) un conjunto de procesos. b) donde se elabora la significación de las estructuras sociales c) se las reproduce d) y se la transforma mediante operaciones simbólicas”16. Hay aquí una particular y profunda mirada de lo que significaría cultura. El elemento del proceso establece el movimiento, los cambios permanentes en la elaboración de estructuras simbólicas que se involucran a la estructura social. El concepto de cultura no es estático; debe ser visto como un proceso complejo y debe ser comprendido en sus contradicciones, tendencias, y en sus movimientos. La Universidad es un lugar privilegiado para la cultura, por lo mismo, no puede se puede considerarla como un todo homogéneo. Aquí cabe distanciarse de la reflexión del padre Múnera, en el sentido de verla en su complejidad.
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Igualmente será necesario insistir en la diversidad cultural que un país como este comporta; y no basta con señalar este carácter. Ver la cultura como proceso de larga duración supone tener presente los caminos diversos de nuestra construcción cultural, en los que, además de ver la historia, se hará indispensable indagar por los procesos colectivos de creación de identidad, de conservación de tradiciones y simultáneamente, de innovación en el plano de lo simbólico. Será preciso tener presente el patrimonio arquitectónico e igualmente el patrimonio inmaterial. Hacer reconocimiento de los líderes y sus posturas políticas, a la par del desarrollo de movimientos sociales. Observar el papel de los intelectuales que fueron forjando el pensamiento colombiano, así como el seguimiento a las instituciones (como las Universidades) que deberán aprehender de la ciencia, que se generó en otros contextos, y hacer seguimiento de los procesos de innovación y creación de paradigmas, que también son posibles en la periferia. Esta tarea supone en el “hilo del tiempo”, colocarse en el presente, con sus paradojas de ignorancia e información exacerbada de acumulación de riquezas y de persistencia de los pobres, por ejemplo. Culturalmente la ciencia también debe contribuir en la formulación jerárquica de las preguntas trascendentales para la transformación del país hoy, en el contexto global, del que no podemos eximirnos. Como se anotaba al principio, precavidas de las tendencias que se observan hacia el futuro. Así la cultura, está en construcción y las Universidades son uno de sus agentes insoslayables. En procesos tan complejos como los descritos se puede hablar de culturas hegemónicas y subculturas, de posturas dominantes y subordinadas. ¿Qué dirán los indígenas y los afrodescendientes sobre las concepciones culturales expuestas? Desde las relaciones Universidad y sociedad, ¿dónde está la realidad colombiana? Se ha hecho referencia a las profundas transformaciones del mundo contemporáneo. Sin embargo, dando cuenta de las cifras presentadas sobre nuestra dolorosa realidad nacional, se podría preguntar sobre qué han hecho las Universidades colombianas en las últimas décadas para contrarrestar con nuestro trabajo académico el cambio del Estado de bienestar, y lo que podría llamarse un “rompimiento del contrato social”, que obligaría a colocar la
La clasificación es un recurso analítico que introduce la autora.
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condición social de los ciudadanos en la prioridad de cualquier política. ¿Cuál debe y puede ser entonces el papel de las Universidades ante este panorama? ¿Cuáles son sus retos más significativos? En el nivel mundial, las conquistas de la humanidad sobre la naturaleza son evidentes. Hay generación de riqueza en todos los campos. No sólo se ha avanzado significativamente en la comprensión del código genético y en la reproducción de nuevos campos productivos en la biología y en el desarrollo de la medicina. También se implementan constantemente, la informática, la cibernética y la robótica, aplicadas a la producción masiva de mercancías innecesarias, que inundan hoy las calles del mundo. Se podría decir que habría alimentos para todos, salud para todos, objetos para todos y, sin embargo, es claro que no sólo el sistema económico atraviesa por una crisis económica profunda, sino que esta afecta, de manera más fuerte, los países pobres, y los coloca en la condición de productores de bienes agrarios, o a lo sumo, como generadores de insumos y productos intermedios. La crisis evidencia, en primer término, el golpe a los sectores sociales, con una agresividad inusitada, aumentada por la volatilidad del trabajo, el crecimiento del desempleo, o subempleo, el mantenimiento de altas tasas de pobreza e indigencia, que están relacionadas con modelos macroeconómicos de desarrollo. Un texto reciente de la Cepal (2006) señala al respecto: “El cambio del modelo de desarrollo, basado en la apertura económica y la búsqueda de la inserción internacional, fue acompañada del surgimiento de un paradigma alternativo para la política social, con nuevas formas de organización y criterios diferentes. En lo institucional, postuló el reconocimiento de la existencia de una pluralidad de actores/sectores en la prestación de servicios sociales, en vez del tradicional enfoque “estado-céntrico”, al mismo tiempo que promovió un funcionamiento descentralizado del Estado… se recomendó explorar la lógica de los proyectos. En lo financiero, se buscaba nuevas fuentes de financiamiento, además del erario público, así como otras formas de asignaciones ya no preocupadas por la oferta sino por satisfacer la demanda. Se reconoció, así mismo, que los reales beneficiarios de los programas sociales no han sido siempre los más necesitados. Por ello, se redefinió el universalismo (de servicios) entendido como la generalización a toda la
población, enfatizando que lo que debía universalizarse era la satisfacción de necesidades básicas, lo que exigía un tratamiento diferencial de las distintas subpoblaciones. Se sugirió también la conveniencia de utilizar nuevos indicadores de éxito centrados en la medición de impacto sobre la población objetivo de los proyectos y programas sociales, más que en datos relacionado con los productos entregados o en el monto de los recursos gastados”. Un análisis somero de la realidad latinoamericana muestra, de manera evidente, el vínculo entre desarrollo económico e ingreso por clase sociales, y hace visibles las profundas desigualdades de la región, en donde el 10% de la población capta más del 35% de la riqueza total y lo que recibe este grupo es 20 veces superior a lo que recibe el 40% más pobre. Los problemas tienen jerarquía -20 millones de personas, exigen jerarquía- y esto supondría programas de iniciativa universitaria, que, articulando investigación y extensión, señalen derroteros para generar trabajo para construir viviendas dignas y para integrar funcionalmente al país a una mínima condición de modernización que permitiera el paso a la ciudadanía. Temas como la inclusión, como el cuidado por la diversidad ecológica, como la seguridad alimentaria, la vivienda digna y la generación de sistemas educativos innovadores, se constituyen en temas que deben ser abordados sin dilación. Desde las relaciones Universidad y Estado Aquí es preciso ser muy cuidadoso en el análisis. Pues no puede confundirse gobierno con Estado. La autonomía universitaria no puede ser entendida como aislamiento. Por lo mismo, es preciso señalar los nexos que deben tener las Universidades con las políticas públicas y la contribución que pueden hacer en la definición de programas estratégicos para el desarrollo nacional. Así como hay programas generales tampoco debemos dejar de pronunciarnos sobre algunos aspectos más concretos. ¿Cuál es la postura sobre la relación entre la técnica y la política, o la técnica y la economía? ¿Qué hay que decir sobre los cambios generados por la consistente urbanización ocurrida en las últimas cinco décadas? ¿Qué beben decir los intelectuales sobre los Estados Unidos superando la postura contestataria contra el imperio? ¿Y sus intrincadas relaciones con el país? ¿Qué significa para Latinoamérica hoy su permanente influjo? ¿Qué signifi-
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ca para los Estados Unidos, el número cada vez más creciente de latinos que lo habitan con sus usos, sus objetos y sus lenguajes? ¿Qué dicen los intelectuales colombianos de las relaciones con los vecinos que determinan, sin duda, en el horizonte inmediato? ¿Se puede decir algo sobre el Sisbén que está “ciudadanizando” precariamente a los ciudadanos? ¿Qué hay que decir sobre las nuevas identidades juveniles sobre el papel cada vez más creciente de las mujeres en la sociedad? ¿Qué pensar sobre el impacto de los daños naturales en Colombia, o sobre la geografía cultural? ¿Qué decir sobre la representación de la comunidad educativa sobre el papel de las lenguas extranjeras en el país? ¿Qué plantear sobre investigaciones ya desarrolladas en ciencia cognitiva y pensamiento colombiano? ¿Qué decir sobre la semiótica de la imagen, o sobre los nuevos campos de la lingüística conceptual en la que nuestros jóvenes se sumergen? ¿Qué estudios hacemos sobre filosofía de las religiones, o sobre el complejo mundo de las creencias? ¿O sobre las implicaciones políticas de los procesos electorales recientes? ¿Qué decir, como arquitectos colombianos, sobre la escasez de vivienda? ¿Cuáles son las propuestas de los economistas para la más conveniente articulación al mercado internacional? ¿Qué opinan los médicos de los endémicos problemas de salud pública o de las implicaciones de la Ley 100? ¿Cómo aportan los ingenieros a la construcción infraestructural del país? ¿Cuál es el aporte de los agrónomos para garantizar la riqueza natural en el marco del mundo globalizado? ¿Se investiga para la exportación? ¿Se investiga para el mercado o para el país? ¿Quién determina la agenda del país? Y, ¿qué dice la sociedad y sus diferentes componentes sobre la Universidad? ¿Nace de allí la legitimidad institucional de estas? Sobre el papel del Estado puede señalarse que tiene funciones propias según su condición reguladora, pero también la formulación de temáticas de interés de diferentes ministerios. Por ejemplo, ¿por qué las Universidades públicas y privadas, deberán eximirse de hacer parte de proyectos que contribuyan al fortalecimiento del Estado?, o ¿por qué recursos de inversión de las Universidades no pueden formular programas estratégicos de investigación y extensión, a los que se sumen entidades estatales? Si la ontología de las Universidades es la generación de conocimiento, este puede tener función social. Esto no va en detrimento de investigaciones teóri-
cas o de programas de largo aliento que también son tarea universitaria ¿En que viola esto su autonomía? Son muchas las preguntas que surgen en cada campo del saber y de la acción universitaria. Por supuesto que hay lógicas institucionales diferentes, y si a esto se suma la complejidad nacional, el proceso de interrelaciones se complejiza. Pero este no es imposible, tal y como pueden dar fe múltiples proyectos de extensión que se adelantan actualmente. Los programas estratégicos son la propuesta para tener mirada de largo plazo, es decir de Estado y de Instituciones que comprenden la generación de conocimiento como bien público. Estos son algunos puntos plateados por de Sousa Santos (2005), para desarrollar unas ecologías alternativas en el interior de la vida académica y universitaria; versátil y flexible, para generar: 1. Una premisa ecológica de diversidad para identificar otros saberes, y comprender que la interdisciplinariedad es indispensable, lo que no implica la aceptación del relativismo. 2. Una ecología de los reconocimientos que busca articular el principio de igualdad y de diferencia, esto significa la deconstrucción de la diferencia y de la jerarquía (movimientos feministas, indígenas, afrodescendientes, por ejemplo) y vínculo con diferentes sectores sociales. 3. Una ecología de las transescalas con la superación de la globalización en lo local y la posible globalización contrahegemónica. Esto exige imaginación cartográfica. Desde las relaciones Universidad y mercado, ¿del estudiante al cliente? A partir de la postura de lo económico se pueden hacer algunas reflexiones sobre la empresa. Pero aun en la lógica de “la empresa”, es preciso establecer diferencias. Insiste Bourdieu (1999, p. 214): “Una empresa está tanto más cerca del polo “comercial” cuanto más directa o más completamente los productos que oferta en el mercado responden a una demanda preexistente, y dentro de unas formas preestablecidas. De ello resulta que la duración del ciclo de producción constituye sin duda una de las mejores formas de calibrar la posición que ocupa una empresa de producción cultural dentro del campo. Tenemos así, por una parte, unas empresas de ciclo de producción corto, que tratan de minimizar los riesgos a través de un ajuste anticipado a la demanda identificable, y dotadas de circuitos de
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comercialización y de recursos de promoción (publicidad, relaciones públicas, etc.) pensados para garantizar el reintegro acelerado de los beneficios mediante una circulación rápida de productos condenados a una obsolescencia rápida; y, por el otro, unas empresas de ciclo de producción largo, basado en la aceptación del riesgo inherente a las inversiones culturales y sobre todo en el acatamiento de las leyes específicas del comercio del arte: al carecer de mercado en el presente, esta producción volcada por entero hacia el futuro tiende a constituir stocks de productos siempre amenazados por el peligro de la regresión al estado de objetos materiales”. En la lógica del mercado, la Universidad colombiana está cayendo en la tentación de la constitución de ciclos de producción cortos (pasantías, investigaciones contratadas con fines específicos y que obedecen de manera privilegiada a los intereses de los contratantes). “El intercambio cultural es un intercambio económico que involucra una relación simbólica de tensiones entre un productor, provisto de un cierto capital cultural, y un consumidor, apto para recibir los discursos; son también signos de riqueza destinados a ser valorados, apreciados y signos de autoridad destinados a ser creídos y obedecidos. Los discursos sólo cobran su valor (y su sentido) en relación con un mercado, caracterizado por una ley particular de formación de precios: el valor del discurso depende de la relación de fuerzas que se establece concretamente entre las competencias lingüísticas de los locutores entendidas a la vez como capacidad de producción y capacidad de apropiación y de apreciación o, en otras palabras, como la capacidad que tienen los diferentes agentes que actúan en el intercambio para imponer los criterios de apreciación más favorables a sus productos” (p. 41). La extensión, entendida como dimensión constitutiva de la tarea académica de la Universidad, tiene como propósito establecer procesos continuos de interacción e integración con los agentes sociales y comunitarios y, al igual que las otras tareas sustantivas de formación e investigación, se encuentra sometida a la lógica de ciclos largos de acumulación-/ renovación. A pesar de la extensión universitaria establecer experiencias específicas y concretas con los agentes sociales, su valor académico depende de la continuidad de la interacción, de su potencial para participar en la construcción de redes sociales y académicas, de la producción escrita, fruto de la reflexión sistemática sobre sus realizaciones, y de
su capacidad para construir articulaciones con los procesos de formación e investigación. Es en este ciclo largo y dinámico en donde se fragua el carácter académico de la extensión universitaria y del que depende en gran medida su visibilidad y su potencial para establecer vínculos renovados con la sociedad, que permitan ver los procesos de comprensión en el largo plazo y a partir de ella su eventual transformación. Los ciclos cortos de producción subordinan el proceso académico a las lógicas del mercado y someten a la Universidad a la sobredeterminación de los agentes sociales. Sus lógicas introducen fragmentación, dispersión e instrumentalización en la tarea académica, limitando sus posibilidades de vinculación con los procesos de la investigación y la docencia e imposibilitando su articulación a los procesos que se agencian en diferentes espacios de la sociedad. La restricción de los intercambios a los elementos de mercado y el abandono de una perspectiva comunicativa en el terreno de la extensión, dará curso a una agregación trashumante de consultores, que se ordenan y jerarquizan en razón a sus habilidades gerenciales y su experiencia técnica17, en este caso circunscrita a las competencias para la “gestión” del conocimiento. Otro aspecto, para tener en cuenta, es si la mirada del mercado cambia al ciudadano y al estudiante por “el cliente”. Cabría aquí profundizar un poco el sugestivo problema con el trabajo realizado por Giraldo (2009) Del ciudadano al cliente, en el que señala: “En cuanto a lo público y el interés general, se señala que la esfera pública encarna el interés general que no puede entrar en contacto con el mundo privado. Dicho interés aparece a nombre de todos, no de un sujeto en particular, con lo cual se
Este tipo de actividades obliga a una división del trabajo, ajena a las formas de producción en las Universidades: Unos agentes se encargan de las relaciones, de “vender” bien la Universidad, mientras otros, los expertos, son vinculados, o bien segmentariamente al proceso, o bien a partir de demandas específicas que otros organizan y dan coherencia. De esta manera se escinden los actores del proceso de producción, las posibilidades de acumulación a través de los procedimientos discursivos de las comunidades académicas que quedan limitadas, y en el plano institucional la visibilidad y reconocimiento social de la Universidad queda restringida a la producción disciplinada de los portafolios y la publicidad.
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oculta el control de lo público por los poderes económicos dominantes en la sociedad. Por otra parte, la esfera pública se encuentra separada del mundo de la necesidad porque esta última se circunscribe al mundo de lo privado y se realiza a través del mercado”. Y describe este proceso de la siguiente manera: “En el siglo xx se viene gestando un proceso de introducción de relaciones mercantiles en el Estado con el argumento de profundizar el principio de libertad en las relaciones con los ciudadanos. Como dice Guerrero, se trata de construir una interfase entre el Estado y la sociedad a través del mercado.” (p. 10). Por ello: “El Estado deja de ser el proveedor de los bienes y servicios sociales. Dicha provisión la hace el mercado con la venta de tales bienes, bien sea que la venta la realicen instituciones privadas o instituciones estatales. Se deja de financiar con impuestos la provisión de tales bienes y servicios. El gobierno deja de hacer transferencias para el financiamiento de las entidades para tales fines, y estas deben pasar a obtener sus fondos para su provisión a través de las ventas. La gratuidad de tales bienes deja de ser un derecho del ciudadano frente al Estado, derecho que a su vez era la contraprestación que el ciudadano recibía por el hecho de pagar impuestos. De manera que desaparece la relación entre derechos y obligaciones que constituyen la ciudadanía social. Ahora la gratuidad depende de ser definido pobre o excluido, en cuyo caso la persona recibe un subsidio para que pague por el bien o servicio social que recibe” (p. 10). No está, por demás señalar, que el subsidio a la demanda como política para las Universidades tiene similitudes con esta formulación. Ante este horizonte complejo cabe preguntar qué les compete, en la distancia y la relación con el mundo del mercado. Sobre este aspecto, Misas (2008) insiste en lógicas distintas entre empresa y Universidad. En consonancia con Múnera (2010), la labor ante la condición de inequidad no puede ser repartir mercados. La asistencia deben hacerla las agencias asistencialistas. La tarea es crear conocimiento. Pero este conocimiento tiene intereses, como diría Habermas. Es preciso entonces, priorizar las acciones. Por supuesto, que debemos asumir con fuerza las tareas de ciencia y tecnología pero ¿para qué país y para qué ciudadanos y ciudadanas?
El esquema de la Universidad podría ser visto como industria cultural en un ciclo de producción– consumo, distribución y cambio, y sustentar el discurso universitario en temas como competitividad, generación de ingresos, rentabilidad, competencia, productividad, etc. La lógica universitaria obedece por ontología a otros intereses que no pueden entenderse o subsumirse en el concepto de gestión. Desde la mirada del campo de la educación superior Se anotaba arriba que se comprende el campo de la educación superior como campo–luchas. Se podría señalar, a modo de ejemplo la tensión en el campo conceptual que en relación a la extensión universitaria plantea las siguientes dicotomías: Las falsas dicotomías de la extensión universitaria
1. Legal Legitimo 2. Público Privado 3. Tradición Innovación 4. Causalidad Casualidad 5. Institucionalidad Transformación 6. Crisis Estabilidad 7. Universidad programática Universidad crítica 8. Neutralidad valorativa Compromiso institucional 9. Autorregulación Control 10. Generación del conocimiento Gestión del conocimiento 11. Extensión remunerada Extensión solidaria 12. Centralización Descentralizar
Cada una de estas polaridades se relaciona inmediatamente con su opuesta y puede mostrar la inconveniencia de su separación, lo que supondría la creación de otros modelos teóricos, que permitirán un análisis de la Universidad a la vez con un sentido contradictorio y unitario. Si el problema central de la reflexión que ocupa este análisis se atiene a la primera tensión, y la crisis de legitimidad ha sido planteada como uno de los problemas sustantivos de la realidad de la Universidad latinoamericana, se podría decir que se puede empezar a romper la tensión tanto desde el polo de la legalidad con las leyes que recojan el país del presente y el que se quiere en el futuro, -de allí la importancia cuando en la formulación de una ley sobre la educación superior en Colombia- y la búsqueda de una condición de legitimidad por el tipo de intelectuales que se forman.
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Aquí, hay que atenerse a una concepción de intelectual universitario como intelectual tramático, en el sentido planteado por Gabriel Restrepo18. Se define como un intelectual transdisciplinario, transinstitucional, transterritorial, transmediático, capaz de situarse en los bordes y pliegues de saberes, instituciones, territorios, medios de expresión y caracterizado por una mayor ductilidad en su aproximación múltiple a la realidad, lo que le permite de una manera más eficaz “tejer trama” y tejido más consistente en el largo plazo entre la Universidad y la sociedad. Es decir que no se revivan los nuevos repetidores de paradigmas y tampoco los repetidores de consignas. Se trata de romper el escepticismo y paralelamente el dogmatismo que, más que lectores, permita autores y actores que comprendan que no nos está vedada la autonomía intelectual y que esta no puede estar escindida del compromiso cívico, en un país de la periferia, y ¡con una desigualdad de las más grandes del mundo! REFERENCIAS
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Restrepo Gabriel, documento mimeografiado.
AsociAción colombiAnA de UniversidAdes
REfLExIONES SOBRE LA PROMOCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD EN LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR: RETOS, LIMITACIONES Y OPORTUNIDADES
CRISTINA DE LA CRUZ AYUSO1
Resumen
Este trabajo aborda la reflexión sobre el alcance de las iniciativas de promoción de la responsabilidad social en el ámbito de la educación superior, a la luz de la siguiente pregunta: ¿cuál es el papel que tienen y deben tener las instituciones de educación superior en el proceso de construcción social y cuál su responsabilidad en la generación de condiciones de equidad en la misma? Para ello, presenta las limitaciones del enfoque de responsabilidad social en el ámbito mercantil y plantea la necesidad de que las Universidades lideren la recuperación del concepto de responsabilidad en la educación superior. Asimismo, el artículo ofrece algunas claves que tienen como objetivo ayudar a visibilizar los pilares sobre los que se sustentan las políticas de responsabilidad social en las instituciones universitarias, y reconocer la manera en la que estas se sitúan en sociedad. Palabras claves: promoción, responsabilidad social, educación superior, construcción social
Abstract
This paper presents a reflection on the scope of initiatives to promote social responsibility in the field of higher education in light of the following question: What is the role they have and should have Higher Education Institutions in the process social construction and what their responsibility in creating conditions of equity in it? For this approach has the limitations of social responsibility in the commercial, and raises the need for Universities to lead the recovery of the concept of accountability in Higher Education and for this. It also provides some clues that are intended to help bring visibility to the pillars that support the social responsibility policies in universities and to recognize the way they are in society. Keywords: promotion, social responsibility, higher education, social construction
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Doctora en Filosofía, es profesora de Ética en la Universidad de Deusto. Directora del Programa de Doctorado en Estudios Internacionales e Interculturales, forma parte del Centro de Ética Aplicada de la Universidad de Deusto, y coordina el equipo de investigación Ética Aplicada a la Realidad Social. Profesora e investigadora visitante en numerosas Universidades de Europa y América Latina, asesora a distintas iniciativas sociales en cuestiones relacionadas con la ética organizacional. Entre sus últimas publicaciones destacan: Crisis de la Democracia (2010); Responsabilidad social universitaria (2010), Victimas, todas iguales, todas diferentes (2011).
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UNA REFLEXIÓN PREVIA EN TORNO A LA PROMOCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL La reflexión sobre la responsabilidad de las instituciones de educación superior tiene lugar en un mundo de exageradas desigualdades materiales respecto a ingresos, propiedad, trabajo, educación, acceso a recursos básicos, etc., y en un ámbito hegemónico, el socioeconómico, en donde está arraigado un tipo de injusticia que incluye la explotación, la dominación, la marginación, la vulnerabilidad social, la privación, y la fragilidad. Esa reflexión tiene lugar también en un mundo en donde las exigencias de reconocimiento son el principal objetivo de buena parte de las luchas políticas de grupos excluidos por razones de opresión, dominación, desplazamiento y discriminación. Sin duda, estos tipos de injusticia exigen pensar un marco adecuado para darles respuesta en nuestro tiempo. Y exigen, además, pensar el lugar de las instituciones en la esfera pública, para valorar el alcance de su responsabilidad en esa coyuntura concreta. Este trabajo aborda esa reflexión, desde la perspectiva de la ética, aplicada, en este caso, al ámbito de la educación superior. Se propone este escrito valorar el alcance de las iniciativas de promoción de la responsabilidad social que impulsan a la luz de la siguiente pregunta: ¿cuál es el papel que tienen y deben tener las instituciones de educación superior en el proceso de construcción social y cuál su responsabilidad en la generación de condiciones de equidad en la misma? Un análisis sereno sobre el modo como se están articulando respuestas a esa pregunta en las sociedades actuales, devuelve una primera impresión sobre la importancia e interés que personas y organizaciones en general le conceden a la categoría de la responsabilidad. De hecho, se defiende con vehemencia que la responsabilidad es una exigencia ineludible de la que no se puede (ni se debe) prescindir. Lo cierto es que, una vez constatada la exigencia, parece que, en nombre de la responsabilidad, está justificada cualquier práctica o iniciativa que cualquier organización o institución quiera promover en su nombre. Por eso, en este momento en el que se aborda su significado y alcance en las Universidades y para estas, conviene comenzar recordando que, al hablar de responsabilidad, no vale todo; ni todo vale de la misma manera. De ahí que sea necesario incorpo-
rar a esa reflexión algún matiz capaz de fortalecer la dimensión ética de las iniciativas de promoción de la responsabilidad social, aclarando cuáles son algunas de las insuficiencias éticas inherentes al enfoque de responsabilidad social y de qué manera es preciso reconducirlo en una dirección que contribuya a superar esas limitaciones. Esta es una cuestión inaplazable que debiera servir de referencia para formular estrategias eficaces de responsabilización en el ámbito de la educación superior. LIMITACIONES DEL ENFOQUE DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL Efectivamente, las iniciativas de promoción y adecuación del enfoque de responsabilidad social en el ámbito de las organizaciones conviven con otras que ponen el acento en sus límites, problematizan el enfoque de la responsabilidad social y argumentan sobre sus debilidades y bloqueos estructurales. A continuación, se revisan cuáles son algunos de esos argumentos para reflejar, siquiera a trazo grueso, el núcleo de las principales críticas a las que está sujeto: • Los argumentos estructurales hacen hincapié en la debilidad de las estrategias de responsabilidad social impulsadas desde un modelo de racionalidad que, frente a otros criterios, prioriza el estrictamente utilitarista. Esas estrategias solo son válidas si reportan algún beneficio concreto, principalmente económico, o si contribuyen a mejorar la reputación de la organización, lo cual provoca que se ignoren y no se aborden las causas estructurales de las desigualdades generadas por un determinado modelo de desarrollo, impulsado desde estructuras de poder económico hegemónicas. • Los argumentos coyunturales inciden en la debilidad del enfoque en el marco de organizaciones que operan en un escenario global, que dificulta la asunción (y cumplimiento) de su responsabilidad en contextos con marcos internacionales de regulación muy débiles. Se ha insistido suficientemente en los peligros de esta debilidad normativa. No obstante, existen otros argumentos que subrayan que ese escenario global, además, dificulta cualquier iniciativa de creación y consolidación de comunidades de responsabilidad en la sociedad. • Los argumentos relacionales insisten en los desequilibrios que generan estas estrategias de
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responsabilidad social en organizaciones que disponen de desigual capacidad, motivación y recursos para afrontar las exigencias que implican, lo cual puede tener consecuencias proteccionistas que favorecen el acceso a determinadas oportunidades, recursos y ventajas competitivas a algunas organizaciones, las más capaces para poner en marcha iniciativas de responsabilidad social, en detrimento de las que por distintas circunstancias (tamaño, localización, dimensión, etc.) no pueden hacerlo. • Finalmente, los argumentos de carácter procedimental subrayan el reduccionismo que supone relegar el enfoque de la responsabilidad social a la consideración de que es un sistema de gestión, donde lo fundamental parece ser tener algún “instrumento” para su incorporación en ese marco organizacional. Sobre esta cuestión, se insiste en que lo nuclear del debate sobre la responsabilidad social no debiera recaer en los aspectos estrictamente instrumentales, cuanto en la identificación de las claves que ayuden a visibilizar los pilares sobre los que se sustentan las políticas que tratan de promoverla en el marco organizacional. Solo así, será posible diagnosticar y reconocer, con cierta seriedad, el lugar social de esa organización y la manera en la que, en verdad, se sitúa en sociedad. Estos argumentos críticos no solo ponen en cuestión el enfoque sino que, principalmente, subrayan la necesidad de analizar y estimar los objetivos, las fortalezas, las debilidades y las oportunidades que generan (o dejan de generar) las iniciativas vinculadas a la responsabilidad social. No obstante, también es preciso reconocer que el interés por la responsabilidad social ha contribuido (y con mucho esfuerzo) a concretar, con más o menos precisión, elementos relacionados con la práctica de la responsabilidad, que resultaban difíciles de identificar y de sistematizar, hasta ahora, en el marco de las organizaciones. Así es como esas estrategias han permitido que la responsabilidad sea reconocida como una categoría que importa y que se haya vinculada con aspectos vinculados con ámbitos fundamentales de decisión, de actividad o de relaciones de una organización. Por otro lado, también han dejado mostrar cómo pueden incidir, de una u otra manera, en la senda de evolución y crecimiento de una organización, y cómo, finalmente, se relacionan con
la percepción que tiene la sociedad sobre las actuaciones que esta desarrolla. La responsabilidad social, de esta manera, es reconocida como un elemento que puede contribuir a generar, mantener o recuperar legitimidad social, y puede también convertirse para una organización en un factor clave de acceso a recursos importantes y necesarios para ella. De ahí que sea necesario tener en cuenta y considerar de igual manera, tanto las oportunidades que trae consigo el enfoque de la responsabilidad social, como las limitaciones a las que está sujeto, y las exigencias y retos que implica tratar de superarlas. Aplicada esta reflexión al ámbito de las instituciones de educación superior, un análisis serio sobre el alcance de las estrategias de responsabilidad social en sus diferentes ámbitos misionales aproxima una primera conclusión que apunta a la necesidad de centrarse en aportar claves no tanto (y no solamente) sobre lo que en sí una Universidad promueve desde ese enfoque de responsabilidad social, sino (y sobre todo) sobre las bases, la motivación y los intereses, en los que sustenta e impulsa esas iniciativas. En la actualidad, se insiste y avanza con notable éxito en la implementación de este enfoque en los tradicionales ámbitos de actividad de la Universidad. Además, se proponen herramientas para la mejora de su gestión y gobierno; se concretan y comparten buenas prácticas; se incluyen en las mallas curriculares y se impulsan programas o metodologías específicas, desde un enfoque de competencias que reconoce a la responsabilidad social como una de las más fundamentales; se incluyen indicadores de evaluación en el ámbito de la investigación, orientados a garantizar ciertos procedimientos y resultados en ese área; y se proponen planes de extensión que permiten fijar el compromiso de la Universidad con el contexto social en el que está inserta. Son muchas las iniciativas vinculadas de una u otra manera con el enfoque que se están impulsando desde las instituciones de educación superior. Sin duda, existe interés y sensibilidad por estas cuestiones. Sin embargo, conviene no olvidar que además de un déficit en la coordinación y planificación de dichas estrategias, poco o nada se está avanzado en la definición de algunas claves que permitan identificar la naturaleza y el alcance del sentido de la responsabilidad que se promueve a través de las estas, que son las que nos ayudan, en
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última instancia, a valorar qué tipo de iniciativas se están promoviendo en su nombre o cuál es el bien social que tratan de proteger. Claves, en fin, que permitan analizar y evaluarla en su alineamiento con la misión de las instituciones que las promueven. De ahí que se insista en la idea según la cual lo nuclear del debate sobre responsabilidad social, o lo que importa, (o lo que, en definitiva, debiera importar) es conocer al servicio de quién y de qué están esas iniciativas. Sobre esto, poco o nada se ha dicho en el amplio debate sobre la responsabilidad social. Con rabiosa actualidad, presente desde hace bastante tiempo, ahora llega, con preocupación e interés a las Universidades, toda la carga de imprecisión que ha ido atesorando desde entonces. LA DÉCADA DE LA RESPONSABILIDAD Claramente, la responsabilidad social ha cobrado un protagonismo desmedido que no deja de aumentar. En las últimas dos décadas, está sirviendo para justificar el discurso que dice: “lo que nos sucede de manera generalizada en el mundo es cuando se insiste en prescindir de ella”. Aunque es posible acudir a distintos ejemplos que manifiesten el interés por la responsabilidad, en este momento se rescatan, brevemente, dos llamadas que son paradigmáticas por el significado que adquieren en el marco de esta reflexión. La primera de ellas pertenece a Obama (2009). Fue pronunciada durante la ceremonia de posesión a la presidencia de Estados Unidos: Nuestros retos pueden ser nuevos. Los instrumentos con los que los afrontamos pueden ser nuevos. Pero los valores de los que depende nuestro éxito (…) son algo viejo. Son cosas reales. Han sido el callado motor de nuestro progreso a lo largo de la historia. Por eso, lo que se necesita es volver a estas verdades. Lo que se nos exige ahora es una nueva era de responsabilidad (...). Este es el precio y la promesa de la ciudadanía. Esta es la fuente de nuestra confianza. La llamada a la responsabilidad con la que concluye el párrafo es una más de las muchas que aparecen en el texto de su discurso inaugural. Obama apelaba entonces, de manera reiterada, a la necesidad de asumir con seriedad la responsabilidad para afrontar los grandes e ineludibles retos (y crisis) a los que se enfrenta no solo su país, sino el mundo entero. No era la primera vez que, con igual con-
tundencia, pero menos alcance mediático, se subraya en el nivel mundial la necesidad de restaurar en la esfera pública (principalmente en el ámbito económico) el valor de la responsabilidad, advirtiendo sobre la no sostenibilidad del mercado, si sus reglas siguen dándole la espalda. En 1999 Annan dijo las siguientes palabras: “Les propongo que ustedes, los líderes empresariales reunidos en Davos, y nosotros, las Naciones Unidas, iniciemos un pacto mundial de principios y valores compartidos, que darán una cara humana al mercado global”. El discurso tuvo como objetivo presentar una iniciativa mundial, el Global Compact, que proponía fomentar la responsabilidad cívica de las empresas para que contribuyan a responder a los retos que plantea la globalización y ayudaran a hacer realidad una economía mundial más sostenible e inclusiva. La iniciativa fue adoptada formalmente dieciocho meses después, en julio de 2000, en la sede de las Naciones Unidas, en Nueva York. Invitaba a las empresas a colaborar con los organismos de la ONU, las organizaciones laborales y la sociedad civil para promover, con un carácter universal, principios sociales y medioambientales que facilitasen a las empresas, principalmente a las compañías multinacionales, elementos para la gestión de su responsabilidad en un escenario de economía global, además de claves para el seguimiento de dicha gestión por parte de los poderes públicos, la sociedad civil y la ciudadanía en general. Entre las dos declaraciones, la de Obama y la de Annan, median exactamente diez años. La precisión resulta elocuente, si se tiene en cuenta que el intervalo entre ambas dibuja los contornos de lo que podría denominarse, con todo rigor, la “década de la responsabilidad”: el periodo en el que más esfuerzos se han hecho y más recursos se han destinado para que la responsabilidad eclosione en la esfera económica del mercado mundial. Sin embargo, la tozuda realidad devuelve con insistencia un reclamo que llama a valorar desde otras claves la manera en la que se está promoviendo la responsabilidad en la esfera pública porque, precisamente, en esa década nunca parece haber sido tan elocuente su ausencia u omisión. Nunca se pensó que en nombre de la responsabilidad, al final, se pudieran acabar promoviendo iniciativas que contravienen, precisamente, algunos de los bienes sociales que en su nombre se trata de proteger.
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La mayor parte de las iniciativas de responsabilidad en el ámbito empresarial de última década, se han centrado, principalmente, en cuestiones similares a las que reclamaba en 2009 Obama: control, buen gobierno, transparencia, rendición de cuentas, límites y sistemas de vigilancia en algunos sectores, consorcios, alianzas, partenariados, etc. Sin entrar a hacer una valoración exhaustiva, lo que sí cabe subrayar ahora es la necesidad de sacar alguna conclusión serena. Quizás la formula de la responsabilidad a la que apuntaban esas demandas no consiste únicamente en “más control + más límites + más vigilancia”. Que esa sea una formula necesaria, no quiere decir que, por ello, sea una formula suficiente. Ni siquiera que sea la única. Existen alternativas. Por eso, resulta un poco inquietante que se planteen como respuesta las mismas medidas que se vienen articulando durante los últimos años, que han mostrado su ineficacia y fragilidad para regular el mercado. ¿Aún así se deja que lleguen con la naturalidad que lo están haciendo a un ámbito como el de las instituciones de educación superior? Otra tendencia, que surge con fuerza en esa época de la responsabilidad, es el protagonismo que cobra en ese contexto la llamada a la responsabilidad “individual”: las expectativas y la respuesta que se espera de personas y de organizaciones en esa esfera pública. En el ámbito económico, esta es preocupante porque camufla –como se dijo- algunas estrategias que permiten, en nombre de la responsabilidad, la expansión del neoliberalismo en las estructuras de organización económicas de la sociedad. Muchos de los reclamos formativos y de investigación que se están haciendo a las Universidades forman parte de esa estrategia de expansión. No debe olvidarse. La exigencia estriba en “aprender” a responsabilizarse por circunstancias de las que no se sabe si hay responsabilidad o no, y hacerlo en un contexto social, económico y político que no ofrece las condiciones para asumir responsabilidades, en el sentido pleno de lo que supone, dentro de la esfera pública. Esta situación dificulta cualquier iniciativa de creación y consolidación de comunidades de responsabilidad en la sociedad. Algo sobre lo que las Universidades, en el ámbito de la formación de ciudadanos y profesionales, tiene mucho que decir, ya que ellas debieran ser capaces de contribuir a consolidar esos lazos que permiten vincular el ejercicio de la ciudadanía, o el ejercicio profesional, a una comunidad, cultural,
social o económica, de responsabilidad. El discurso sobre responsabilidad social que domina hoy el discurso político, social y económico no está orientado a ser emancipador. Sirve más bien para legitimar estructuras que impiden avanzar en esa dirección. EL ALCANCE DEL CONCEPTO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Como se viene señalando, el discurso sobre la responsabilidad social se ha caracterizado por haber ido priorizando algunas estrategias en su tarea de promoción que, vistas con cierta perspectiva, pueden quedar tipificadas en términos de la urgencia que muestran para pasar cuanto antes “a la acción”. Vistas las dificultades para consensuar una aproximación al significado de la responsabilidad, el interés fue poco a poco virando “de la teoría de la responsabilidad a la práctica de la responsabilidad”. Importaba la práctica: herramientas que ayudasen a las organizaciones a mejorar en algunos aspectos, contribuyendo, de esta manera, a hacer más significativa y sustantiva su “responsabilidad” como organización en distintos ámbitos: los relacionados con el marco propio de su actividad y sector. No importaba la teoría: se trataba de analizar en profundidad y con un necesario desapego el alcance de aquello que se estaba tratando de promover. Ya se ha hecho referencia, de soslayo, a las consecuencias de este viraje de la responsabilidad: un activismo desaforado que ha reducido a la responsabilidad a una práctica meramente instrumental. A esto, debe reconocerse, han contribuido los obstinados enconos por conseguir una “buena” definición de responsabilidad social, reduciendo el cometido de la teoría de la responsabilidad a la única función de “producir definiciones”. Sin embargo, lo que se ha quedado en el camino es algo importante: algunas claves que permiten hacer una estimativa seria y rigurosa sobre las iniciativas de responsabilidad social de algunas organizaciones. ¿Cómo distinguir y valorar las practicas de responsabilidad social de las organizaciones? ¿Qué bien se protege con esas prácticas? ¿A quién favorecen? ¿Al servicio de quién se ponen? ¿Cuáles son los criterios para evaluar su efectividad “social”? La práctica, poco o nada, dice de todo esto. Hace falta, por tanto, recuperar algunos análisis que ayuden a concretar con cierta precisión el despliegue que ofrece la categoría de la responsabilidad.
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Por eso, ahora que ese discurso ha calado con fuerza en el ámbito universitario, este no debiera conformarse con replicar definiciones tan condescendientes como las que provienen del mundo empresarial. Esos guiños desvirtúan en buena medida el discurso sobre la responsabilidad de las instituciones de educación superior. Estas deberían liderar la recuperación de aquellas “sombras” que han quedado oscurecidas del concepto y plantear, de manera robusta, la riqueza de contrastes que permite el concepto de responsabilidad. Han de mostrar cuál es su respuesta a la sociedad, a través del desarrollo del proyecto universitario; cuál su lugar como agente de construcción social; y de qué manera concreta su carácter transformador. Conviene no perder de vista estos elementosguía del interés por la responsabilidad social en las instituciones, porque son a los que en definitiva deben volver para rescatar el valor que aportan a la hora de hacer una estimativa crítica sobre los procesos de responsabilidad que se promueven desde las Universidades. Por eso, dos son, al menos, las cuestiones que deberían tenerse presentes sobre el concepto a la hora de valorar la disposición de las instituciones de educación superior hacia la responsabilidad social: 1.- El despliegue del concepto de responsabilidad, que lleva a rescatar matices importantes a la hora de rendir cuentas sobre el ejercicio de la responsabilidad en el desarrollo de la misión universitaria. Esos matices ponen de relevancia, entre otros, aspectos como los siguientes: Los sentidos de la responsabilidad: La responsabilidad es un concepto rico que remite a diversos sentidos. Se puede entender la responsabilidad como la obligación de asumir consecuencias negativas; o como la voluntad de favorecer consecuencias positivas; o la inclinación de contribuir a la realización de determinado servicio social; o el deber de proteger o promover un determinado bien común; o la exigencia de transformar; o el interés de ampliar los retos y respuestas de esta organización en la sociedad, etc. Los sentidos que motivan al ejercicio de la responsabilidad son bien distintos: determinan notablemente la práctica de la responsabilidad. Conviene, por tanto, aclarar cuáles son las razones y cuál el alcance que tienen, e impulsan las estrategias de responsabilidad en el marco de las Universidades. Los niveles de la responsabilidad: Cuando se habla de responsabilidad, conviene distinguir también
hacia qué nivel se dirigen las exigencias. No es lo mismo situar el análisis de la responsabilidad de una Universidad en un nivel macro, que en uno meso o uno micro. En el nivel macro, la responsabilidad remite a una revisión profunda de las normas y procesos de institucionalización presentes en las estructuras sociales, políticas y económicas. Un examen que permita, en última instancia, entender de qué manera es preciso responder a los retos que hoy las sociedades le plantean a la Universidad; cuáles son los retos específicos a los que atienden las instituciones; cómo lo hacen; con quién; y cuál es la legitimidad de su respuesta en ese contexto. En el nivel meso, la responsabilidad remite a la actuación de las organizaciones presentes en las esferas de la sociedad, que son las que operan y favorecen esas normas y procesos de institucionalización. Es cierto que si las “reglas sociales” no se cambian, difícilmente cabe esperar que las organizaciones procedan de manera distinta. Sin embargo, esas “reglas sociales” solo se cambian mediante la institucionalización de procesos en el ámbito organizacional, a través de sus prácticas. ¿De qué manera se adecuan las instituciones de educación superior, en sus diferentes ámbitos de actuación, para poder afrontar esos retos? El tercero, el nivel micro, remite al ámbito de la responsabilidad individual y de las dinámicas de corresponsabilidad de las personas que exige su participación en los distintos ámbitos de actuación de una institución. Estos tres niveles son bien distintos cuando se piensa en el alcance de la responsabilidad: permiten definir quiénes son los agentes y actores implicados y apuntan a marcos de interactuación concretos. Cada categoría demanda unas exigencias de compromiso distintas en la práctica. Por eso, el mapa de responsabilidades de una Universidad debería definirse, situando a los agentes y actores de la misma, en cada uno de esos niveles, para determinar el papel concreto que tienen. Las preguntas de la responsabilidad: Cuando se habla de responsabilidad, conviene aclarar también las preguntas sustantivas a las que esta categoría remite: ¿Ante quién es responsable una Universidad? ¿De qué es responsable? ¿Para qué es responsable y por qué? En ese sentido, es importante no descuidar a los sujetos a los que se responde, cuestión que suele quedar oscurecida por el afán instrumental de
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las metodologías y dejar sin rostro a las estrategias de responsabilidad. En ese sentido, es preciso superar la mera identificación de los sujetos “naturales” pertenecientes a cada organización. En este caso, esos sujetos son los miembros de la comunidad universitaria. Sin embargo, un proceso serio de responsabilidad social requiere de una Universidad que se interrogue sobre la necesidad de ampliar el alcance de su responsabilidad hacia colectivos que exigen ser reconocidos, atendiendo a razones de carácter estrictamente moral: demandas sociales colectivas, excluidos, etc. Debe recordarse que lo importante de la responsabilidad no está únicamente en los datos que los procesos de diagnostico suelen generar, sino también en las preguntas a las que responde. Los fríos diagnósticos de responsabilidad social suelen devolver cifras sobre resultados concretos de actividad. Esa insistencia a animar a las Universidades a evaluarlo todo puede terminar por esterilizar esos procesos, y terminen siendo iniciativas de gestión, sin demasiado resultado. Se puede insistir, aún más, en el despliegue del concepto de responsabilidad: detenerse en las exigencias que requiere su práctica, las limitaciones a las que muchas veces está sujeta, o los ámbitos de la responsabilidad que debería llevar a diferenciar el lugar social de la Universidad, en cuanto sujeto social, sujeto político y, también, sujeto económico. En todo caso, queda expuesto con la nitidez que una aproximación a la responsabilidad exige poner en valor el alcance y despliegue de este concepto. 2.- Conviene situar el discurso de la responsabilidad en el marco de un horizonte de lo que se quiere promover. Aquello que las instituciones de educación superior se plantean como valor-fin es promover y proteger un bien público y social. No hay que perder de vista este horizonte, muchas veces oscurecido por otros valores-medio (la innovación, la competitividad, la internacionalización, la transparencia, la participación, la eficiencia, etc.), que adquieren tanto protagonismo en los planes estratégicos de la educación superior, y terminan convirtiéndose en valores-fin instrumentalizados (cuando no alejándose de ese horizonte inicial). Debería establecerse cierta alerta que permita darse cuenta de cuándo los valores-medio están colonizando y adquiriendo una trascendencia desmedida en el proyecto universitario. No solo convirtiéndose en valores-fin, (algo que ocurre de ma-
nera natural en el ámbito empresarial), sino incluso desplazando a los recogidos en las declaraciones misionales de las Universidades. Hoy en día, es posible distinguir distintos niveles en el modo que las instituciones de educación superior están delineando los contornos de su responsabilidad con la sociedad y, consecuentemente, desarrollando las funciones asociadas a los distintos ámbitos de su misión. • En un primer nivel, se encuentran respuestas asociadas a las funciones tradicionales y básicas de la Universidad en el ámbito educativo, investigativo y de transferencia de conocimiento, donde el aspecto del interés común, público y social está (o debería estar) definido con bastante claridad, tanto en sus declaraciones misionales como en el desarrollo de sus planes estratégicos. En este punto, es fácil advertir los esfuerzos que están realizando las instituciones de educación superior para concretar su responsabilidad en un contexto globalizado, al que hay que adaptarse, incorporando estrategias relacionadas con nuevas metodologías de aprendizaje, ampliación de relaciones con agentes y actores sociales, culturales y económicos, políticas de investigación básica, etc. Todas estas iniciativas están ligadas al terreno de lo social y permiten ser analizadas, sin muchas dificultades, en términos de pertinencia y relevancia social. • En un segundo nivel, se encuentran respuestas relacionadas con el ámbito de la investigación de excelencia, vinculada principalmente con la formación predoctoral y posdoctoral más especializada, y con la investigación competitiva promovida desde las instituciones públicas. En este estadio, es fácil advertir los esfuerzos de las Universidades por concretar su responsabilidad con la generación y transmisión del conocimiento y con la investigación básica y aplicada, no solo en el ámbito de las ciencias, sino, de manera generalizada en el de las humanidades, las ciencias sociales, la ciencias de la salud, etc. Aunque el nicho de los criterios, sobre los que se sustenten, apunte básicamente a un modelo de investigación del que están alejadas algunas disciplinas tradicionales. Este, en cualquier caso, es un nivel que todavía genera investigación y transferencia con señas de identidad propias en el ámbito de la reflexión crítica, y donde “lo público” sigue teniendo preeminencia frente a lo “privado”,
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aunque es, aquí precisamente, cuando empiezan a hacerse menos nítidas las líneas divisorias entre ambos. Sin embargo, todavía es posible distinguir en este segundo nivel, indicadores de impacto en términos de relevancia y pertinencia social que obligan a justificar la difusión pública de los resultados de investigación, y su alcance en términos de beneficio social para la comunidad científica y la sociedad en su conjunto. • Existe un tercer nivel en el que las respuestas de la Universidad están vinculadas con ese rol, cada vez más consolidado, que la reconoce en su papel de agente prestador de servicios mercantiles, en los ámbitos privados de la esfera económica. Se muestran como funciones “de oportunidad” que surgen como respuesta a una demanda explícita a la que hay atender en el corto plazo, desde un enfoque muy aplicado, un impacto muy inmediato y un alcance económico significativo para la institución universitaria. En esta categoría, los resultados de estos procesos son apropiables. De ahí que sea más difícil precisar el alcance de esta prestación en términos de “bien público”. Aquí la ambivalencia entre la producción de servicios mercantiles y de servicios públicos plantea obstáculos de alcance, que la obligan a planificar y diferenciar bien estos ámbitos de actuación en la estrategia institucional. Teniendo en cuenta la tendencia de las instituciones de educación superior en cada uno de esos niveles, conviene decir que es importante definir bien la preeminencia que, en el conjunto del proyecto universitario, están teniendo las iniciativas desarrolladas. Ciertamente, no es la misma la responsabilidad de la Universidad con la sociedad en uno u otro estadio. Cada una de ellos demanda de la ella respuestas distintas. El problema surge cuando las fronteras entre esos niveles no son claras y alguno de ellos condiciona sustancialmente a los restantes. Lo que parece estar advirtiendo el discurso crítico sobre la responsabilidad de la institución es, precisamente, que los criterios del tercer nivel, más cercanos a la naturaleza empresarial, se están convirtiendo en el principal y único patrón de medida de toda la estrategia universitaria, llegando a afectar tanto a su autonomía como a su propio gobierno. La responsabilidad de las Universidades consiste, en los dos primeros niveles, en contribuir al desarrollo económico, social y cultural de las sociedades, en generar nuevos saberes a través de la
investigación y trasmitirlos adecuadamente. La institución universitaria influye de manera radical en la sociedad, y por eso es responsable de canalizar esa intervención con una clara orientación transformadora hacia los ámbitos de vulnerabilidad social y económica presentes en la sociedad. Lo viene haciendo desde su misma constitución. De ahí que sea preciso reconocer su valor transformador. Este valor es, precisamente, el que se rescata de los dos primeros niveles señalados: concede más legitimidad al lugar que la Universidad ocupa en la sociedad. VALORACIÓN CRÍTICA A ALGUNAS INICIATIVAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LAS UNIVERSIDADES Aclarado el despliegue que exigen algunos de los elementos-guía de esta reflexión sobre la responsabilidad, se esbozan, muy brevemente, algunas iniciativas de responsabilidad social universitaria que se están promoviendo. Para ello, se han dividido en dos grandes bloques, atendiendo a que, la mayoría está orientada a mejorar el gobierno y la gestión de las organizaciones, y, muy nítidamente, a incorporarlas, poco a poco en el ámbito formativo, a través del enfoque por competencias, mediante iniciativas de promoción del voluntariado estudiantil, el compromiso y la participación social. La responsabilidad social como una herramienta para mejorar el gobierno y la gestión de las Universidades Es este apartado, se analiza el alcance de la primera tendencia. Lo primero que cabe señalar al respecto es que esa vinculación determina una concreta aproximación al enfoque de la responsabilidad social: como ya se expuso, se está pensando en la “responsabilidad social” como una herramienta cuyo objetivo es ayudar a mejorar, en algunos aspectos, la gestión y el gobierno de las instituciones de educación superior. Teniendo en cuenta las características específicas que definen la misión y, por tanto, los distintos ámbitos de actividad de las Universidades, lo cierto es que este enfoque, en realidad, poco se distingue del que se aplica en las estructuras de organización económicas en la sociedad. De hecho, algunas aproximaciones a la RSU, a veces, contribuyen a alimentar esa confusión cuando se obstinan por trasladar a la Universidad las
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iniciativas de responsabilidad social que se están llevando a cabo en el ámbito empresarial. Existen limitaciones importantes en esa aproximación a la responsabilidad de las organizaciones, incluso en un contexto estrictamente mercantil. También, por tanto, en el que corresponde a las instituciones. La Universidad necesita un discurso propio sobre el concepto. Las fronteras sobre cómo las deben gobernar y gestionar sus recursos para hacer frente a la misión son mucho más tenues e imprecisas. En ese sentido, el enfoque estrictamente empresarial muestra profundas insuficiencias para ser aplicado en ese contexto. A pesar de ello, no faltan intentos de “colar” por ese hueco modelos de gestión de la responsabilidad social dirigidos a empresas, ligeramente adaptados a un ámbito como el universitario: es insuficiente: el interés por las cuestiones medioambientales frente a otros más propios de la misión universitaria es un ejemplo claro de lo que se quiere decir. Si bien es cierto que la Universidad no es ajena a esa responsabilidad por el entorno, desde las claves del cuidado y respeto medioambiental, lo sustantivo para ella es ver cómo opera dicha preocupación desde el marco de lo que es propio al desarrollo de esa misión. No debe olvidarse que en esos procesos de diagnostico los indicadores son un elemento más. Tampoco se debe dejar de lado que los indicadores concretos tienen menos importancia si se gestiona todo esto desde la transparencia y la participación. Esos indicadores pueden variar en el tiempo, en número y en contenido. Sus valores puntuales son menos importantes que los procesos. Sin perder de vista el imprescindible liderazgo de los responsables máximos, ya que sin él, todo este trabajo de “diagnóstico” puede convertirse en un artefacto académico sin valor alguno para la institución. Quizás este recorrido ya esté avanzado en muchas Universidades, pero es necesario que se tenga en cuenta para las que se incorporan por primera vez al tema de la responsabilidad social. La responsabilidad social como una herramienta para favorecer la proyección social de la Universidad Tampoco han faltado intentos de derivar la RSU hacia ese otro escenario que conforma la acción social de la Universidad, poblando su ámbito de intervención en la sociedad de iniciativas no exentas muchas veces de un carácter paternalista, meramen-
te asistencial o caritativo. En uno u otro sentido, lo cierto es que, a menudo, es fácil identificar prácticas de responsabilidad en Universidades desde un enfoque que remite directamente a un sentido de la responsabilidad asistencial y reactivo, cuya razón de ser se sustenta en el argumento de que la institución es “responsable” de devolver a la sociedad aquello que ella misma le ha posibilitado. El contenido de la responsabilidad se entiende, en este caso, en términos de “deuda con la sociedad” y viene a concretarse en la valoración de cuál es, en términos cuantitativos, la contribución de la Universidad en la sociedad en términos de resultados / productos. Este enfoque utilitarista, entendido en su sentido más radical, obliga en, última instancia, a las Universidades a valorar aquellos aspectos que, en términos de utilidad, le permiten ser “socialmente” más responsable. Cuanto mayor sea su capacidad de generar resultados positivos, mayor será su contribución a la sociedad y más pertinente su contribución con la sociedad. Las memorias de actividades, la presencia en los rankings de Universidades excelentes, o la publicación de los éxitos académicos o de investigación, se convierten en elementos importantes de valoración de los resultados de la tarea universitaria. La excelencia, en fin, se mide en términos cuantitativos. Cuestión que no implica, en sí misma, un juicio moral, pero que debe llevar a valorar, en cualquier caso, las razones que hay detrás de ese enconado interés por medir la excelencia únicamente desde una perspectiva competitiva, y no desde una perspectiva social. De todas maneras, es de justicia reconocer que existen decisiones de responsabilidad en el marco de las Universidades, que tienen como objetivo poner en valor aquellos elementos que conforman la agenda social de la institución universitaria, y que son capaces de generar motivación, implicación y mucho dinamismo en la comunidad universitaria. Muchas de estas iniciativas “sociales” tienen un impacto positivo muy importante, a pesar del carácter asistencial y paternalista de muchas de ellas. En este marco y con objetivos motivados por una clara vocación social, se diseñan programas de participación social o de voluntariado en los tres ámbitos de actuación propios de las Universidades. Conviene recordar, no obstante, que la mayor debilidad de estas iniciativas es que, aunque son manifestación de su compromiso social e intentan responder a una sincera voluntad de la institución por integrarse
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e interactuar con la sociedad, no están integradas en el marco de políticas integrales de la Universidad; no suelen estar conectadas con sus objetivos estratégicos o en coherencia con las líneas de actuación diseñadas para el desarrollo de su misión. Con frecuencia son iniciativas aisladas, con un enfoque muy a córto plazo, poco estructuradas en torno a una agenda común de la Universidad y que no están integradas ni en cooperación con otras iniciativas que se suelen ofertar, con los mismos objetivos, desde otros centros de la misma institución. Suelen ser además decisiones que se planifican para cumplir objetivos propios de la institución y que están poco descentradas respecto de ella misma: no se construyen en diálogo con el resto de la sociedad a la que la Universidad trata de responder. Un ejemplo puede encontrarse en los programas de voluntariado, diseñados para los estudiantes como parte de su proceso de formación. Se admite que este nivel de responsabilidad supone un avance cualitativo importante respecto al anterior, sobre todo en lo que se refiere a la disposición de la institución frente a su compromiso social. No obstante, es determinante reconocer, también, que son iniciativas necesitadas de mayor coordinación y de mayor compromiso institucional. EL VALOR TRANSFORMADOR DE LAS UNIVERSIDADES Como se indicó al inicio del artículo, un debate serio y fértil sobre la responsabilidad de las Universidades en el proyecto de construcción de una sociedad pasa por reconocer su valor transformador. Lo cual implica poner las distintas funciones de la misión universitaria al servicio de ese valor, es decir, al servicio del bien público y social que tratan de promover. La respuesta de por qué esto debe ser así, hay que ir a buscarla precisamente en esa vocación social presente en el corazón mismo de la misión universitaria. Admitir que en eso mismo, y no en otra cosa, consiste el elemento nuclear de la responsabilidad de las Universidades supone reconocer que su identidad, todo lo que ellas hacen y son, está motivado por esa reconocida vocación social y orientado a ese objetivo transformador. Otra cosa es la manera como luego responde a esa vocación y qué estrategias planifica para conseguir ese objetivo. Otra cosa son las, cada vez mayores, dificultades para reconocer su valor transformador
y para concretar su vocación social en proyectos alineados con la transformación social. Pero ni lo uno ni lo otro desmienten que la responsabilidad universitaria se sustenta en su obligación de transformar. La Universidad no está comprometida únicamente con responder a las demandas de la sociedad, y mucho menos, con responder solo a algunas de ellas, principalmente a las que provienen de las estructuras de la esfera de lo económico. Su verdadera responsabilidad, en fin, no consiste únicamente en responder, sino en cómo responde, a quién responde, de qué manera responde, etc. El reto transformador lo juega en estas preguntas finales, no solo en el hecho mismo de responder. Por eso, es necesario que esa vocación transformadora de la Universidad se canalice y permee en el proceso de planificación y gestión de su actividad; que esté presente y visible en el desarrollo de las funciones que le son propias; y que se concretice en sus objetivos estratégicos, en acciones especificas. Si algo se quiere cuantificar y evaluar en las instituciones universitarias, el empeño debe ir encaminado no tanto a medir qué tan responsables son, sino cuál es el valor transformador que es capaz de generar. Y los resultados deben ir encaminados a rendir cuentas, no tanto de lo primero, sino de lo segundo: de aquello con lo que contribuyen para la promoción de la justicia en la sociedad. Aquí está la clave. REFERENCIAS:
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APORTES
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LA RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA EN ACCIÓN: UNA PERSPECTIVA DESDE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
LUIS ENRIQUE ARANGO JIMÉNEZ1
En el año 2010, el Consejo Superior de la Universidad, creó la Vicerrectoría de Responsabilidad Social y Bienestar Universitario. Fue la culminación de una serie de esfuerzos para plasmar el tema social en un plan estratégico íntimamente ligado con la sociedad. En el Plan de Desarrollo Institucional, que se ajustó de acuerdo con la nueva realidad, se le ha encargado a la nueva vicerrectoría la articulación de las acciones asimilables a la responsabilidad social (RS), que, desde diferentes dependencias y con anterioridad, se han venido adelantando: la extensión de la responsabilidad social a todas las acciones, prácticas y funciones de la Universidad, y por supuesto la garantía de la calidad de vida y el desarrollo humano sostenible de la comunidad universitaria. Con este ejercicio de la UTP, pionero en el mundo de las Universidades, seguido a mediados del año pasado por la Universidad de San Sebastián en Chile, se inicia la preparación de las instituciones para afrontar el que puede considerarse uno de sus mayores desafíos en la ya larga historia de establecimientos universitarios de Occidente. En efecto, le corresponde a las Universidades, como instituciones, y a la educación, como proceso social, contribuir a corregir el rumbo general de la sociedad global y avanzar en la construcción de condiciones de sostenibilidad, desarrollo humano y equidad, en el marco de una sociedad responsable. El movimiento de responsabilidad social desde las empresas ya ha comenzado a sentar las bases axiológicas de una economía fundamentada en la ética, y se han transformado los criterios básicos del funcionamiento económico. Buena parte de las transacciones actuales en los mercados se realizan en estricta observación de principios éticos que a modo de acuerdos autorregulan el comportamiento de las empresas en materias como los derechos humanos, las prácticas laborales, la protección del medio ambiente y la probidad corporativa.
Sin embargo, la economía ética y la sociedad responsable requieren de una mayor generalización de la conciencia y sensibilidad para iniciar el cambio de rumbo, sin embargo, carecen todavía del conocimiento apropiado para hacerlo. Esto abre una gran oportunidad a las Universidades, de una parte, para complementar la formación de sus estudiantes con los fundamentos que construyan en ellos capacidades de gestión y liderazgo para la sociedad responsable; y de otra, para orientar la producción científica y tecnológica, para satisfacer las nuevas necesidades de una sociedad en términos sostenibles y basadas en la ética. Las Universidades deben ser un modelo de sociedad responsable. Ello implica que las características y dinámicas propias de las comunidades universitarias, la disposición y uso del campus, la gestión general de la institución, la formación, la investigación y la extensión, como funciones centrales universitarias, deben entonces reflejar una postura ética, que represente un ideal para la sociedad: deben integrarse a la sociedad para apoyar su transformación hacia la esperanza, la prosperidad y la libertad. La Universidad Tecnológica de Pereira busca ser un escenario de cohesión social. Las políticas de inclusión han permitido que varios cientos de estudiantes de municipios alejados del área metropolitana de Risaralda y otras regiones del país superen no solo las barreras geográficas y socioeconómicas, sino también las académicas y vocacionales que les impedían acceder a la educación superior y a todas las oportunidades que de ella se derivan. Otro tanto se podría decir de las minorías sociales que encuentran facilidades para el ingreso y la permanencia. A través de los programas de salud y atención integral de la nueva vicerrectoría, apoyada por un observatorio social, se busca garantizar un abordaje multidimensional, integral, de la vida universitaria.
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Rector de la Universidad Tecnológica de Pereira.
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LUIS ENRIQUE ARANGO JIMÉNEZ
En sus primeros cincuenta años, la UTP aprendió que la formación no es independiente del contexto ni de las condiciones en las que se realiza, y que si bien en muchos casos este no es el mejor para que el estudiantado asuma sus responsabilidades académicas e investigativas, sí le corresponde a la Universidad tratar, en la medida de sus capacidades, de generar unas condiciones de vida dignas para la educación. Esto se traduce en un programa de vinculación social mediante el cual el estudiante recibe un conjunto de apoyos económicos, académicos sociales y sicológicos que le permiten permanecer exitosamente en sus estudios, y a la vez le brindan la oportunidad de prestar un servicio social bien en asuntos internos de la Universidad o en algunos de sus programas de extensión. La UTP se asume como un sistema social responsable. Esto quiere decir que, de manera permanente, busca el equilibrio entre las necesidades y expectativas de todos sus grupos de interés, con la prioridad de siempre: lograr que con dicho equilibrio permita ser, en sí misma, responsable y contribuir de manera determinante en la instauración de la sociedad de la responsabilidad, por lo menos en el entorno cultural y geográfico del Eje Cafetero. Con cada grupo de interés, se mantiene un dialogo abierto, franco y constructivo, que se expresa en alianzas de trabajo, programas de extensión, proyectos de investigación y programas de servicio social, a través de redes, y entramados sociales que buscan el desarrollo y que nos exigen un mejoramiento continuo.
En esta perspectiva de actuar como sistema responsable, la UTP ha iniciado el desarrollo de su cadena de valor educativa. En la actualidad la Universidad es la operadora de los Ceres del departamento de Risaralda; incursionó en la formación por ciclos propedéuticos, y en la articulación con la educación media. Inició la aproximación con todo el sistema de educación básica para acompañar tanto en el mejoramiento de la calidad y la pertinencia, como la formación de valores, la ética, la responsabilidad social, en entornos educativos de inclusión y cohesión social. Es mucho lo que hay que aprender y lo que hay que hacer; los desafíos son crecientes. En los últimos diez años la Universidad triplicó, y un poco más, su población estudiantil sin poner en riesgo la calidad de la formación. Esta ampliación de cobertura con calidad y dignidad muestra que la eficiencia del recurso público hace parte también de las consideraciones éticas de la gestión universitaria. Con la creación de la Vicerrectoría, se espera también iniciar la estructuración de nuevas políticas y programas de responsabilidad social universitaria. La UTP está segura de que aún es necesario profundizar en el concepto y en las prácticas, y espera, en el corto plazo, el inicio de un diálogo nacional e internacional de las Universidades acerca de cómo hacer más efectivo el aporte para la sociedad responsable. Por lo pronto, la Universidad continuará insistiendo en la visión de una institución responsable, de una formación basada en la ética, y en la gestión, investigación, innovación y extensión que permitan el cambio de rumbo de la humanidad.
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RED DE EMPRENDIMIENTO SOCIAL UNIVERSIDAD DE IBAGUÉ
CLARA INÉS OROZCO ARISTIZABAL1
Sobre los años setenta, un grupo de empresarios evidenció que el Tolima requería oportunidades de educación superior, puesto que la Universidad pública que operaba en la región, era insuficiente para cubrir las necesidades de cupos y la diversificación de programas que demandaba la creciente población y los requerimientos de desarrollo regional. Por otra parte, era conocida la imposibilidad de que el Estado resolviera esta carencia, y también era claro que la falta de acceso a la educación superior consolida una sociedad excluyente, elitista y rezagada en su desarrollo, situación que a su vez implicaba para muchos jóvenes la necesidad de dejar su región, con poca posibilidad de retorno. Para otros, significaba la frustración del sueño de cursar estudios universitarios, puesto que sus responsabilidades familiares, laborales y limitaciones económicas le hacían imposible el desplazamiento a otras ciudades. En estas condiciones era indispensable que las empresas y la sociedad civil aunaran esfuerzos para crear en la región una institución de educación superior que, en medio de las limitaciones existentes, trabajara en la creación de condiciones propicias para ofrecer educación de alta calidad en campos estratégicos, para el desarrollo regional, y formar seres humanos integrales y equilibrados en su compromiso consigo mismos, con los otros, con su región y con el país. Teniendo en cuenta estas consideraciones, veintidós personas naturales y dos personas jurídicas aunaron esfuerzos para concretar la fundación de la Corporación Universitaria de Ibagué en agosto de 1980, que hoy es la reconocida Universidad de Ibagué. Con la misma idea de responsabilidad social con la que fue concebida, y que orienta sus programas de formación, hoy se desarrolla la red de emprendimiento social en la que participan directivos, docentes y funcionarios.
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Directora Cendes Tolima
En el año 2004, y ante la existencia de un alto número de personas capacitadas que no se ubican laboralmente por la falta de fuentes de empleo en la ciudad, o porque no cumplen todos los requisitos laborales exigidos por las empresas, la Universidad decide ofrecer nuevas herramientas empresariales que permitan a estas personas crear Unidades de negocio que les generen ingresos para el sustento diario personal y de sus familias. En este contexto se crea el Centro de Desarrollo Productivo, Cendes Tolima, en convenio con entidades locales, nacionales e internacionales y se implementa la Red de Emprendimiento Sociál, que se caracteriza por: • Utilizar una metodología participativa, asociativa y personalizada que estimula la voluntad y el compromiso de la población vinculada. • Tener un laboratorio empresarial para dinamizar ideas, identificar oportunidades de mercado, fomentar la cultura organizacional, asesorar procesos de producción y apoyar la comercialización de los productos. • Brindar oportunidades a los jóvenes universitarios innovadores y visionarios, de realizar pasantías, trabajos de grado o prácticas empresariales que les permitan aplicar sus conocimientos teóricos en unidades productivas en formación. • Generar, en poblaciones pobres y vulnerables, mayores niveles de cualificación para el trabajo, reconocimiento social, dignificación de oficios y desarrollo de formas de organización empresarial, que apoyen la sostenibilidad de los negocios y mejoren las condiciones de vida de los beneficiados. • Permitir a las unidades de negocio asumir riesgos, superar obstáculos, suplir necesidades y consolidar alianzas estratégicas entre agentes institucionales, económicos y gremiales, orientados a generar progreso. • Desarrollar procesos asociativos mediante grupos interdisciplinarios integrados por docentes, estudiantes y profesionales de la Universidad y profesionales de Cendes Tolima.
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CLARA INÉS OROZCO ARISTIZáBAL
• Manejar el crédito social a través del cual se obtiene el capital semilla para emprender o fortalecer unidades de negocios. • Participar en actividades de mercadeo y comercialización que les permiten a las unidades de negocio en incubación dar a conocer sus productos. • Realizar alianzas interinstitucionales, con el fin de fortalecer y cumplir con la responsabilidad social empresarial. Este programa de emprendimiento se desarrolla en tres fases, como se ilustra de manera resumida en la gráfica 1: 1. Preincubación: Dirigida al fomento y difusión del espíritu emprendedor. En esta fase se identifica el perfil de los participantes, se desarrollan habilidades y se ofrece formación en emprendimiento para formular el plan de negocios. 2. Incubación: Proceso mediante el cual se consigue el capital semilla para implementar la idea de negocio. En esta etapa se busca propiciar la aplicación de conocimientos en la solución de problemas cotidianos, mejorar el nivel de las unidades de negocio y dinamizar la actividad laboral. 3. Posincubación: Fase orientada al fortalecimiento de las unidades de negocio para fomentar el mer-
cadeo, la comercialización y formalización de las empresas, mediante la vinculación a las diferentes redes (red empresarial Cendes Tolima, Prodes), en aras de disminuir la economía informal. Población objetivo Todas estas acciones están orientadas al trabajo con población vulnerable para promover la inclusión económica. Las personas que más participaron fueron las afectadas por la violencia: campesinos que se vieron obligados a desplazarse a la ciudad para proteger su integridad personal y la de su familia. financiación La financiación de la Red de Emprendimiento Social se basa principalmente en: • Crédito social, que cuenta con un capital de 400 millones de pesos; capital semilla en rotación y financiado por la comunidad internacional. • Talento humano e infraestructura física, ubicada en Cendes Tolima, Km 12, vía Picaleña – El Espinal. • Apoyo de estudiantes universitarios (aproximadamente 5 al semestre) asignados como pasantes o como práctica social. • Proyectos nacionales e internacionales, que aportan un capital semilla para el emprendi-
Gráfica 1: Red de Emprendimiento Social de la Universidad de Ibagué: Proceso de incubación de proyectos productivos
RED DE EMPRENDIMIENTO SOCIAL UNIVERSIDAD DE IBAGUÉ
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miento de unidades de negocio en las familias desplazadas y reinsertadas. Principales resultados • Participación de 84 estudiantes, que se han vinculado a través de pasantías, trabajos de grado y semestre social de la Universidad de Ibagué, la Universidad del Tolima y del Servicio Nacional de aprendizaje (SENA). • Ejecución de proyectos complementarios como resultado de las acciones de gestión, entre las que se destacan: - Proyecto de autoconstrucción, mediante el cual se beneficiaron 340 participantes del programa, quienes obtuvieron su vivienda. - Proyecto de educación “Escuelas que educan y sanan”, por el cual se han beneficiado 700 niños, hijos de los participantes del programa. - Proyecto alimenticio vinculado al Programa Mundial de Alimentos para el proceso de autoconstrucción. - Proyecto de Educación Legal: Derecho de Alimentos de Niños y Niñas adolescentes, en el que participaron las madres adolescentes del programa. - Proyecto operador de decomisos, mediante el cual se dotó de materia prima a las unidades de negocio de confecciones vinculadas al programa. • Creación de aproximadamente 500 unidades de negocio, que permitieron el ingreso de numerosas personas a los sectores económicos, especialmente al comercio, apoyadas con el capital semilla del programa. • Fortalecimiento de más de 200 unidades de negocio apoyadas por el programa, que participan en ferias y exposiciones donde ofrecen sus productos. • Participación de 97 empresas como proveedoras o asesoras de las nuevas unidades de negocio. Impactos • En el montaje de las unidades de negocio se han vinculado 42 empresas proveedoras, que ofrecen un buen servicio preventa y posventa, asesorando a los participantes. • La unidades de negocio fortalecidas incrementaron su capital semilla, lo que permitió ofrecer mayores volúmenes de producción.
• Incremento del número de pequeñas empresas en la región, que se ubican tanto en la zona urbana como rural de la ciudad. • Trabajo en red de los participantes del proyecto, que permite dinamizar actividades de comercialización y mercadeo en pro de las unidades implementadas. • Generación de 88 empleos adicionales en las diferentes unidades de negocio, de los cuales el 85% es desempeñado por otro miembro de la familia y el 15% no son familiares. • El 63% de las unidades de negocio reporta un promedio de ventas por valor de $1.000.000 y una utilidad de $480.000 mensuales, cantidad que a muchos les permite reinvertir, ahorrar y mejorar sus condiciones de vida. • El proyecto ha generado un cambio de actitud en los participantes, motivándolos a seguir adelante, como lo manifiesta la señora Rubiela Mendoza en un acto de reconocimiento al trabajo realizado: “...Para nosotros han sido personas muy importantes pues nos han guiado sobre otro estilo de vida y gracias a ellos somos hoy gente de muchas aspiraciones, oportunidades y nuevas perspectivas”. Principales aprendizajes generados por la iniciativa • La Red de Emprendimiento Social, con su crédito social y el laboratorio empresarial, permite el trabajo asociativo y las acciones de comercialización conjuntas en bien de los negocios. • Para garantizar la sostenibilidad de los negocios, se deben vincular las unidades de negocio conformadas con las redes empresariales existentes, como Prodes y la red empresarial Cendes. • Para lograr una mayor eficiencia en la realización de las actividades de responsabilidad social, se deben generar sinergias entre instituciones públicas, privadas, Universidades y la comunidad en general, optimizando recursos para generar un mayor impacto en lo social. • Para lograr un mayor impacto en los programas de responsabilidad social, se debe sensibilizar a la comunidad y difundir los resultados entre los estudiantes para motivarlos en la participación activa en estos programas. • Se deben integrar los programas prácticos de responsabilidad social con los programas académicos, para que los alumnos apliquen e incorporen sus conocimientos con la realidad de su
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entorno y se comprometan con el apoyo a los sectores menos favorecidos. • Las asesorías que prestan los estudiantes a los negocios elevan la posibilidad de progreso y sostenibilidad de los mismos. • Se requiere del seguimiento y acompañamiento a las unidades de negocio para obtener su sostenibilidad. • Para lograr un progreso y reconocimiento de los negocios se debe trabajar en red, lo que permite una disminución de costos mediante economías de escala y la ampliación de los volúmenes de producción para responder a la demanda.
Iniciativa de RSU La Universidad de Ibagué, en su misión de formar profesionales comprometidos con la situación social de la región, propicia sinergias entre la formación académica y la comunidad a través de la Red de Emprendimiento Social, donde los alumnos aplican y transfieren sus conocimientos teóricos a personas vulnerables, quienes inician una actividad empresarial como respuesta a su situación crítica de subsistencia. De esta forma, la Universidad cumple con su responsabilidad social universitaria y apoya la generación de nuevas empresas como estrategia de desarrollo regional.
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OBSERVATORIO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA ORSU RESPOSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA: HACIA UN NUEVO HUMANISMO
HUMBERTO GRIMALDO DURáN1
El hombre razona pero también, por la razón, reconoce su ignorancia, principio natural de toda sabiduría, según Sócrates. Es decir, lo racional aboca a la incertidumbre de reconocer que, entre más razón se aplica, menos conocimiento se tiene. Cuando buscamos razones para entender la persona, su entorno, su pensar, su hacer, la incertidumbre es mayor, pero nos consuela saber que esa búsqueda es ya una propia conquista. El saber universitario, desde épocas atávicas hasta nuestros días, no es un saber ausente y descolorido sino que adquiere sentido, en cuanto referencia al mundo, a la sociedad: crea y da sentido a una humanitas solidaria cualquiera sea la Universidad, cualquiera sea su proyecto educativo; la humanitas no se limita al reconocimiento de una ignorancia, sino que dicha ignorancia es una actitud de perfección, es una actitud positiva un ser y hacer propios, auténticos, autónomos. La humanitas en la Universidad se entiende como un camino hacia el mejoramiento, hacia la calidad, pero también hacia la comunidad, ya que nos damos cuenta de que una búsqueda tan alta sería infructuosa si cada uno la buscara por su cuenta y solo para sí y su propio provecho. Por lo tanto, el Observatorio de Responsabilidad Social Universitaria no propende por una erudición antropológica sino por una verdad juiciosa y reflexiva que no aísla a los hombres haciéndolos herméticos y sabios, sino que congrega y convoca el conocimiento y las personas en una comunidad real de saberes, ánimos y actitudes. El observatorio se ha convertido en un faro reflexivo y ejecutivo de uno de los temas medulares de cualquier acción universitaria: sentido social, responsabilidad social, sostenibilidad realidad imperativa que ha sido propuesta y se consolida con cuatro años de trabajos continuos que cumplimos hoy. Este esfuerzo mancomunado se sustenta en una profunda reflexión filosófica y en una verdadera praxis sobre la responsabilidad social, quicio
de cualquier pensamiento y acción sobre cualquier realidad. Una responsabilidad social real y verdadera es heredera de un claro concepto de persona. En cuatro años de trabajo se ha ganado en institucionalidad, convirtiendo el observatorio en una reunión fraterna de amigos e intereses pero también en un organismo vivo, con reconocimiento nacional e internacional, muy dinámico y comprometido así como deben ser la educación y la cultura de las responsabilidades sociales; siempre dinámicas y activas. ORSU Colombia es una red de redes, que hoy se afianza como una red temática de la Unesco, con un proyecto común, Familias y Ciudadanías que se ha venido convirtiendo, gracias a la incesante labor de profesores de los miembros de nuestras Universidades, en un generador real de paz y concordia en una zona marginal de Bogotá. Una red con una secretaría académica que vela por una reflexión permanente de estudios y estudiosos sobre responsabilidad social; una red de redes con una secretaría de buenas prácticas que va siguiendo de manera organizada y metódica las prácticas de responsabilidad social, consolidadas en cada una de las Universidades. Se cuenta, además, con una secretaría de publicaciones, que vela por la actualización de toda la información y propende por una difusión de nuestros trabajos. Una secretaría estudiantil que vincula prácticas estudiantiles al proyecto común e integra discentes en el trabajo reflexivo y operativo. El observatorio es entonces estandarte de una nueva cultura en la Universidad que es propia además de su naturaleza; la responsabilidad social no es un adjetivo más de la educación sino su más profunda esencia y razón de ser. Las actividades del observatorio permiten trascender, en primer lugar, nuestra propia frontera universitaria, pero también permiten proyectar un trabajo hecho con ahínco dedicación y alegría. La labor diplomática hecha por la Secretaria General
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Secretario General del Observatorio de Responsabilidad Social Universitaria ORSU – Colombia.
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para la difusión del observatorio, en ámbitos tan reconocidos como la Conferencia de Educación Superior de Unesco (2009) o en Organismos de Cooperación Internacional como GUNI o Adveniat, se ha apoyado en el trabajo de cada uno de los representantes de los rectores, que no solo asisten regularmente a las sesiones ordinarias, sino que participan activamente en los comités de cada una de las secretarias y gestionan en la Universidad recursos humanos y financieros para el crecimiento del observatorio. De igual manera, este ha contado con un especial mentor académico, el profesor Guillermo Hoyos Vásquez, con quien se ha tenido la oportunidad de sostener importantes discusiones y de quien el observatorio ha recibido conspicuas ideas sobre responsabilidad social. El Observatorio de Responsabilidad Social Universitaria es un grupo de trabajo compuesto por veintidós instituciones de educación superior de orden nacional en el que se construye academia entorno a la responsabilidad social y se realizan proyectos comunes de impacto social de carácter interdisciplinar e interinstitucional. El observatorio fue instaurado el 16 de febrero de 2007 por iniciativa de la Universidad Católica de Colombia y la Pontificia Universidad Javeriana. Fue apoyado por el Instituto Internacional para la Educación Superior en América Latina y el Caribe - Unesco-IESALC, la Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina - AUSJAL y la Red Universitaria Mundial para la Innovación – GUNI. Nuestra prioridad es trabajar en temas orientados a contribuir a la erradicación de la pobreza en Colombia con las siguientes líneas temáticas: • Organización social • Mejoramiento del entorno • Hábitat y medio ambiente • Desarrollo • Derechos humanos y formación ciudadana • Salud y nutrición • Educación
El objetivo principal del observatorio es articular una red nacional e internacional que, desde la academia: • Dinamice un debate permanente entorno a la responsabilidad social universitaria (RSU). • Sistematice y socialice las experiencias institucionales referentes a responsabilidad social universitaria. • Consolide proyectos sociales comunes como respuesta a las situaciones de inequidad, pobreza, violencia, corrupción, deterioro del medio ambiente, entre otras problemáticas, con carácter interdisciplinar, transdisciplinar e interinstitucional. En cuatro años de actividades, se ha logrado establecer unas mesas de trabajo dedicadas a temas específicos relacionados con el funcionamiento del observatorio; se ha puesto en marcha un proyecto común que se llama Familias y Ciudadanías; se han hecho siete encuentros académicos, además de 82 ciclos de debates. Se han planteado como retos: asumir la responsabilidad ciudadana como una práctica comunicativa que anime el debate sobre el interés público y los valores ciudadanos; crear lazos vinculantes de identidad colectiva a favor de poblaciones en situaciones de vulnerabilidad; y promover, desde las instituciones educativas la formación de profesionales gestores de ciudadanía y generadores de valores académicos, sociales, culturales, económicos y científicos, que de manera simultánea, favorezca el desarrollo e innovación y provea propuestas en la solución de problemas como la pobreza, la inequidad y la desigualdad. Por invitación de Unesco-IESALC, se extenderán las actividades a la Coordinación General del Observatorio del Proyecto Enlaces vía online, que tiene además de la coordinación una invitación a publicar en su portal de internet las actividades, los proyectos y los estudios de las mesas de trabajo y las instituciones miembro han venido desarrollando. Página Web: www.observatoriorsu.org
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EL CONOCIMIENTO AL SERVICIO DEL DESARROLLO: ExPERIENCIA DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA (RSU) DESDE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE BOLÍVAR (UTB)
PATRICIA MARTÍNEZ BARRIOS1
Se vive en la era del conocimiento. El saber se presenta en la sociedad como el principal recurso para la creación de un desarrollo sostenible. Un desarrollo en el que la creación de la riqueza económica vaya de la mano del bienestar social y del respeto con el medio ambiente. Lamentablemente, estas afirmaciones contrastadas con la realidad parecen ser la excepción y no la regla. El conocimiento, en muchos casos, aumenta las brechas económicas y sociales; las ideas que surgen de él amenazan los recursos ambientales de esta y de las futuras generaciones. Entonces, cabe preguntarse ¿por qué el conocimiento no está a la altura de sus potencialidades y posibilidades? Para los estudiosos del tema son muchas las causas y los responsables. Entre las causas, se identifica, como común denominador, una escala de valores contraria a los principios que fundamentan el desarrollo sostenible, como base para la transmisión, asimilación y apropiación del conocimiento. Entre los responsables, se priorizan a las instituciones de formación al ser el principal agente transmisor del conocimiento. Es por ello, que cada vez existe un control social más riguroso que vela porque las Universidades sean socialmente responsables. Esto quiere decir, instituciones conscientes de su papel en la transformación social: coherentes y consistentes en una gestión institucional basada en valores como el respeto, la transparencia, la igualdad, el diálogo y la participación. La Universidad está llamada a asumir un papel protagónico en el cambio de paradigmas de cómo ejercer su tarea en la sociedad y que genere valor para el sistema. A través de sus metodologías de enseñanza y aprendizaje, y de su ejemplo institucional, permite que estudiantes, en su rol de ciudadanos y profesionales, se apropien de una forma de ver, entender y relacionarse desde su actividad
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profesional con su entorno. Dependerá, en buena medida, sobre los valores en que se soporta, si el profesional que egresa sea consciente o no de los impactos económicos, sociales y ambientales de su profesión en la sociedad y con sus grupos de interés. Para ello, es necesario que el profesional cuente con las competencias para entender su papel en la transformación de su entorno. Este desafío para las Universidades no da espera. Pares externos a la academia no parecen estar evaluando a las instituciones de educación superior satisfactoriamente. Muchas de ellas reprueban el examen con un costo muy alto para la sociedad. Lo anterior ha sido caldo de cultivo para que los egresados de estas instituciones de educación superior sean los artífices intelectuales de desastres económicos, sociales y ambientales en su área de influencia. El conocimiento al servicio de intereses egoístas y cortoplacistas. Si se hace una revisión de los proyectos educativos institucionales y de sus mallas curriculares, no se encuentran evidencias para señalar que, de forma intencional, se construyan algunas competencias transversales que deben ser los pilares en la formación profesional de un educando socialmente responsable. Así mismo, las metodologías de enseñanza y aprendizaje no se realizan con enfoques que permitan el abordaje de sus profesiones bajo el análisis de problemáticas locales y globales, en los que se vincule lo social, lo ambiental y lo económico. Sus metodologías pueden no garantizar el aprendizaje significativo, constructivo y de alto nivel de comprensión que nuestros educandos pueden llegar a tener. Esto es muchas veces inviable por la calidad humana y profesional de los docentes, donde habría que trabajar de forma intencional. El cambio de paradigmas en la formación debe comenzar por ellos.
Rectora de la Universidad Tecnológica de Bolívar. Presidente de la Red Universitaria Mutis. Miembro del Consejo Académico Internacional de la Multiversidad Mundo Real Edgar Morin, de la Junta Directiva de la Fundación Carolina-Colombia, de Universia, y de la Fundación Enrique Grau, entre otros.
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El cambio también debe considerar como actor prioritario y fundamental a la alta dirección de las Universidades, incorporando la responsabilidad social universitaria como una de sus banderas programáticas. Este debe ser uno de los valores que debe regir el marco axiológico. Para algunos, esto último ya es una redundancia. Las razones que aducen es que este valor ya es inherente a la razón de existir de las Universidades, a su naturaleza. Se comparte esta tesis, no obstante, es necesario explicitar lo obvio, no sea qué por no hacerlo se deje de lado del imaginario como compromiso de la Universidad. Como bien dicen: “del dicho al hecho hay mucho trecho”. Este valor institucional debe ser parte de su ADN y verse reflejado en sus prácticas y en su proyecto educativo institucional. El factor crítico de éxito será el transversalizar la RSU en el plan estratégico de la Universidad. Una gestión institucional que mida, además de la calidad y pertinencia de la oferta, sus impactos. Es este su sentido amplio por el que es imperativo abogar, el que hace parte de la formación, investigación, extensión o proyección social y gestión institucional. Y no el que tiene un alcance Gráfica 1
limitado, que ve la RSU desligado de las funciones sustantivas y tan sólo como prácticas humanitarias, altruistas y filantrópicas que benefician a la sociedad. Estas buenas acciones, las últimas, bien pueden ser lideradas por filántropos, ONG, fundaciones sociales, pero no deben ser las que centren los esfuerzos de los centros de formación e investigación. La experiencia de la Universidad Tecnológica de Bolívar -(UTB) Consecuentes con lo dicho anteriormente, en la UTB se procedió desde el 2009 a definir el concepto y alcance de la responsabilidad para la Universidad. Es así como, a partir de los valores institucionales de liderazgo, excelencia, respeto, servicio, transparencia y responsabilidad social, se incluyeron nuevos criterios de gestión acordes con los principios de responsabilidad social más aceptados a nivel global para las organizaciones y, en específico, se tomaron criterios aplicables al ámbito de la educación superior para Universidades. A partir de aquí, se desarrolló un modelo propio de RSU el cual se sintetiza en la siguiente gráfica:
EL CONOCIMIENTO AL SERVICIO DEL DESARROLLO
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Luego, se definió un eje temático transversal alrededor del cual se orientarían de, forma intencional, todas las actividades de formación, investigación, extensión y gestión, buscando generar un mayor impacto en el despliegue de las acciones misionales, organizacionales y estrategias de articulación con el entorno. El modelo, en la práctica, puede verse expresado en las gráficas 2 y 3, donde el desarrollo humano, local, regional, empresarial, tecnológico y medioambiental se traducen en una imbricación de los currículos (formación), en líneas de investigación interdisciplinares y actividades de extensión, logrando con ello conformar comunidades de aprendizaje para el desarrollo, corazón del enfoque de la RSU de la UTB. Con ello se ha logrado una mayor apertura de la Universidad hacia la sociedad y de la sociedad hacia la UTB, en una relación de beneficios mutuos, aprendizajes basado en proyectos sociales, y espacios de intercambios en los cuales Gráfica 2
cada quien pueda aportar al otro parte de los que necesita, recibir parte de lo que le falta y generar juntos provechos compartidos. La Universidad forma sus estudiantes y profesores; la comunidad se forma con ellos y los forma a ellos también. A finales del año 2009, la UTB se adhirió voluntariamente a los diez principios del Pacto Global de Naciones Unidas en Responsabilidad Social y Sostenibilidad y en específico, a los seis principios en educación responsable y en gestión responsable, diseñados para IES. En el 2010 se presentó el primer informe de sostenibilidad para rendir cuentas bajo los parámetros de responsabilidad social y sostenibilidad más aplicados en el mundo, Global Reporting Initiative -GRI. Impactos de la RSU en la cultura organizacional de la UTB La nueva mirada y propuesta de gestión, a partir de un modelo propio de RSU, ha permitido a la
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Gráfica 3
UTB un ejercicio de autoevaluación sobre el grado de alineación del PEI a valores asociados a la responsabilidad social y la sostenibilidad; ha significado una experiencia renovadora que ha exigido adaptación e innovación; también se constituye en una experiencia de mejora continua y de modernización de la gestión institucional a nuevas tendencias globales.
Retos futuros A partir de esta corta experiencia, se pretende avanzar en la apropiación de la RSU en todo el accionar institucional; presentar un primer informe de progreso al Pacto Global de Naciones Unidas con los avances en los compromisos asumidos de responsabilidad y sostenibilidad, exponer la segunda memoria de sostenibilidad, rendición de cuentas de la gestión universitaria teniendo en cuenta las preocupaciones sociales y ambientales que exige el entorno.
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EL OBSERVATORIO DE BIENESTAR Y RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA: fORTALEZAS, AVANCES Y AGENDAS DESDE LA INCLUSIÓN SOCIAL EN LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
JUAN CARLOS OROZCO CRUZ1 CARLOS CABANZO2
“La Educación Superior debe reforzar sus funciones de servicio a la sociedad, y más concretamente sus actividades encaminadas a erradicar la pobreza, la intolerancia, la violencia, el analfabetismo, el hambre, el deterioro del medio ambiente y las enfermedades, principalmente desde un planteamiento interdisciplinario y transdisciplinario. Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el siglo xxI: visión y acción (Unesco).
INTRODUCCIÓN La Universidad Pedagógica Nacional se encuentra en uno de los momentos más interesantes de su historia. Temas como la renovación curricular, la autoevaluación con fines de acreditación institucional, el Plan de Desarrollo, los Planes Estratégicos y el Proyecto Educativo Institucional dibujan la silueta de las nuevas redes, relaciones sociales, representaciones e imaginarios sobre los que se sustenta la Institución para el presente y el futuro. Desde este escenario, se hace necesario acentuar el rol de la educación superior como elemento de inclusión e integración de las comunidades educativas a los procesos de desarrollo económico y social. El fortalecimiento que han tenido los componentes de responsabilidad social universitaria, investigación, formación y la articulación que ha venido teniendo la Pedagógica, a través de Bienestar Universitario y del Observatorio de Bienestar y Responsabilidad Social, hacen necesaria una profundización y consolidación de los instrumentos pertinentes a cada uno de los procesos involucrados para lograr enriquecer los proyectos que se animan, intrainstitucionalmente e interinstitucionalmente, desde instancias locales y nacionales. La propuesta de responsabilidad social universitaria da cuenta del ser institucional como parte de la cotidianidad de la comunidad universitaria desde espacios, territorios, representaciones e imaginarios. Se configura como el punto de contacto de la Universidad Pedagógica Nacional en las diferentes ins1 2
tancias. La oferta está planteada, para toda la población universitaria con el ánimo de generar espacios de encuentro, consenso, y conformación de redes de tejido social. En esta invitación, estudiantes, funcionarios y docentes encuentran oportunidades para fortalecer y mejorar sus estados de bienestar desde la perspectiva de equidad que se enmarca, por una parte, en la formación permanente de cada uno de los integrantes de la comunidad universitaria, y por la otra, en el desarrollo de políticas que se fundamentan en el sentido de participación, responsabilidad social y carácter público de la institución. La responsabilidad social se consolida como un espacio en que la comunidad universitaria se ve reflejada, desde consideraciones de dignidad e inclusión, en prácticas de mejoramiento de sus estados de bienestar. La impronta promulgada desde los derechos y deberes consignados en la Constitución Política y los lineamientos suscritos desde la Ley 115 y la Ley 30 de 1992 son un marco de normas y de garantías conquistadas por el sistema educativo del país durante décadas, que mediante una gestión decidida redundan en el reconocimiento de los tres ejes que involucran a las instituciones educativas: calidad de vida, formación integral y comunidad universitaria. La responsabilidad social no es tema de unos pocos: es el bienestar de toda la comunidad universitaria y la sociedad, fundamentado en la interacción y construcción con todos los estamentos que conforman el alma mater: docentes, directivos, fun-
Rector Universidad Pedagógica Nacional, E-mail: rectoria@pedagogica.edu.co Coordinador del Observatorio de Bienestar y Responsabilidad Social de la Universidad Pedagógica Nacional.
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cionarios y estudiantes que, como parte primordial de la historia viva de la Universidad, son los multiplicadores naturales de las prácticas de inclusión e integración que hacen de la institución una entidad socialmente responsable. Por ello, la política pública, que ubica la RSU como uno de los ejes en la construcción de condiciones y ambientes favorables para el óptimo desarrollo de la educación superior, se establece en torno a los referentes conceptuales de desarrollo humano y condiciones mínimas para la convivencia, desde el fomento de prácticas que potencian al ser humano en el ámbito de la docencia, la investigación y la extensión al procurar que: las instituciones de educación superior deben adelantar programas de bienestar entendidos como el conjunto de actividades que se orientan al desarrollo físico, psicoafectivo, espiritual y social de los estudiantes, docentes y personal administrativo, como una ampliación de los horizontes cultural, artístico, académico y humanista (MEN, 1992). ¿QUÉ ES RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA? Como campo del conocimiento y de acción de las instituciones universitarias, el tema de la RSU es relativamente reciente; por ello, es necesario hacer un par de precisiones. La primera tiene que ver con el ser y deber ser que las instituciones de educación superior y, en particular, las Universidades, plasman en sus objetivos que expresan las estrategias con las que se espera concretar su misión y visión. En términos de sus ejes temáticos y principios formales, se presenta como una oportunidad para construir los parámetros sobre los cuales se fundamenta, en el orden nacional e internacional. La RSU se refiere, esencialmente, al impacto que tienen las acciones de las IES dentro de su propio escenario y sobre el contexto en el que se desempeña la labor formativa. De tal manera que la responsabilidad trasciende las fronteras naturales que, a manera de claustros, campus e instalaciones, se consideraban como el nicho natural de las mismas. François Vallaeys (2009), uno de los promotores más importantes de esta apuesta social, la define como: “una nueva política de gestión, (…) cuidando de los impactos y efectos colaterales que se generan a diario adentro y afuera de la institución, res-
ponsabilizándose por las consecuencias sociales inducidas por el mismo funcionamiento de la organización. La responsabilidad social su política de calidad ética; orientada hacia el desarrollo humano sostenible; basada en el diagnóstico y la gestión de todos los impactos y efectos colaterales que el funcionamiento de dicha organización puede generar, tanto hacia dentro como hacia fuera de sí misma, cuidando que dichos impactos sean positivos, mitigando, reduciendo y suprimiendo paulatinamente todos los malos efectos diagnosticados; haciendo esto en diálogo con los diferentes grupos interesados en el buen desempeño de la organización y la solución de los problemas descubiertos; manteniendo una coherencia entre la misión institucional declarada y la práctica efectiva de la institución”. Este complejo de ámbitos y relaciones se plasma en la siguiente gráfica incluida por Vallaeys en el texto arriba referenciado: En el plano internacional, la RSU responde a un marco de sugerencias hechas por convenios internacionales que apuntan a lograr un desarrollo equitativo sobre todo de las clases sociales que se han visto más vulnerables ante los procesos desiguales generados por el desarrollo de las lógicas de mercado del capitalismo mundial. Entre estos se encuentran: los Objetivos del Milenio y las Metas Educativas, 2021: La educación que queremos para la generación de los Bicentenarios, en el contexto del acuerdo alcanzado en la XVIII Conferencia Iberoamericana de Educación, celebrada en El Salvador en el 2008; y la reciente cumbre de mandatarios de Iberoamérica llevada a cabo en Mar del Plata, Argentina. En el contexto nacional, la Constitución Política de 1991, la Ley 115 de 1994 y el Plan Decenal de Educación 2006-2015 incluyen criterios y definen políticas que se corresponden con el campo conceptual y de prácticas asociados a la RSU. Todos ellos articulados desde la perspectiva de los derechos humanos universales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como los suscritos en el nivel mundial en defensa de los derechos culturales, de género y de la mujer y la infancia en alto grado de vulnerabilidad. En virtud de las implicaciones que representa la RSU para la gestión universitaria, se han venido generando espacios de trabajo que están desarrollando el tema como un nuevo referente para la valora-
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ción de la pertinencia de los programas misionales de las IES, para los procesos de certificación y, por supuesto, para la rendición de cuentas a la sociedad. La International Standard Organization (ISO) ha venido articulando este proceso en el mundo, lo que se materializará en la norma ISO 26000. Para el caso colombiano, el Instituto Colombiano de Normas Técnicas (Icontec) desarrolló la Guía Técnica Colombiana, GTC 180, en aras de formalizar y brindar marcos de entendimiento que comprometan a las entidades educativas con un quehacer ético. ¿Qué es el Observatorio de Bienestar y RSU? La Universidad Pedagógica, con más de 55 años de historia, cuenta con una gama de políticas institucionales educativas que dan cuenta de su trayectoria en proyección a la comunidad y responsabilidad ante las exigencias que se le plantean desde la sociedad. Por ello, la propuesta de Observatorio de Bienestar y Responsabilidad Social Universitaria tiene como marco el avance de un proyecto que se ha venido estructurando desde hace cinco años. Tiene en cuenta los planes de desarrollo 2004-2008 y 2009-2013, en el entendido de que el alma mater se encuentra en permanente cambio y que, a través de sus acciones, debe ejercer el mayor de los liderazgos en términos de docencia, investigación y extensión universitaria.
El observatorio surge con el objetivo de fortalecer los importantes lazos de la Universidad con la sociedad, a la que siempre ha respondido a través de su esencia y fundamento: la educación de educadores. Pretende, de un lado, dar cuenta del bienestar de la comunidad universitaria en su más amplio contexto -formación y calidad de vida- y, de otro, generar espacios de reflexión y acción enfocados hacia su entorno y las bases sociales de las cuales procede, en la perspectiva de su carácter público y estatal; además de contribuir a la formación de sujetos responsables de sus acciones. Desde el observatorio, se pretende apoyar dinámicas de construcción de ciudadanía y contribuir al desarrollo de políticas públicas mediante la formación, generación y socialización de nuevos conocimientos: ser un observatorio crítico de la realidad social y dar apoyo y participación a las iniciativas que llevan a cabo las redes sociales. Por ello, desde la impronta del bienestar y la calidad de vida de la comunidad universitaria, y de la comunidad en general, se busca generar procesos que fortalezcan la investigación social, la cooperación nacional e internacional en proyectos sociales, fundamentados en los ejes de derechos humanos y convivencia, familia, medio ambiente, proyección social y voluntariado universitario, entre otros. Para efectos prácticos, el observatorio fundamenta sus acciones en cuatro sistemas: investigación,
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caracterización, evaluación y sistematización de la información y comunicación. Esto, respondiendo a dos ejercicios diferentes y complementarios. Se busca darle un orden lógico al proceso, de tal manera que se haga sostenible en el tiempo, y permitir que se consolide como referente institucional, que apoye las acciones de políticas tendientes a mejorar los estados de bienestar de la comunidad a la que se pertenece, teniendo como referencia el acercamiento a la responsabilidad social que le es inherente. EXPERIENCIAS MáS IMPORTANTES DEL OBSERVATORIO DE BIENESTAR Y RSU Por iniciativa rectoral, la UPN hace parte del Observatorio de Responsabilidad Social Universitaria (ORSU), en el que se articulan aproximadamente cuarenta Universidades de todo el país, contando con aliados estratégicos como Unesco-IESALC y Universia, entre otros. Allí se han aportado dos experiencias relevantes: la del Centro de Pedagogía y familia y la formación de tutores en el contexto de la resignificación de sujetos en condición de confinamiento carcelario. Este último proyecto adelantado en las cárceles distritales El Buen Pastor y La Modelo. Se ha contado con la participación de estudiantes y docentes vinculados a diferentes proyectos de la UPN en cuatro encuentros académicos de responsabilidad social y en el I Foro de Voluntariado Estudiantil Universitario. Allí se lograron importantes contactos con empresas privadas, ONG y otras Universidades para fortalecer las iniciativas institucionales. La UPN coordina el Comité Editorial del ORSU. Por otra parte, entendiendo que la construcción social del ethos universitario de la UPN no es, de ninguna manera, externa a sus prácticas cotidianas, a sus referentes y representaciones sociales más cercanas, el Centro de Investigaciones del Observatorio realiza un ejercicio de caracterización de estudiantes admitidos desde el 2006. En esta labor, se abordan temas como su condición socioeconómica y demográfica, su familia, tendencias políticas, manejo de la sexualidad, consumo de sustancias psicoactivas, manejo de situaciones conflictivas, toma de decisiones, tendencias religiosas y manejo del tiempo libre. Adicionalmente, se han adelantado tres investigaciones que involucran a la comunidad universitaria:
la primera, Representaciones sociales y percepciones alrededor del consumo de sustancias psicoactivas en la UPN (Cabanzo, 2008), que es una semblanza de los imaginarios que estudiantes, funcionarios y docentes tiene sobre el tema en la vida universitaria; la segunda, Ocio y tiempo libre, representaciones e imaginarios en la UPN (Cabanzo, 2009); y la tercera, en proceso, es un estudio correlacional-descriptivo sobre la población universitaria que ingresó a la institución entre los años 2006 y 2009, involucrando a 5498 personas. Adicionalmente, se han apoyado tres trabajos de investigación de la Facultad de Educación. El observatorio lidera la elaboración de propuestas e instrumentos que han soportado la evaluación de las acciones de la Dirección de Bienestar Universitario - en los programas institucionales. Entre las más importantes se encuentran: Propuesta de construcción de indicadores de bienestar universitario para el factor de bienestar del Consejo Nacional de Acreditación; bienestar universitario para los Ceres de la UPN en las regionales de La Chorrera, Puerto Asís y Guapi; Políticas de bienestar universitario para Posgrados virtuales del ITAE3; Documentos de trabajo para acreditación de pregrados y posgrados de la UPN. En términos de articulación interinstitucional e intrainstitucional, ha apoyado y organizado eventos y redes como el I Seminario Interuniversitario de Sexualidad, de manera conjunta con el grupo Trayectos y Aconteceres del Departamento de Biología, la Red Sin Trabas Distrital, en el diseño de los Lineamientos de Política Distrital para la Prevención del Consumo de Sustancias Psicoactivas y en la creación de la Mesa Juvenil Distrital de Prevención de Consumo de Sustancias Psicoactivas, actividades en las que participan más de 35 Universidades, ONG, grupos y colectivos de jóvenes. El observatorio representa a la UPN en la Mesa Interuniversitaria de Derechos Humanos, en donde se tratan tópicos tendientes a garantizar los derechos de la comunidad universitaria en contextos conflictivos, como parte de un equipo interinstitucional en donde también participan la Defensoría del Pueblo, la Personería Distrital, la Secretaría de Gobierno, el Ministerio del Interior, la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad Distrital y el Colegio Mayor de Cundinamarca. Finalmente, queda expresa la invitación a que la comunidad universitaria reflexione y profundice
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Instituto de Tecnologías Abiertas en Educación.
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sobre los alcances y posibilidades de este tema en el fortalecimiento de las áreas misionales, desde sus impactos en la Universidad y en la sociedad. REFERENCIAS
Cabanzo, C., (2008). Representaciones sociales y percepciones alrededor del consumo de sustancias psicoac-
tivas en la UPN. Bogotá: Fondo Editorial Universidad Pedagógica Nacional. Cabanzo, C., (2009). Ocio y tiempo libre, representaciones e imaginarios en la UPN. Vallaey, F. (2009). La Responsabilidad Social Universitaria: ¿Cómo entenderla para quererla y practicarla? Ética y RSU. Recuperado el 30 de noviembre de 2008, de: http://blog.pucp.edu.pe/item/16770
DE DOCUMENTOS
RESEÑAS
AsociAción colombiAnA de UniversidAdes
ELEMENTOS CONCEPTUALES SOBRE INNOVACIÓN SOCIAL Y SU DESARROLLO EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE1
A continuación se presenta un documento que, -si bien no es la síntesis completa del libro Claves de la innovación social en América Latina y el Caribe, debido a que en él se exponen muchas nociones y se reúnen experiencias que harían de este un escrito de gran extensión, por lo menos se constituye en la reseña de algunos conceptos allí desarrollados (innovación, innovación social y su aplicación en la región denominada América Latina y el Caribe). Comúnmente, el concepto innovación es relacionado sólo con el campo comercial o productivo. Pero en la actualidad, este término trasciende otras esferas y se despliega –de manera relevante- en el ámbito social, generando posibilidades para el mejoramiento de las condiciones de vida de poblaciones vulnerables. Debido a ello, es posible reconocer proyectos de innovación social en diferentes áreas, entre ellas: salud comunitaria, educación básica, generación de ingresos, desarrollo rural y agrícola, seguridad alimentaria y nutrición, programas de juventud, responsabilidad social y voluntariado. Temas de mayor envergadura, como el desarrollo sostenible, la equidad de género, etc., son catalogados “centrales”, pues se analizan de manera transversal y son utilizados como herramienta para disminuir índices de pobreza y obtener mejoras en capacidad de ingresos, cobertura y calidad de la educación, pertinencia de los servicios de salud y atención a la juventud en riesgo. A manera de paralelo, se puede afirmar que en el campo de las innovaciones productivas, la mayoría de veces, la diseminación va asociada a la introducción y comercialización de un determinado medio de producción sinembargo, en el campo social, las innovaciones se refieren -casi exclusivamente- a la forma de hacer las cosas, a la organización de un
grupo y una comunidad específicos, para enfrentar las necesidades de una población, con miras a satisfacerlas de la mejor forma y a la mayor brevedad posible. Por ello, a la hora de hacer difusión de las innovaciones en el ámbito social, es estrictamente necesario el contacto y el intercambio entre las personas que participan de los proyectos innovadores; razón por la cual una estrategia que promocione la innovación en el campo social tiene como requisito principal crear espacios para el intercambio de experiencias innovadoras y promover la organización en redes de sus actores, tanto a nivel nacional como regional. En un principio, el término innovación fue concebido como la chispa creativa y original de una persona o de un grupo, la cual se manifiesta en un hecho novedoso y transformador, cuyo objetivo principal es el progreso y permite utilizar mejor los recursos existentes; es algo así como un cambio en la práctica social que realiza una comunidad organizada, un proyecto del gobierno local o una organización no gubernamental, con el fin de mejorar el impacto en la atención social o en la dinámica productiva del proyecto o práctica social. Posteriormente, este concepto fue analizado en relación con el contexto histórico en el que se lleva a cabo, de lo que se obtuvo que: Es el resultado de un largo proceso histórico, de un cúmulo de intentos fallidos y pequeñas mejoras que en un momento crítico cambian el signo de la tendencia, la dirección de un proceso, la calidad de un producto o la técnica de un procedimiento. Dado que aparecen de manera impetuosa y hasta transgresiva, con frecuencia se pasa por alto que cada
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Este documento fue elaborado con base en el libro Claves de la innovación social en América Latina y el Caribe, preparado por Adolfo Rodríguez Herrera y Hernán Alvarado Ugarte, el cual forma parte de las actividades de difusión del proyecto Experiencias en innovación social en América Latina y el Caribe -iniciativa de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), con el apoyo de la Fundación W.K. Kellogg- y es el resultado de una larga trayectoria de la Cepal en la identificación y reconocimiento público de las experiencias innovadoras en el ámbito social de la región. Claves de la innovación social en América Latina y el Caribe recoge las principales enseñanzas que surgieron a partir de las 3.600 experiencias que recibió el concurso entre 2005 y 2007, propuesto por la Comisión Económica en cooperación con la Fundación W.K Kellogg.
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innovación depende del cambio que se ha venido gestando en el marco de una determinada cultura tecnológica, artística, científica, filosófica u organizativa. La originalidad de la innovación radica en el proceso que permite hacer realidad un cambio específico. […] la innovación surge como un hito en un proceso que responde al principio que Edgar Morín llama de “autoecorganización”. Este se refiere a un camino reorganizador, tanto de un grupo de personas como de una serie de ideas y conocimientos aplicables a un problema delimitado, que surge en un entorno particular y cuya solución concreta debe ser adecuada a cada situación específica. Para esto, es fundamental, en un primer momento, la identificación y definición del problema por resolver (Rodríguez, H. & Alvarado, U., 2008). Es preciso aclarar que el proceso innovador no es unidireccional, sino cíclico, ya que tiene numerosas causas que, a su vez, determinan diversos efectos. Además, no presenta una evolución a manera de línea recta en el tiempo, pues es natural que tenga progresos y retrocesos a lo largo de su desarrollo. Por último, incluye la participación de agentes externos que complementan los conocimientos puestos en juego con el proceso innovador. Por todo lo anteriormente dicho, es de esperarse que una respuesta integral, la cual se constituye en una solución efectiva a la problemática que se pretende resolver al poner en marcha una experiencia innovadora, ha de incluir una diversidad de factores (conocimientos, recursos financieros, cooperación del Estado y la sociedad civil, etc.,) que no sólo suplan las necesidades latentes de una comunidad, sino que hagan de esta una respuesta tan efectiva que pueda replicarse en poblaciones cuyas condiciones sean similares. La innovación es un proceso de dos caras, pues, si bien es desencadenado y logrado por elementos que están en su interior mismo, también necesita la intervención de factores externos para su realización exitosa: […] Los factores internos son determinantes en el proceso innovador, sin ellos ningún estímulo a la creatividad puede tener éxito.
Los factores externos, por su parte, también determinan este proceso, ya que sin ellos las innovaciones se pueden quedar a medio camino y con seguridad no se replicarán. En palabras de Rodríguez y Alvarado (2008): Por una parte, la innovación es un proceso endógeno de autorganización, es decir, de articulación de los recursos propios —materiales, técnicos, informativos, de conocimiento—, cuyos logros deben atribuirse a causas internas, a una manera propia y especial de encarar las dificultades y los retos, a unas propiedades grupales propiciadoras y a cualidades personales que favorecen el cambio, tales como deseo de aprender y resistencia [sic] emocional, entre otras. Por otra parte, la innovación también es un proceso exógeno, ecorganizado, que supone factores externos que condicionan el ritmo de la innovación, siempre en relación con un entorno cambiante y con una zona de influencia próxima, es decir, con un conjunto de aliados y oponentes. Cuentan como factores endógenos o internos de la innovación en el campo social: la promoción, la identificación del problema y la conformación de una organización que promueva y apoye el cambio. El primero de ellos, a saber, la promoción, es fundamental, en tanto que la innovación no puede ser un hecho aislado, sino que ha de incluir a la comunidad, para su propio beneficio. El segundo factor, la identificación del problema, como la expresión misma lo indica, consiste en determinar cuál es el problema y cuáles son las posibles vías para resolverlo. Y el tercer factor hace referencia a la conformación de un equipo de trabajo que tenga como características principales el liderazgo cooperativo y participativo, la sensibilidad, la consciencia, y, fundamentalmente, la flexibilidad, ya que es mucho más posible que la innovación surja allí donde hay buena disposición para el cambio. Rodríguez & Alvarado (2008), afirman: “en pocas palabras, la innovación se desarrolla o replica más fácilmente allí donde existe disposición interna para el cambio. Esta es una lección importante para los gestores sociales de diversa índole, pues la se-
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milla de la innovación requiere de un terreno fértil para germinar”. Son factores exógenos o externos de la innovación en el campo social: el desarrollo de redes y convenios; la alianza con el sector público; y la consecución de un facilitador o facilitadora. El primero tiene como finalidad compartir recursos económicos o intelectuales propios y de otros agentes. La alianza con el sector público se consolida como una estrategia para masificar el impacto de la experiencia innovadora a la población, de manera que esta llegue a la mayor cantidad de gente posible. Y el tercer factor exógeno, a saber, la consecución de un facilitador o una facilitadora, tiene como objetivo lograr la cooperación y cohesión grupal necesaria y suficiente para que la innovación sea exitosa. Una experiencia innovadora consta de cuatro fases, de las cuales depende el éxito o fracaso de la iniciativa que se pretende realizar o, en otros términos, de la innovación. En la primera fase se identifica el problema y se buscan las soluciones posibles para resolverlo. En la segunda fase, que podría llamarse de implementación, se consideran las condiciones (financieras, recursos humanos y circunstancias, en general) en medio de las cuales ha de realizarse el proyecto y, como es de esperarse, de su conjunción se obtiene el éxito o fracaso de la iniciativa. La tercera fase está constituida por el desarrollo de la experiencia innovadora y el aprendizaje que pueda obtenerse de ella; el éxito o fracaso de esta fase lo determinan el desarrollo efectivo de la experiencia innovadora y su sistematización, teniendo en cuenta que esta es la que posibilita el aprendizaje para el desarrollo de otras iniciativas innovadoras. La cuarta fase está focalizada en la difusión de la experiencia innovadora y en su transformación en política pública a escala local, nacional o internacional, de manera que pueda ser replicada o, en otras palabras, utilizada en otros lugares que presenten dificultades similares: “[…] mediante la sistematización se propone extraer las enseñanzas que estos proyectos puedan brindar a diseñadores y gestores de políticas públicas, con la idea de propiciar su replicabilidad, en cualquier ámbito desde el cual esas políticas se impulsen, ya sea el Estado — en cualquiera de sus niveles-, las organizaciones de la propia comunidad o la sociedad civil, así como la empresa privada”.
La sistematización tiene como objetivo prioritario identificar los aprendizajes y las enseñanzas que se pueden extraer de las experiencias y procesos realizados. De principio a fin, lo que se procesa en la innovación es conocimiento y esto es lo que se comunica, se aprende y se replica en otro contexto. Conocimiento como saber hacer, de tipo técnico, que se origina en una práctica y se puede aplicar de forma adaptada a otra; conocimiento de la realidad que la transforma precisamente al modificar las ideas, el discurso y las prácticas de los sujetos de la innovación. Ahora bien, es necesario tener presente que las condiciones propicias para la innovación, en lo que concierne a aspectos políticos, jurídicos, financieros y organizativos, son responsabilidad de los agentes institucionales y de los gestores políticos; pero, no sucede igual con el éxito o fracaso de la iniciativa, pues esto lo garantiza la fusión de todos los elementos contemplados en las diferentes fases de la experiencia innovadora. Las innovaciones en el campo social deben ser vistas desde una perspectiva de conjunto, o asociativa, debido a que es a partir de la conjunción de todos los actores, elementos y condiciones que se logran realizar, difundir y replicar, exitosamente. En las innovaciones en el campo social resulta primordial el factor asociativo, considerado en un sentido amplio: el grupo, la institucionalidad, la comunidad, el voluntariado, la intercooperación, las alianzas —de hecho, informales o contractuales—, el proceso colectivo que introduce la nueva aplicación, y los intercambios no mercantiles de información. Es fundamental destacar el tipo específico de sujetos que intervienen en la innovación social, ya que tienen características peculiares que aumentan el sentido de la experiencia innovadora y completan su definición. Los sujetos de la innovación en el campo social son los mismos beneficiarios de la iniciativa y, lo ideal, es que ellos también participen en el proceso de transformación que ha de brindarles mejores posibilidades de inclusión social, de calidad de vida y, en general, de progreso. Es evidente, pues, que son personas que presentan dificultades para satisfacer sus necesidades básicas y, más aún, para tener acceso a situaciones que desencadenen en un mejoramiento de su calidad de vida (educación, situación laboral, economía estable, etc.).
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Las innovaciones en el ámbito social suelen surgir en las comunidades cuyas condiciones de vida son bastante difíciles y, a pesar de ello, ni el mercado, ni el Estado, ni la población misma han podido mejorarlas. Es decir, son las condiciones adversas de una población el referente que da pie a la puesta en marcha de proyectos innovadores que pretenden solucionar problemas sociales concentrados en regiones determinadas. Cabe aclarar que si bien cada experiencia innovadora surge a raíz de un problema, una comunidad y una región específicos no ha de tener una utilidad restringida sólo a ellos, pues las innovaciones adquieren sentido difundiéndolas y aplicándolas en otras zonas y comunidades que presentan dificultades de la misma índole. Tal es el caso de América Latina y el Caribe: no basta con que una experiencia innovadora contribuya al progreso de uno o dos países de la región; para ser realmente exitosa requiere tener aplicación en otros casos o, por lo menos, aportar fundamentos relevantes para el desarrollo de ideas similares en otros países de la región, con el ánimo de reducir inequidades y avanzar hacia el progreso como región –no de manera aislada-, a través de la cohesión social. América Latina y el Caribe es una de las regiones más ricas del mundo, gracias a su diversidad natural y cultural. Pero también es una zona colmada de dificultades de carácter social, debido al estado de subdesarrollo en el que se encuentra en comparación con otras regiones, el cual genera condiciones desfavorables para la población en general y, más todavía, para aquellas personas que están sumidas en la pobreza, para las cuales está aún más restringido el acceso a los beneficios que pueda brindarles la sociedad a la cual pertenecen. En la Feria de Innovación Social, acontecimiento en el que se logra la mayor difusión de las innovaciones que se están llevando a cabo en el área social (lo cual facilita el reconocimiento internacional de este tipo de iniciativas), se ha evidenciado que está en auge el desarrollo de innovaciones en el ámbito social, en el orden mundial. En el caso específico de América Latina y el Caribe, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y la fundación W.K. Kellogg, a través de un proyecto de identificación y sistematización de las innovaciones en el ámbito social implementado en la región, revelaron que se están realizando –con la colaboración de la sociedad civil, el Estado y la comunidad, en
general-, de manera exitosa, bastantes programas y proyectos dirigidos a diferentes aspectos de carácter social que presentan dificultades como salud, educación, generación de ingresos, atención a mujeres víctimas de la violencia o agresión, y orientación a la juventud en riesgo. Con el ánimo de sacar el mejor provecho de las experiencias innovadoras que están en curso o que fueron finalizadas recientemente en América Latina y el Caribe, organizaciones mencionadas estipularon unas categorías de inteligibilidad y unos criterios específicos, para examinar las experiencias innovadoras más exitosas de la región y, a manera de reflexión, extraer de ellas todos los elementos que puedan ser replicados en otros lugares de la misma. Las categorías seleccionadas fueron: dificultades, factores de éxito y aprendizajes; y los tres criterios a utilizar, integralidad, asociatividad y sostenibilidad. A partir del análisis realizado bajo los parámetros establecidos por las categorías y criterios mencionados, se concluyó: Existe una estrecha relación entre la adversidad que enfrenta un proyecto y la integralidad de la respuesta que debe ofrecer para lograr sus objetivos. La adversidad del entorno en que surgen las innovaciones, y las dificultades internas del proyecto, hacen que una respuesta efectiva deba integrar una gran diversidad de factores, conocimientos e intereses. Sólo [sic.] una respuesta integral puede hacer frente exitosamente a un entorno adverso. Para alcanzarla es indispensable un espíritu innovador y comunicativo, así como una práctica abierta a la interdisciplinariedad y la diversidad, capaz de integrar el conocimiento y los intereses de los actores más disímiles. La asociatividad hace referencia al esfuerzo que claves de la innovación social en América Latina y el Caribe propicia para [sic.] la participación responsable de la comunidad y de los propios beneficiarios en la solución de sus necesidades, así como para [sic.] la existencia de respuestas colectivas a problemas que tienen un origen social. Con el paso del tiempo, este rasgo se ha revelado con claridad como el medio eficaz para promover el progreso económico y la cohesión social en el seno de las comunidades latinoamericanas
ELEMENTOS CONCEPTUALES SOBRE INNOVACIÓN SOCIAL Y SU DESARROLLO EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
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y caribeñas. Ello se manifiesta en una estrecha relación entre asociatividad e innovación, resaltada por todos los proyectos. La sostenibilidad de un proyecto, en los ámbitos financiero, político y ambiental, es indispensable para que no se desvanezca la innovación, su impacto y la posibilidad de réplica. Por último, no queda más que hacer un llamado a la comunidad latinoamericana y caribeña a cooperar con propuestas y realización de experiencias innovadoras, pues estas se consolidan como iniciativas que abren las puertas al progreso y, por ende, al bienestar de la comunidad. Rodríguez y Alvarado (2008) evocan las palabras de Enrique V. Iglesias, Secretario General de la Secretaría General Ibero-
americana (SEGIB), en la Feria de la innovación de Porto Alegre, el 5 de diciembre de 2007: “el Estado como el mercado ya han hecho su aporte a la agenda de desarrollo de América Latina y el Caribe, y esta es la hora de la sociedad civil, la cual ya ha hecho importantes aportes en temas como ecología y medio ambiente, necesidades específicas de etnias y minorías, entre otras”. REFERENCIAS
Rodríguez, A. & Alvarado, H. (2008), Claves de la innovación social en América Latina y el Caribe, Santiago de Chile, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). Recuperado el 1º de febrero de 2011 de http://www.eclac.org/publicaciones/ xml/2/34682/Claves_de_innovacion_social.pdf
RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA. MANUAL DE PRIMEROS PASOS
RESEÑA
Como bien dice su nombre, este documento es un manual para la promoción e implementación de la responsabilidad social en el ámbito universitario o, en otros términos, de la responsabilidad social universitaria. Este libro surge en el marco de las diferentes actividades del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a través de la Iniciativa de Capital Social, Ética y Desarrollo, cuyo propósito principal es promover la reflexión de las Universidades respecto a sus efectos, impactos y ayudas para con el conjunto social que las rodea, pues nace de la idea de que la RSU consiste en disminuir los impactos negativos y aumentar los efectos positivos en el entorno, de tal manera que la Universidad sea una institución que contribuya al desarrollo económico, político y social de la comunidad. El objetivo principal del manual es ayudar a las instituciones de educación superior a determinar de qué manera están respondiendo a la sociedad mediante el desarrollo de su misión, y de qué forma pueden mejorar su contribución para una sociedad más justa y sostenible. Su pretensión es proporcionar a tales instituciones, indicaciones o pautas para reconocer y desarrollar adecuadamente la responsabilidad social universitaria, con el ánimo de mejorar y fortalecer la interacción Universidad y sociedad. El manual está conformado por dos partes o secciones: la primera se enfoca en desarrollar las bases conceptuales de lo que es la responsabilidad social universitaria, y con ello, brindar a las instituciones de educación superior los elementos necesarios para comprenderla, reconocerla y comprometerse
con ella. La segunda parte proporciona elementos para la elaboración de un autodiagnóstico en materia de responsabilidad social universitaria, para la identificación de las necesidades del entorno y para dar inicio al diseño del plan que se va a utilizar, con la intención de convertirse en una institución socialmente responsable y, como es evidente, hacer de la sociedad su principal benefactora. Cabe aclarar que, según el autor, este documento no pretende ser un modelo rígido de implementación de responsabilidad social en el campo de la educación superior, debido a que ellos mismos admiten que aquél es un proceso relativo a las condiciones culturales, económicas, ambientales, etc., de cada comunidad, lo cual imposibilita la elaboración y, más aún, la ejecución de un modelo estandarizado que pueda aplicarse indistintamente a todos los ámbitos, regiones y situaciones. Pero, a pesar de esto, no debe dejar de reconocerse que, desde la perspectiva del lector, este documento no deja de representar una guía para las universidades a la hora de dar los primeros pasos en busca del mejoramiento de sus relaciones con otras entidades, instituciones y organizaciones de su entorno. REFERENCIAS
Vallaeys, F. et al. (2009). Responsabilidad social universitaria. Manual de primeros pasos, México, D.F., McGraw-Hill Interamericana. Recuperado el 1º de febrero de 2011 de http://www.iadb.org/document. cfm?id=35125786
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UNIVERSIDADES ASOCIADAS EN ASCUN
UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO www.urosario.edu.co FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DE AMÉRICA www.uamerica.edu.co UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA www.udea.edu.co UNIVERSIDAD DE BOGOTÁ JORGE TADEO LOZANO www.utadeo.edu.co UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO www.uniatlantico.edu.co UNIVERSIDAD DE CALDAS www.ucaldas.edu.co UNIVERSIDAD DE CARTAGENA www.unicartagena.edu.co UNIVERSIDAD DEL CAUCA www.unicauca.edu.co UNIVERSIDAD DE MEDELLÍN www.udem.edu.co UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO www.uan.edu.co UNIVERSIDAD DEL TOLIMA www.ut.edu.co UNIVERSIDAD DEL VALLE www.univalle.edu.co UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS www.udistrital.edu.co
UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA www.uexternado.edu.co UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER www.uis.edu.co UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA www.ulagrancolombia.edu.co UNIVERSIDAD LIBRE www.unilibre.edu.co UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA www.unal.edu.co UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL www.pedagogica.edu.co UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA www.uptc.edu.co PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA www.javeriana.edu.co UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA www.upb.edu.co UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI www.usc.edu.co UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA www.utp.edu.co UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA www.uco.es
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UNIVERSIDADES ASOCIADAS
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA www.unimagdalena.edu.co UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO www.uniquindio.edu.co UNIVERSIDAD DE LA SALLE www.unisalle.edu.co UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS www.usta.edu.co UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER www.ufps.edu.co UNIVERSIDAD EAFIT www.eafit.edu.co UNIVERSIDAD INCCA DE COLOMBIA www.unincca.edu.co UNIVERSIDAD DE PAMPLONA www.unipamplona.edu.co UNIVERSIDAD DEL NORTE www.uninorte.edu.co UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA www.usbbog.edu.co UNIVERSIDAD ESCUELA NAVAL DE CADETES“ALMIRANTE JOSÉ PRUDENCIO PADILLA” www.escuelanaval.edu.co UNIVERSIDAD DE LA SABANA www.unisabana.edu.co UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA www.usco.edu.co FUNDACIÓN UNIVERSIDAD CENTRAL www.ucentral.edu.co
UNIVERSIDAD MARIANA www.umariana.edu.co UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARIBE www.uac.edu.co UNIVERSIDAD CATÓLICA POPULAR DE RISARALDA www.ucpr.edu.co UNIVERSIDAD DE MANIZALES www.umanizales.edu.co UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE BOLÍVAR www.unitecnologica.edu.co UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR www.unicesar.edu.co UNIVERSIDAD EAN www.ean.edu.co UNIVERSIDAD ICESI www.icesi.edu.co UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA www.unicolmayor.edu.co UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA www.umng.edu.co UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA www.unab.edu.co UNIVERSIDAD CATÓLICA DE MANIZALES www.ucm.edu.co UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE www.uao.edu.co UNIVERSIDAD DE IBAGUÉ www.unibague.edu.co
UNIVERSIDADES ASOCIADAS
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ESCUELA DE CADETES DE POLICÍA GENERAL SANTANDER www.policia.gov.co INSTITUTO CARO Y CUERVO www.caroycuervo.gov.co UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA www.unipiloto.edu.co UNIVERSIDAD CES www.ces.edu.co UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA www.ucatolica.edu.co UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS web.unillanos.edu.co UNIVERSIDAD DE BOYACÁ www.uniboyaca.edu.co UNIVERSIDAD DE CIENCIAS APLICADAS Y AMBIENTALES -UDCA www.udca.edu.co UNIVERSIDAD EL BOSQUE www.uelbosque.edu.co UNIVERSIDAD DE LA AMAZONÍA www.uniamazonia.edu.co CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL META www.unimeta.edu.co ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA -ESAP www.esap.edu.co UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO www.uan.edu.co UNIVERSIDAD METROPOLITANA www.unimetro.edu.co
UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA www.usergioarboleda.edu.co UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MANIZALES www.autonoma.edu.co UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA www.unicundi.edu.co UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR www.unisimonbolivar.edu.co ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERÍA JULIO GARAVITO www.escuelaing.edu.co ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA www.eia.edu.co UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COLOMBIA www.fuac.edu.co UNIVERSIDAD DEL SINÚ ELIAS BECHARA ZAINUM www.unisinu.edu.co UNIVERSIDAD DE SANTANDER www.udes.edu.co ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ www.emavi.edu.co POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID www.politecnicojic.edu.co UNIVERSIDAD ABIERTA Y A DISTANCIA -UNAD www.unad.edu.co UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ DIEGO LUIS CÓRDOBA www.utch.edu.co
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DEL ÁREA ANDINA www.funandi.edu.co FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA SALUD www.fucsalud.edu.co
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS www.uniminuto.edu
Datos
Con el propósito de continuar la reflexión sobre la responsabilidad social universitaria (RSU), para derivar respuestas a los retos que enfrenta la Universidad al finalizar la primera década del siglo XXI, se analizaron los conceptos y las relaciones entre la Universidad -como institución social- y la sociedad que le ha dado origen, así como el papel que juega el Estado en la mediatización de dicha relación.
Luego, se explica lo que se puede entender como responsabilidad universitaria, y se hace una relación con respecto al cumplimiento de las funciones universitarias en un contexto de pertinencia. Dicho contexto se clarifica mediante la exploración de lo que significa el diálogo de los saberes entre la Universidad y la sociedad. A continuación se consideran las connotaciones que el término “social” tiene en la definición del concepto de RSU, que propone como tarea propia de la Universidad: la generación de conocimiento pertinente sobre la problemática y sus posibles soluciones, a través de diferentes proyectos innovadores de carácter social. El ejercicio de la RSU conlleva a la formulación de políticas públicas, como gestión de conocimiento pertinente.